El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, llegó este martes 16 de agosto a la Asamblea Legislativa junto con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, a presentar una quinta solicitud de prórroga para el régimen de excepción.
La petición fue aprobada con dispensa de trámite este martes en la Asamblea con 66 votos a favor y 12 en contra. El nuevo periodo es para 30 días más a partir del 20 de agosto informó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.
Según Villatoro, los resultados de la medida son "contundentes". "Presentamos a la nueva Asamblea la solicitud de una quinta prorroga del Régimen de Excepción, la población y todos hemos podido ver los resultados contundentes gracias a estas medidas", señaló el funcionario.
El régimen de excepción está vigente en El Salvador desde el pasado 27 de marzo de 2022, contra todos los cuestionamientos de organismos de la sociedad civil, de defensa de los derechos humanos y de organizaciones internacionales que han observado en el gobierno de El Salvador con dicha medida, como uno de los países que se enrumba a un régimen totalitario y dictatorial.
Sin embargo, Villatoro detalló los resultados que aseguran se han obtenido desde que inició el régimen de excepción a la fecha, así: más de 49,000 supuestos pandilleros capturados; 1,310 armas decomisadas; 1,551 vehículos incautados; más de un millón de dólares en efectivo, 11,442 teléfonos, 69,253 porciones de droga y celulares que han sido usados supuestamente en ilícitos.
"Hemos impactado fuertemente a las estructuras terroristas, estamos finalizando la cuarta prórroga y hemos sido testigos de como los salvadoreños lograron disfrutar de las vacaciones más seguras de la historia", aseveró Villatoro.
Arriaza Chicas manifestó que la nueva prórroga del Régimen de Excepción es con la única finalidad de proteger la vida de los salvadoreños; sin embargo, son decenas de ciudadanos que han muerto supuestamente en condiciones infrahumanas, esto según las denuncias de sus familiares. Aseguran que no han tenido acceso a medicinas, que están bajo hacinamiento y en un ambiente contaminado.
Para el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, lo que el presidente Nayib Bukele y el Gabinete de Seguridad están haciendo es aventurarse en lo que otros gobiernos no tuvieron el "valor" de realizar.
"La oposición espera que los pandilleros que están capturados o escondidos salgan libres a matar en las comunidades y cobrar las extorsiones, así como ellos lo permitieron en gestiones anteriores", aseguró Castro.
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Pero es el caso que organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal han documentado y recibido denuncias de que al interior de las cárceles los reos son sometidos a tortura, un delito considerado en la legislación salvadoreña como de lesa humanidad.
A Cristosal han llegado denuncias de los parientes de los reclusos que por las noches los presos soportan la aplicación de gas pimienta, golpizas, que los detenidos son obligados a permanecer de pie muchas horas y les privan de alimentos y medicamentos.
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La lectura que hace Castro de una nueva extensión del régimen de excepción es que a diferencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos que cuestionan la medida, solicitar la prolongación del Régimen de Excepción "representa buenas noticias porque nos permite asegurar el bienestar del pueblo salvadoreño".
El ministro de la Defensa sostuvo que el mecanismo es bueno, debido a que gracias a ello los homicidios han bajado. Un repunte de muertes violentas fue el desencadenante del régimen de excepción en marzo, a pesar de que el gobierno ha elogiado el Plan Control Territorial en el cual se han invertido más de $500 millones en préstamos, pero la oposición política señala que los resultados no fueron los deseados, por lo que el gobierno ha tenido que hacer del régimen de excepción una medida permanente vulnerando las garantías constitucionales de los salvadoreños.