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Gobierno no requiere régimen de excepción para combatir pandillas sino para evadir la Lacap, dice oposición

ARENA y FMLN insisten en que el Ejecutivo cuenta con las leyes y reformas drásticas para el combate a la delincuencia.

Por Liseth Alas | Jun 23, 2022- 11:26

Decenas de personas llegan cada día hasta el Centro Penal La Esperanza, para esperar la liberación de sus familiares detenidos o pedir información. Foto EDH/ Menly Cortez

Tras la aprobación del tercer régimen de excepción, diputados de oposición insistieron en que el Gobierno no requería de ese tipo de medida para el combate a las estructuras criminales, pues coinciden en que esta solo se presta para que el Ejecutivo omita los controles y fiscalización de fondos públicos.

El pasado 21 de junio, con 67 votos la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación por 30 días más del régimen de excepción manteniendo la suspesión de cuatro derechos fundamentales como los son la libertad de reunión y asociación; el de la inviolabilidad de la correspondencia; el de la defensa ante una detención y el plazo de detención administrativa, el cual pasa de 72 horas hasta 15 días.

No obstante, Dina Argueta, diputada del FMLN, dijo este jueves que el régimen de excepción solo "ha sido utilizado para discreción y como mecanismo de violación de derechos humanos" por parte del gobierno. Lamentó que a la fecha las autoridades no han dado información sobre las muertes de personas detenidas en las penitenciarias durante la vigencia de la medida.

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"Quién ha dado información si esas personas que murieron eran o no pertenecientes a una estructura criminal, pero más allá de que si fueron o no, ¿cómo murieron? o ¿por qué? y ¿quién es el responsable? Cuando en manos del Estado mueren personas la responsabilidad es del Estado", sostuvo durante la entrevista matutina de radio Sonora.

Hasta el 22 junio, el Ministerio de Justicia y Seguridad registraba en Twitter 41,726 capturados desde el pasado 27 de marzo que entró en vigencia el régimen de excepción tras un repunte de homicidios.

"Dentro de esas 41,000 (capturas) hay un altísimo porcentaje de personas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de pandillas, que no son delincuentes, que son honradas y trabajadoras y que han sido detenidas, ya llevamos más de 27 muertes en los centros penales de personas inocentes que no pertenecen a pandillas y que esto se convierte en una grave violación a los derechos humanos. A nosotros no nos preocupa la suerte de las personas que han delinquido con las pandillas", afirmó René Portillo Cuadra, diputado y jefe de fracción de ARENA en declaraciones al medio internacional NTN24.

Organizaciones de la sociedad civil han recibido cientos de denuncias de vulneraciones a derechos humanos, solo Cristosal reportaba hasta el 13 de junio 1,993 casos, en su mayoría por capturas arbitrarias, la situación fue motivo de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Omitir controles

Tanto Argueta como Portillo Cuadra reiteraron que el Ejecutivo cuenta con las leyes y reformas drásticas para combatir a las pandillas. La legisladora consideró que más bien la medida es utilizada para omitir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).

"El gobierno no necesita el régimen de excepción para el tema de seguridad lo necesita para obviar los procesos que tiene establecida la Lacap, en cuanto a procesos de compra, licitación de proyectos y obras, es decir, obviar todos esos procesos, porque este gobierno y sus instituciones no tienen vocación ni con la transparencia ni con la rendición de cuentas", señaló Argueta.

El mismo día en que la Asamblea avaló la extensión del régimen de excepción también votó por una ley especial para saltarse la Lacap durante la vigencia de la medida.

"A nosotros nos extraña mucho y como oposición lo hemos externado que cada vez que se prorroga el régimen de excepción se acompaña por un decreto legislativo que le permite al gobierno hacer compras sin ningún tipo de transparencia hacer compras obviando incluso la Ley de Acceso a la Información Pública, sin que los salvadoreños conozcamos el destino de nuestros impuestos", apuntó Portillo Cuadra al NTN24.

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