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Régimen de excepción: acceso a la información, otro derecho suspendido “de facto”

Desde que se decretó el régimen de excepción, también han aprobado decretos que facilitan al Estado hacer compras exprés. Además se reserva datos sobre violencia.

Por Ricardo Avelar | Jul 03, 2022- 21:50

Imagen de referencia/ Foto EDH/ Archivo

Hace cien días, los diputados de Nuevas Ideas y los otros partidos serviles al presidente de la República aprobaron un decreto que suspende cuatro derechos puntuales para todos los salvadoreños.

Ese domingo, los salvadoreños amanecieron sin el goce pleno de sus garantías reconocidas por la Constitución. La libertad de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la defensa ante una detención y el plazo máximo de detención administrativa se han puesto en pausa mientras el oficialismo considere que ha “normalizado la situación”.

Sin embargo, esos no son los únicos derechos que están en pausa para los salvadoreños desde finales de marzo.

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Desde finales de marzo, otro derecho que está suspendido, aunque de facto pues nada lo ha anulado de manera oficial, es el acceso a la información pública y el poder saber qué hace el gobierno con los recursos públicos.

Al lado del régimen de excepción y cada una de sus prórrogas, los diputados oficialistas han aprobado sendos decretos para permitirle al Estado realizar sus compras sin respetar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Es decir, se le avaló al Estado salvadoreño hacer compras sin respetar los procedimientos establecidos para prevenir adjudicaciones a dedo o posibles actos de corrupción.

Y esto se ha extendido para la construcción de centros penales y hasta para la gestión y construcción de los nuevos megaproyectos que ha anunciado Nayib Bukele: el aeropuerto y el tren del Pacífico.

Más recientemente, según lo reportó la revista Gato Encerrado, la Policía Nacional Civil declaró bajo reserva la información de homicidios y víctimas del delito de desaparición en El Salvador.

VER: Gobierno no requiere régimen de excepción para combatir pandillas sino para evadir la Lacap, dice oposición

Esto, a pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 10 que los datos estadísticos que produzcan las instituciones del Estado es información oficiosa. Es decir, que debe estar al alcance de la ciudadanía sin que deba ser solicitada.

Con este ocultamiento de información, los salvadoreños ya no tienen cómo contrastar las cifras del gobierno sobre violencia y sobre los supuestos días sin homicidios. Los salvadoreños ya no tienen una fuente oficial sobre datos fundamentales en medio de un régimen de excepción diseñado particularmente para reducir la violencia y los homicidios causados por las pandillas.

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Ante estos bloqueos de información, el ciudadano salvadoreño no tiene dónde acudir. Esto, pues la institución que debe tutelar el acceso a la información pública también ha sido capturada por el oficialismo. Al perder su independencia, naturalmente ha dejado de exigir que el gobierno revele la información que le incomoda que esté en manos de la ciudadanía.

A cien días de la aprobación del régimen de excepción, podría parecer que el acceso a la información pública es un derecho secundario. Pero no es así. En un país con recursos limitados y grandes necesidades, cada dólar mal invertido es una traición a los miles de ciudadanos que necesitan del Estado.

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