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Un año del golpe que concentró todo el poder en la presidencia

En las elecciones de 2019 y 2021 el proyecto político de Nayib Bukele ganó abrumadoramente dos de los tres órganos del Estado: la presidencia y la Asamblea Legislativa, pero, en un día sus diputados dieron un golpe a la independencia judicial al destituir a los magistrados de la Sala e imponer unos alineados a su visión.

Por Enrique Miranda | Abr 30, 2022- 21:49

El 1 de mayo de 2021, la bancada legislativa del presidente Nayib Bukele destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Foto EDH/ Archivo

En su primer día de trabajo el sábado 1 de mayo de 2021, los diputados del presidente Nayib Bukele asombraron a El Salvador y al mundo al destituir de un plumazo y sin derecho a defensa a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el único dique de contención a los abusos de poder de cualquier gobierno en una democracia.

La bancada de Nuevas Ideas usó ese día la abrumadora mayoría que los electores le habían dado en las urnas para destituir a Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Sánchez, Marina Torrento y Carlos Sergio Avilés bajo el argumento de que durante la pandemia de covid, un año antes, habían emitido “sentencias impopulares” contra la población durante 2020, en torno al confinamiento decretado por el gobierno para evitar contagios de covid.

“En este caso, la pieza de correspondencia que se ingresó para removerlos hacía referencia justamente a sus decisiones adoptadas en control de las facultades presidenciales y legislativas durante la pandemia. No existe ni existían en ese momento causas de remoción en la ley, por ese lado la inamovilidad de los jueces fue violada flagrantemente”, explica la abogada Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso.

Pero lo que vio el mundo-en palabras de democracias sólidas como Estados Unidos o los países de la Unión Europea, abogados constitucionalistas, los mismos magistrados y diputados de oposición- fue una maniobra del gobierno a través de sus diputados para saltarse todo control, básico en una república democrática moderna.

“El órgano Ejecutivo le hizo creer a la población que la Sala estaba atentando contra el derecho a la salud y la vida de la población. Pero lo que realmente ocurría era que el órgano ejecutivo ya se había percatado que el sistema de controles recíprocos entre los diferentes órganos de estado y el reparto constitucional de competencias era un obstáculo para las pretensiones de ese momento y las futuras de Casa Presidencial”, afirma un año después Carlos Sergio Avilés, uno de los magistrados destituidos.

¿La mayoría legislativa es un cheque en blanco?

Estados Unidos condenó que el gobierno de Nayib Bukele, con esa maniobra legislativa considera inconstitucional por los abogados, concentraba todo el poder de los tres órganos de Estado, algo contrario al espíritu de la democracia.

“Un órgano judicial independiente es crítico para una democracia sana y una economía fuerte”, dijo Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. esa fecha.

Pero el Gobierno se ampara en su victoria electoral en las legislativas para justificar el golpe.

“Aquí viene lo complicado: muchas personas dicen que eso es lo ideal para que exista una buena gobernanza. El ejercer control total sobre todos los órganos de Estado, así como de la ciudadanía, y eso no es así. Dice la Constitución que el principio de legalidad de un estado existe para controlar a los funcionarios, para que no abusen del poder y se llegue a una consecución de justicia y se garantice los derechos humanos de la población”, explica la abogada penalista Marcela Galeas.

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Y remata: “Una elección popular no viene a legitimar ningún tipo de abuso y tampoco ser electo de manera popular y de manera masiva, porque obviamente ellos ganaron con un gran número de votos, esto no significa que se va a desconocer y violentar la Constitución, el reconocimiento de la persona y de todos los derechos que se desglosan de ella dentro de ellos la libertad en todas sus aristas”.

Con 64 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la nueva Asamblea impuso a Héctor Nahúm García, Luis Javier Suárez, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas y Óscar López Jerez como magistrados y ante la resolución de inconstitucionalidad de emitió la Sala de lo Constitucional que estaba siendo ilegalmente destituida esa noche, el oficialismo mandó a la Policía al edificio de la Corte Suprema de Justicia para tomar de hecho la institución.

“Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”, rezaba la sentencia de la Sala de lo Constitucional en medio de una confusión general por la inusitada destitución.

