En casi cinco años del actual gobierno, la deuda pública total de El Salvador sobrepasó los $30,000 millones, una cifra histórica para el país.
En 58 meses de la administración de Nayib Bukele, la población pasó de deber $19,280.9 millones a deber $30,173.2 millones, pues en este primer período presidencial se acumuló una deuda de $10,892.34 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) hasta marzo de 2024.
Y al final es dinero que lo deberá pagar toda la ciudadanía durante muchos años, mediante los impuestos que cobra el fisco.
De acuerdo a las cifras oficiales, la deuda pública total asciende a $20,257.27 millones, al cierre del primer trimestre de este año. El BCR aún no ha divulgado los datos de abril.
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Ese monto incluye la deuda adquirida por el Sector Público No Financiero (SPNF), es decir todas las instituciones del gobierno, la cual es de $19,540.49 millones; así también abarca los préstamos adquiridos por el Sector Público Financiero, cuyo saldo es de $709.85 millones, según el BCR.
Y a su vez la deuda se divide en externa, que ya alcanzó los $12,126.38 millones; e interna, que es de $8,130.89 millones.
Pero el endeudamiento estatal también contempla el dinero que le debe el gobierno a los trabajadores, quienes le han prestado los ahorros de sus pensiones para que le pague a los jubilados del sistema antiguo (ISSS y exInpep), cuya deuda era de $9,916 millones hasta marzo.
Al sumar todos esos montos, la cifra total asciende a $30,173.27 millones, incluyendo pensiones.
Esa suma abarca el 84.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual era de $35,736.7 millones hasta marzo pasado.
Y para tener una dimensión de lo que significa ese volumen de deuda para el país es como que una persona trabajara para producir $100 pero de esos ya debe $84.4, es decir que solo le quedarían $15.6 para cubrir las necesidades básicas.
De igual manera, si solo se tomara en cuenta la deuda adquirida por el Sector Público no Financiero, además del saldo de pensiones y se le suma lo adeudado en Cetes (Certificados del Tesoro) por $1,049.7 millones, la deuda totalizaría los $30,506.19 millones, una cifra récord para el actual gobierno y que abarcaría el 85.36% del PIB.
Este nivel de deuda gubernamental ha impactado en diversos sectores del país, desde los grandes bancos, a quienes les ha obligado a prestarle cada vez más dinero de los ahorrantes, hasta proveedores de bienes y servicios, muchos de ellos de la micro y pequeña empresa, que se han visto en aprietos para cumplirle al gobierno aunque tengan que incurrir en préstamos.
El gobierno de Bukele le debe más de $1,000 millones a proveedores, según el último informe de Gestión Financiera del Estado de 2023, colgado en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo a la información que se detalla en el capítulo IV de ese informe, la deuda corriente del gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2023, era de $1,269.3 millones, de los cuales la mayor parte son fondos que no les han pagado a empresas o personas que le dieron un bien o servicio a las instituciones gubernamentales el año pasado.
“Los acreedores monetarios por pagar con $1,008.1 millones, representa el 79.4% de la deuda corriente”, dice en el documento.
En complicidad con Asamblea
Pero el elevado nivel de deuda adquirida por el gobierno ha sido con la ayuda incondicional de una Asamblea Legislativa sumisa.
Solo el pasado 22 de mayo de 2024, los legisladores oficialistas autorizaron al gobierno de Bukele la emisión de más deuda por $1,500 millones.
Y en diciembre 2023, la Asamblea avaló que se endeudara con $338.6 millones para cubrir el déficit del Presupuesto General del Estado para 2024.
Esa modalidad de aprobar todas las peticiones de financiamiento, sin discusión y de forma exprés en las plenarias, fue una constante en la legislatura pasada.
En los tres años anteriores le aprobaron más de $6,184.5 millones de endeudamiento público con entidades financieras internacionales, así como contratos de garantía soberana para respaldar préstamos de instituciones estatales. Solo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron 12 contratos de préstamos por más de $2,491.7 millones.
El galopante endeudamiento del actual gobierno ha sido señalado dentro de la misma Asamblea.
“La deuda que ustedes están adquiriendo hoy, y que según las instituciones que están viendo este tema ponen a este gobierno como el gobierno que más se ha endeudado en la historia de El Salvador, la van a terminar pagando los salvadoreños”, expresó el diputado César Reyes, en abril pasado durante una de las últimas plenarias del período legislativo.
De hecho, en el presupuesto de 2024 que presentó el ministerio de Hacienda se proyectó el pago de deuda pública por $2,144.6 millones, lo que significa casi el 24% de los gastos de este año. Eso implicaría que ese dinero se dejaría de ocupar para inversión en salud, educación y agricultura, por ejemplo.
En ese sentido, la economista Tatiana Marroquín señala que “uno de los indicadores que dice lo grave que es la deuda en términos de finanzas públicas y, sobre todo, de limitar al Estado a cumplir con su obligación de responder a los derechos de la población, es que cada vez es más grande la porción del presupuesto que se está dirigiendo hacia el pago de intereses”.
Añade que “eso quiere decir que mucha de la deuda que pagamos anualmente en realidad ni siquiera es abono a capital sino pago de intereses. Y para ponerlo en perspectiva, el pago de deuda en El Salvador para este año es muy cercano a lo que se va a invertir en salud o educación, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos duplicar el presupuesto en salud o educación si no fuera por las presiones de deuda que estamos teniendo”.
Asimismo, ese impacto de la deuda en la población lo abordó la UCA en un estudio el año pasado, en el cual señaló que cada vez es más insostenible el endeudamiento. “Si el país destina gran parte de sus recursos a pagar la deuda, como tiene que hacerlo, eso quiere decir que quedan menos recursos en la bolsa para poder satisfacer las necesidades de la población en infraestructura, educación, salud, vivienda, seguridad”, afirmó el economista e investigador de la UCA, René Hernández.
Deuda bajo la lupa internacional
Asimismo, diversas agencias financieras y de calificación de riesgo, así como bancos de prestigio han analizado el nivel de endeudamiento de El Salvador y han señalado su preocupación por las implicaciones que eso tiene.
“Basándonos en nuestras previsiones fiscales, creemos que la deuda pública, incluidas las pensiones, ascenderá a 30,153 millones de dólares o el 83.4% del PIB en 2024. Sin duda, El Salvador aún no está totalmente fuera de peligro”, vaticinó la agencia inglesa Emerging Finance (EMFI) en noviembre de 2023.
Sin embargo, esa proyección ya fue sobrepasada en marzo, según los mismos datos del BCR.
Pero la deuda ha seguido creciendo. Es más, el gobierno salió a buscar que le prestaran en el mercado internacional $1,000 millones el pasado 11 de abril, pero tuvo que hacer un descuento de intereses, por lo que al final recibió un crédito de $908 millones para pagarlos en 6 años a una tasa del 12%, la más cara de la historia del país.
“En los últimos años no solo hemos visto un crecimiento de deuda acelerado, sino que un crecimiento de deuda que es cada vez más cara”, apunta Marroquín.
Tras la colocación de bonos en abril, JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, afirmó en un análisis que el alivio en las finanzas de El Salvador durarán hasta 2027, pero después se pueden deteriorar por el alto nivel de deuda que arrastra y más si el gobierno no cumple con requisitos clave que están puestos sobre la mesa, entre ellos llegar a un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).