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“Se está reviviendo un militarismo que evoca los episodios más oscuros”, dice magistrado destituido el 1 de mayo

Exmagistrados y abogados analizan los efectos del golpe a la independencia del órgano judicial propinado por la Asamblea Legislativa afín al presidente Nayib Bukele hace casi un año

Por Enrique Miranda | Abr 28, 2022- 14:35

FOTOS EDH /

El único magistrado que no renunció luego de que los diputados del Presidente Nayib Bukele destituyeran a la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021, hace el balance de aquel golpe a la independencia judicial consumado hace casi un año.

“Ese día, Se desmontó de tajo el sistema de frenos y contrapesos, se produjo una concentración de poder que es contraria al diseño constitucional. Se desbarató el carácter republicano de nuestra forma de gobierno”, resumió Carlos Servio Avilés en el foro “El Salvador: un año sin separación de poderes organizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Esas palabras, que suenan abstractas, pueden aterrizarse en hechos concretos, explicó el depuesto magistrado, que un año después se traducen en políticas públicas de seguridad, leyes y actos desde el gobierno que a su juicio riñen con la defensa de los derechos de los ciudadanos salvadoreños.

“Se han aprobado dos regímenes de excepción, se está politizando el uso de la Policía y la Fuerza Armada, se está militarizando la seguridad pública, se está reviviendo un militarismo al margen de su mandato constitucional, sin perspectiva de derechos humanos, que evoca los episodios más oscuros de violación de derechos humanos del pasado”, enumeró Avilés entre los efectos a un año del golpe técnico al órgano judicial.

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Todas esas acciones, las cuales han provocado denuncias de violaciones de derechos, detenciones arbitrarias de personas inocentes y otros abusos de poder, no tendrían lugar si, como han avisado diversos sectores, la bancada legislativa del presidente Bukele no hubiera destituido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes funcionan como un control del poder. Esto no sucede si, como se denunció, la bancada oficialista impuso magistrados afines al gobierno.

El ejercicio y el acceso de los magistrados ilegítimos al cargo ha sido hecho al margen de la ley y lo mismo la remoción de los magistrados, violando la separación de poderes porque con eso se consolida un único poder político que controla la totalidad de las ramas del Estado”, explicó Úrsula Indacochea, abogada de la Fundación para el Debido Proceso.

Producto de esa imposición de magistrados afines resulta una ecuación negativa para la defensa de los derechos de los salvadoreños.

“La garantía de los derechos humanos ya depende de la conformidad o de la no lesión de intereses políticos más que los derechos en sí mismos. Las garantías como el amparo, la acción de inconstitucionalidad se vuelven relativas, no existe garantía de que el máximo tribunal va a actuar conforme a derecho”, resumió Indacochea en el foro.

¿Qué hacer?

Ante este panorama, los juristas explicaron que internamente, al estar copada toda la institucionalidad, queda el recurso internacional.

Ruth Eleonora López, Jefa Anticorrupción de Cristosal, informó en el foro que el mes pasado tuvieron notificación del avance de los recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la destitución y la posterior remoción de jueces mediante reformas a la Ley de la Carrera Judicial hechos por el oficialismo y que pronto habrá decisión sobre su admisión.

“Creemos que esto es un caso que tendría que ser admitido y que El Salvador será un estado que terminará siendo condenado cuando termine este proceso”, consideró López.

La representante de Cristosal también dijo que un camino está en poder de las decisiones de los salvadoreños en torno a los atropellos a la Constitución hechos por el oficialismo.

VER: “La politización de instituciones amenaza la democracia” en El Salvador, afirma informe de The Economist

“Es el mismo pueblo soberado el que posee la llave a través de su voto para balancear el poder y activar los controles y con ello neutralizar los mecanismos de corrupción que impiden el control político institucional como, por ejemplo, esta promoción de magistrados y jueces con personas incondicionales, evitando que el sistema de control funcione y cooptando el sistema de control para ponerlo a su favor”, dijo López.

En el mismo sentido se pronunció el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, cuando un asistente al foro le consultó la solución que ve para la restauración del orden democrático.

“Esperar que la población se sensibilice sobre el deterioro en sus derechos que implica un estado como el que estamos viviendo y que sea la misma población la que tome las medidas para poder revertir. Esto no depende de instituciones porque las instituciones están ausentes. Ahora están integradas por un colectivo de personas aterrorizadas, humilladas que por preservar los cargos, su libertad o incluso la vida están con la cabeza agachada esperando que pase esta gran tormenta que se ha generado desde el estado”, concluyó Blanco.

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