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Aumenta la deuda con acreedores financieros en El Salvador

Las cuentas por pagar en concepto de pasivos corrientes suman $5,860.5 millones, un alza de $847.1 millones.

Por Katlen Urquilla | Abr 24, 2024- 07:00

De los fondos obtenidos con la colocación de títulos valores de crédito se financiarán obligaciones generales del Estado. Foto EDH/ Cortesía Ministerio de Hacienda

El volumen de la deuda pública es tan amplia que las cuentas pendientes con los proveedores solo es una porción, pues aparte de la deuda corriente se suma el financiamiento de corto plazo otorgado por terceros.

En términos de dinero se desglosa así: $1,269.3 millones en deuda corriente, más $4,591.2 millones de financiamiento de terceros. Ambos rubros forman los pasivos corrientes, cuyo monto total es $5,860.5 millones hasta el 31 de diciembre 2023, cuando en 2022 fueron $5,013.4 millones, un alza de $847.1 millones.

“Los pasivos corrientes son aquellas deudas y obligaciones presentes de la entidad que deben ser pagadas o cumplidas en un plazo de tiempo menor o igual a un año y al cierre del ejercicio 2023”, se explica en el informe de Gestión Financiera del Estado del año pasado que recientemente difundió el Ministerio de Hacienda.

Estos pasivos incluyen lo que le han prestado inversionistas locales al gobierno, a través de Letras del Tesoro (Letes), Certificados del Tesoro (Cetes) y los préstamos de acreedores financieros de corto plazo, lo cual asciende a $3,626.6 millones.

De acuerdo a datos oficiales, en Letes acumulaba una deuda de $1,393.4 millones, mientras que en Cetes eran $1,089.8 millones, hasta diciembre 2023.

VER: El Salvador debe pagar a la banca privada $1,500 millones de deuda a corto plazo

Esos instrumentos financieros le sirven al gobierno como una especie de “tarjeta de crédito” con la que obtiene dinero rápido, pero debe pagarlo en un plazo máximo de un año. Estos préstamos son una manera de ir subsistiendo para pagar compromisos más inmediatos y en su mayoría quienes adquieren las Letes y Cetes son los bancos locales.

Pero ante el incremento de esa deuda, la banca privada le propuso el año pasado extender los plazos entre 2 y 7 años para pagarle, pero a una tasa de interés mayor.

A eso se suma que en concepto de acreedores financieros el gobierno debe $1,191.6 millones. Estas son obligaciones por pagar bajo la responsabilidad y administración de las instituciones gubernamentales por las provisiones que recibieron.

En resumen, solo en concepto de financiamiento de terceros la cuenta por pagar pasó de $3,937 millones en 2022 a $4,591.2 millones el año pasado.

Pero todos los pasivos o deudas del gobierno ascienden a $21,194 millones en 2023.

FOTO EDH / AFP

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