Más de 177 mil adultos mayores trabajan en informalidad en El Salvador

El coordinador del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, Manuel Delgado, señaló durante un conversatorio sobre la situación de las personas adultas mayores en El Salvador que más de 177 mil personas de este grupo trabajan en condiciones precarias e informales, en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población y la necesidad de revisar las políticas públicas vinculadas a pensiones, cuidados, empleo y acceso a servicios.

Delgado planteó que el envejecimiento poblacional no debe interpretarse como una crisis, sino como “un logro de la civilización”, relacionado con el aumento de la esperanza de vida y mejores condiciones de salud y supervivencia. Sin embargo, advirtió que este cambio demográfico también exige respuestas institucionales sostenidas.

De acuerdo con las proyecciones demográficas expuestas en el conversatorio, para 2050 casi una quinta parte de la población salvadoreña tendrá 65 años o más.

La Oficina Nacional de Estadística y Censos dispone de estimaciones y proyecciones de población nacional para el período 2005-2050, desagregadas por grupos de edad y sexo, como base oficial para analizar la evolución demográfica del país.

El especialista explicó que el avance del envejecimiento implica que más personas alcanzarán edades más avanzadas, lo que incrementará la demanda de sistemas de cuidados, atención especializada y servicios adaptados a las necesidades de este sector de la población.

Retos para pensiones y cuidados

Delgado indicó que el envejecimiento no ocurre de manera uniforme y que sus efectos varían entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres adultas mayores, señaló mayores niveles de vulnerabilidad por el menor acceso a pensiones, mayores índices de discapacidad y más probabilidades de vivir solas o asumir la jefatura del hogar.

La situación también coloca bajo análisis el mercado laboral, debido a que una parte de la población adulta mayor continúa trabajando en actividades informales o precarias. Según lo planteado en el conversatorio, más de 177 mil adultos mayores se encuentran en esas condiciones, lo que refleja la relación entre ingresos, cobertura previsional y necesidad de seguir activos laboralmente.

El marco legal salvadoreño reconoce obligaciones específicas hacia esta población. La Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor establece la protección y promoción de sus derechos, así como el reconocimiento del pleno goce de sus libertades fundamentales en condiciones de igualdad.

La normativa también dio paso al Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor, CONAIPAM, como entidad vinculada a la rectoría, diseño, planificación, coordinación, ejecución y monitoreo de políticas, planes y programas dirigidos a la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores.

Salud y atención especializada

En el área de salud, el Ministerio de Salud cuenta con una Norma técnica de atención integral en salud a la persona adulta mayor, cuyo objetivo es regular la atención bio-psico-social y funcional de este grupo poblacional.

La norma incluye promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación.

Estos instrumentos oficiales forman parte del contexto institucional en el que se discuten los desafíos señalados por Fundaungo. El aumento de personas adultas mayores presiona no solo el sistema de pensiones, sino también los servicios de salud, cuidados y protección social.

Delgado sostuvo que el país debe preparar respuestas públicas ante una realidad demográfica que continuará avanzando.

Entre los principales puntos señalados están la necesidad de fortalecer los sistemas de cuidado, revisar el acceso a pensiones, atender la informalidad laboral y reducir las brechas que afectan con más fuerza a las mujeres adultas mayores.

El conversatorio dejó planteado que el envejecimiento poblacional es uno de los temas que marcará la agenda social de El Salvador en las próximas décadas, especialmente por su impacto en los hogares, el empleo, la salud, la seguridad social y la capacidad del Estado para responder a las nuevas demandas de la población.