Ha pasado un año de que la bancada legislativa del presidente Nayib Bukele destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero en instancias internacionales el caso aún se analiza por la denuncia que interpuso la organización Cristosal el año pasado.
“El trámite está listo para la emisión de un informe de admisibilidad en el que se va a elevar este punto y posteriormente el caso pasaría a un análisis de fondo. Esto es importante porque ha ocurrido en seis meses, hay casos que en dos años la Comisión Interamericana no ha tenido un pronunciamiento”, celebró Ruth Eleonora López, jefa anticorrupción de Cristosal respecto a la comunicación que les remitió en marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto quiere decir que, si el caso prospera, la CIDH llamaría a las partes para iniciar el juzgamiento del suceso.
“Es decir que está terminado el periodo para poder emitir resolución sobre la admisibilidad. Creemos que esto es un caso que tendría que ser admitido y que El Salvador será un estado que terminará siendo condenado cuando termine este proceso. Cristosal ha remitido información permanente”, explicó López.
A su juicio, la destitución desmejora la protección de los derechos de los salvadoreños al no haber un árbitro independiente pues los magistrados impuestos por la bancada del presidente Bukele son afines al gobierno y no podrían ser imparciales en caso de controversia con un tercero.
“Esta promoción de magistrados y jueces con personas incondicionales evitando que el sistema de control funcione y cooptado el sistema de control para ponerlo a su favor al concentrarse el poder en el órgano ejecutivo bajo la supuesta legitimación de la voluntad personal, pero el poder no es eterno”, consideró la abogada durante su participación en un foro para analizar el golpe a la independencia judicial el 1 de mayo de 2021.