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Padre e hijo encarcelados durante régimen y su negocio abandonado

“El gobierno no sabe el tremendo daño que está haciendo a muchas familias”. Con esa frase, Carmen parece resumir todas las penas que le han sobrevenido desde que el 3 de abril su hijo y su esposo fueron arrestados, injustamente, según ella.

Por Jorge Beltrán Luna | Ago 23, 2022- 22:02

Carmen Martínez muestra el diploma de su hijo, Víctor Samuel Monjarás, que está por cumplir cinco meses en prisión. Foto EDH / Jorge Belttrán

Antes del 3 de abril, la vida para la familia Monjarás Martínez, domiciliada en el municipio de Santa Elena, transcurría sin mayores sobresaltos. Ese día, Carmen Elena recibió dos malas noticias. La primera: su hija Nasaly, de 12 años, fue diagnosticada con diabetes. La segunda, que su hijo Víctor Manuel Monjarás Martínez, de 20 años, y su esposo, Samuel Antonio Monjarás Lizama, habían sido capturados junto a tres empleados de la familia.

Samuel Antonio es profesor, sin embargo, no ejercía desde que decidió marcharse a Estados Unidos a trabajar. Cuando regresó ya no se dedicó a la docencia, sino a trabajar por cuenta propia, transportando personas de un cantón de Santa Elena en un pequeño camión.

Por su parte, Víctor Samuel recién había emprendido un negocio propio. El 8 de marzo había comenzado con un negocio, se trataba de un restaurante en un local que alquilaba y en el que daba trabajo a tres jóvenes más.

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Aquel tres de abril, Carmen se encontraba en el hospital nacional de San Miguel, cuidando a Nasaly quien había sufrido una crisis provocada por la diabetes que le detectaron ese mismo día, luego de varios exámenes.

La captura ocurrió cuando Víctor Samuel iba a comprar al mercado de Usulután, insumos para el restaurante en un vehículo. Con él iban sus tres empleados. A dos los iba a dejar en el negocio para que lo ordenara e hicieran limpieza y otros oficios, mientras que él y una joven regresaban con las compras.

Sin embargo, en una de las calles de Santa Elena fueron interceptados por un retén de policías y soldados quienes luego de interrogarlos, al registrarles una cartera, encontraron 180 dólares y de inmediato les dijeron que los capturarían porque ese dinero era de las extorsiones.

Víctor Samuel trató en vano de convencerlos de que no eran pandilleros, que ese dinero era producto de la venta de la noche anterior y que iban al mercado de Usulután a comprar lo que iban a ocupar ese domingo en el negocio.

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Al ver que sus palabras no lograban convencer a los policías y militares, optó por llamarle a su padre, para contarle lo que le estaba pasando.

Cuando Samuel Antonio llegó a tratar de interceder por su hijo y los empleados de éste, los agentes del Estado lo esposaron y se lo llevaron al puesto policial. Junto a ellos también detuvieron a José Mauricio, José Raúl y Sonia.

Negocio abandonado

Desde aquel día, Carmen no los ha visto aunque lo ha intentado. A ella le preocupa el estado de salud de ambos, pues los dos son pacientes diabéticos. Lo último que supo de su esposo es que fue ingresado al hospital Rosales por complicaciones de la enfermedad.

Pero lo supo porque por casualidad, un familiar logró ver a Samuel Antonio cuando lo llevaban en una camilla, bajo custodia; por temor, el pariente que lo vio no quiso acercársele para hablar con él.

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Según Carmen, su hijo y su esposo fueron llevados al penal de Izalco días después de ser capturados, pero supuestamente, semanas después fueron trasladados al penal de Quezaltepeque.

Carmen asegura que intentó sostener el negocio de su hijo pero se ha visto obligada a cerrarlo por varias razones, entre estas porque desde que el régimen de excepción fue implementado, las ventas bajaron mucho, además ella tiene que lidiar con la enfermedad de su hija y la de ella misma, una enfermedad de la piel que se le ha agravado debido a las preocupaciones económicas y por no saber de su esposo e hijo.

Carmen ha hecho cuanto ha podido por sacar a los suyos de la cárcel. Pero todo ha sido en vano. “Te voy a agarrar los documentos pero en realidad de nada sirve. Es por gusto que andés gastando porque no sirve de nada”, le dijo un abogado de la Procuraduría General de la República (PGR) que la atendió.

En la oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos de Usulután, le aconsejaron que fuera al hospital de Usulután a solicitar constancias médicas de su esposo e hijo y que le escribiera una carta a Osiris Luna, director de Centros Penales, en la que le expusiera las necesidades médicas de ambos.

Carmen solo fue al hospital por las constancias médicas. La carta a Osiris nunca la escribió, dice, por temor.

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