El Salvador ronda los 150 días de régimen de excepción. En este periodo, como en otras coyunturas que ha enfrentado el gobierno de Nayib Bukele, ha habido pasos hacia la consolidación del poder, además de represión y abusos a los derechos humanos.
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Desde que se decretó la suspensión de garantías constitucionales en marzo, el gobierno de Nayib Bukele ha sido señalado por graves violaciones a garantías fundamentales. Las denuncias giran en torno a capturas arbitrarias o de personas que nada tienen que ver con pandillas, violación de la presunción de inocencia, presión indebida a los jueces para emitir fallos favorables al gobierno, tratos inhumanos en cárceles, tortura y mordaza a los medios de comunicación.
Más de 65 privados de libertad durante este periodo han muerto y algunos con signos de violencia. Asimismo, los principales afectados por la violencia del Estado han sido personas que viven bajo vulnerabilidad económica.
Poco se ha discutido si el régimen de excepción se inscribe en un marco más amplio de consolidación de poder y violaciones a derechos humanos.
Sin dudarlo, una abogada y defensora de derechos humanos, así como una diputada de oposición, coinciden en que este régimen es un pilar más dentro del declive democrático salvadoreño.
Otros dos juristas creen que el régimen de excepción evidencia la falla de políticas de seguridad, pero que ha sido aprovechado por el gobierno para incrementar la mano dura con la que gobierna.
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Control a la población
Al ser abordada sobre el régimen de excepción a 150 días, Claudia Ortiz considera que “es otra forma de ejercer un control a la población”.
Es decir, la diputada de Vamos sí considera que esta suspensión de garantías constitucionales consolida la concentración de poder en manos de Nayib Bukele.
“Existe el temor a todos niveles de nuestra sociedad de ser víctima de una detención arbitraria y además de la detención arbitraria, de una desaparición forzada temporal por parte del Estado”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
A su juicio, el decreto inicial y sus prórrogas han servido para “generar temor” y evitar que la población alce su voz, no se pronuncie y “no haga ver las violaciones a los derechos humanos de otros o los propios”. El temor, resume, es que las autoridades victimicen a las voces críticas.
Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, cree que “los regímenes de excepción han evidenciado tanto la incapacidad gubernamental para establecer políticas sostenibles como la necesidad de consolidar un poder a través de la represión”.
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López afirma que todo esto se ha hecho al mismo tiempo que “se establecen acuerdos debajo de la mesa con grupos de pandillas”
No desaprovechan las crisis
Wilson Sandoval, abogado y experto en transparencia, no cree que los regímenes de excepción hayan sido planificados como herramientas de consolidación de poder.
Más bien, los considera “una prueba fiel del fallo de la política de seguridad” del gobierno de Nayib Bukele.
Sin embargo, considera que la popularidad que ha adquirido esta suspensión de derechos y sus capturas masivas, así como la legitimidad que ha ganado en la ciudadanía, lo han convertido en un nuevo mecanismo de consolidar el poder.
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“Ahora sí lo está haciendo (consolidar el poder), no porque fue de una manera planificada. Yo creo que ese resultado de aprovechar una circunstancia que no estaba considerada originalmente por el Ejecutivo”, razona Sandoval.
Este jurista lo compara a lo sucedido al inicio de la pandemia de covid-19, donde también hubo golpes a la democracia y abusos a derechos humanos.
“Ese tema no podían planificarlo pero se da la pandemia y la utilizaron para desarticular instituciones y legitimar aún más sus acciones contra el Estado de derecho y ampliar aún más su poder”, señala.
“Tienen el control efectivo de todo”
Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, el régimen de excepción “no es una herramienta que le ayudó directamente a concentrar el poder, sino que fue más el régimen de excepción una demostración de que pueden hacer lo que sea porque tienen el control efectivo de todo”.
El abogado lo considera una muestra de fuerza y un presagio de que harán lo que quieran, cuando quieran y como quieran.
“Sin que pueda haber algo que frene eso”, agrega Escobar, quien aclara que no están adquiriendo más poder, solo mostrando que lo tienen.
“No hay que perder de vista que esta acción del régimen de excepción le ayuda ante la opinión pública, digamos a mostrarse como un gobierno decidido, firme, con fuerza y preocupado por la gente. Creo que también eso entra en juego”, señala el director de Acción Ciudadana.