“Sabíamos que difícilmente se iba cumplir (la sentencia) porque contrariaba los intereses de Casa Presidencial. Lo que queríamos preservar era lo que ellos estaban tratando de erradicar. Siguiendo con su patrón, nombraron cinco abogados que se prestaron a eso y los colocaron para que asumieran el control de la Sala. En un acto de matonería pura, la PNC con fuerzas especiales se tomaron por la fuerza las instituciones del palacio de la Corte y dejaron instalados a estos abogados”, narra Avilés.

Este procedimiento, tomarse las instalaciones de la Corte por la Fuerza, la falta de un debido proceso y no acatar una sentencia del máximo tribunal de justicia, además de las cartas de renuncia de cuatro magistrados-que según denunció Avilés hubo presión para redactarlas- dejan en evidencia un proceder antidemocrático del gobierno y la nueva Asamblea, a juicio de los juristas.

“La presión a los magistrados legítimos para obligarlos a renunciar es una presión externa. En segundo lugar, el uso de la fuerza para ingresar al recinto de la Corte es una presión gravísima, igual a la toma de la Asamblea (9 de febrero de 2020). Los reemplazos de los magistrados fueron una designación directa que no siguió el proceso establecido en la Constitución”, explica Indacochea.

¿Por qué no funcionó la institucionalidad?

Ante ese panorama, ¿todas las instituciones actuaron como deberían en una democracia?
A juicio del exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, los restantes 10 magistrados estaban llamados a no reconocer a los magistrados impuestos por el Gobierno.

“Conforme a la ley, ¿qué debieron hacer, tuvieron alternativa estos 10 magistrados frente a estos 5 usurpadores? Claro que sí, en primer lugar, no reconocerlos. En segundo, abocarse a los legítimos para formar pleno dentro o fuera de la Corte, pero esa era la Corte legítimamente nombrada. La ley faculta que con 8 magistrados se pueden tomar decisiones”, dijo Blanco.

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De forma similar opina la abogada Marcela Galeas, pero ella considera que no hubo voluntad de parte de ninguna institución para hacer valer el estado de derecho.

“El problema no surgió por algún vacío jurídico: La Constitución es clara al respecto: las leyes secundarias también, existe una configuración que establece que los magistrados podrán ser removidos de una forma estipulada. Al no estar en ninguno de esas causales de remoción, pues no debe de darse, lo que existió ahí fue una falta de voluntad para cumplir con nuestra Carta Magna, para cumplir con las funciones constitucionales que tienen los diputados, porque remover simplemente porque así se les antojó, eso no tiene ningún fundamento jurídico ni legal”, explica la experta.

En una maratónica plenaria de instalación, los diputados de Nuevas Ideas destituyeron también al fiscal Raúl Melara y en su lugar nombraron a Rodolfo Delgado. Foto EDH/ Archivo

Otro elemento que entra en la ecuación ese día del golpe es la actuación del entonces Fiscal Raúl Melara, quien además fue destituido por la bancada del presidente Nayib Bukele bajo el argumento de tener vínculos partidarios. El Fiscal puso su renuncia el día siguiente.

“Otra situación que hay que plantearse es el papel del Fiscal, ese mismo día fue removido el licenciado Raúl Melara pero previamente a eso existieron actos precios de amenaza a la independencia judicial que no fueron intervenidos a tiempo que el Fiscal como el mayor defensor de lo que es los intereses del estado, los derechos de las víctimas vimos que no se activó. No inició una investigación en contra de aquellos funcionarios que estaban atentando contra la independencia del órgano jurisdiccional”, recordó Galeas.

Pasado un año, organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país han alertado del deterioro de la democracia producto del golpe a la separación de poderes.

“La norma constitucional pierde su supremacía, su fuerza actuante se relega a su mera existencia formal. Eso nos hace retroceder casi 200 años. Implica que la distribución orgánica de funciones está inhabilitada en este momento porque todas las funciones las ha absorbido un solo órgano. Peor aún, se desmantela la garantía de la protección de derechos fundamentales, la garantía y la tutela efectiva”, concluye Carlos Sergio Avilés, el único magistrado que no renunció.

Para Ruth Eleonora López, la jefa anticorrupción de Cristosal, organización que ha demandado al Estado salvadoreño por el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vuelta al respeto a la separación de poderes está en las manos de los ciudadanos.

“Los principales afectados por el 1 de mayo no fueron los magistrados, fue la población. El deterioro democrático lo demuestra, pero es el mismo pueblo soberano el que posee la llave a través de su voto para balancear el poder”, resume López.

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