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Celia usó anticonceptivos a los 16 años sin tener una educación sexual integral

Justo cuando la prioridad, según un médico, es retrasar el inicio de la vida sexual, miles de adolescentes la inician sin haber recibido la educación y orientación necesaria para enfrentar sus las consecuencias, que van más allá de un posible embarazo.

Por Karla Arévalo | Jul 18, 2022- 21:54

Cabañas y San Vicente son los departamentos con las tasas más altas de adolescentes usuarios de anticonceptivos. Foto EDH / Archivo

A los 16 años Celia comenzó a tomar pastillas para evitar un embarazo no deseado. Tenía novio y como ambos estudiaban el bachillerato, la idea de los jóvenes era que la planificación debía acompañar la relación. Pero en ese vaivén en el que los adolescentes entran sin tener claro cómo funcionan los anticonceptivos, Celia quedó embarazada.

-     Al principio yo me emocioné mucho. Creí que un embarazo era algo bueno. Pero luego, cuando mi familia lo supo, me pregunté si lo que había pasado era lo mejor para mí. 

En El Salvador no está prohibido que los adolescentes tengan acceso a métodos anticonceptivos. “La edad por sí misma no constituye una razón médica para negar cualquier método anticonceptivo a un adolescente”, explica el documento “Lineamientos técnicos para la provisión de servicios de anticoncepción” del Ministerio de Salud.  

Por lo que en 2021, de acuerdo a datos de Salud solicitados vía Ley de Acceso a la Información Pública, 6,429 adolescentes de entre 15 y 17 años fueron usuarios de anticonceptivos en la red nacional de salud. Pero, ¿qué porcentaje representa esa cifra del total de adolescentes sexualmente activos?

Adolescentes usuarios de anticonceptivos en 2021

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Las proyecciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) para 2021 indican que El Salvador tiene una población de 345,236 adolescentes de entre 15 y 17 años. Desde luego que no todos han tenido una relación sexual. Pero de esa población de adolescentes que sí sostienen relaciones, el 8.9 % usa métodos anticonceptivos, indicó la Encuesta Nacional de Salud publicada a inicios de julio.

Celia es una de esas adolescentes. Inició la planificación en una clínica comunitaria en el municipio donde vive: Colón, La Libertad. Un municipio que, hasta hace unos años, era uno de los más violentos del país. Y aunque ahora los niveles de violencia han disminuido, el lugar tiene otras carencias: zonas marginales y poco acceso a salud y educación pública. Durante el día, la clínica comunitaria luce saturada de pacientes y las instalaciones muestran un leve deterioro. 

Pero aunque Celia logró prevenir un embarazo en los primeros meses, no halló lo que para el médico especialista en Salud y Desarrollo de Adolescentes, Mario Soriano, debió recibir: educación sexual integral. 

“Mediante este proceso hubiese recibido, desde la niñez, la información adecuada sobre el desarrollo psicológico, sobre cómo cuidar de su cuerpo, cómo se llama (cada parte de) su cuerpo, sobre la higiene… y, cuando va transcurriendo la adolescencia, cómo vivir un noviazgo, cómo vivir las relaciones con las consecuencias que estas conllevan, que no es solo el embarazo”, explicó el especialista.

El cantón Lourdes, en el municipio de Colón. Foto EDH/ Francisco Rubio

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El uso de anticonceptivos a esa edad no es la prioridad. La prioridad en esa etapa es postergar el inicio de la actividad sexual. 

Pero los adolescentes ahora mismo parecen enfrentarse a una realidad confusa sobre la planificación familiar y, de acuerdo a Soriano, entre mayor sea la condición de pobreza en la que vive la niña o adolescente, más expuesta está a la vulneración de sus derechos.

“No me refiero solo a pobreza económica sino de limitación al ejercicio de sus derechos. Ahí se incluye la baja escolaridad, el poco conocimiento de las relaciones interpersonales y la poca protección de las familias dentro de un espacio comunitario, entre otros”, agregó el médico especialista.

Un embarazo no es la única consecuencia ante la falta de educación sexual integral. El especialista agrega que hay casos en los que el daño se extiende hasta el trastorno del comportamiento, el intento suicida y las adicciones.

Celia vivió su niñez en un entorno de violencia; y la pobreza fue otro de los problemas de su hogar. Desde los cinco años creció en Lourdes, uno de los cantones del municipio de Colón más asediados por las pandillas MS y Barrio 18. Pero también un municipio donde las oportunidades de desarrollo son limitadas. 

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La familia de Celia no pudo pagarle los estudios en un colegio privado, por lo que desde pequeña tuvo que formarse en una escuela pública, auspiciada por algunos programas sociales que desde hace más de una década otorgan los gobiernos. 

Al preguntársele si en la escuela donde estudió recibió educación sexual, dice no recordarlo. 

-     Es que lo único que quise fue no quedar embarazada. Al final pasó. Pero de eso a saber sobre educación sexual lo poco que recuerdo es que vimos las partes genitales y algunos métodos de planificación.

La educación sexual en las escuelas públicas ha sido un tema en constante debate en El Salvador. Hay un mito sobre que la enseñanza del plano sexual en las instituciones educativas solo se basa en el aspecto coital o biológico del ser humano, mas no sobre salud sexual y reproductiva, información sobre anticoncepción o infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas el VIH. 

Y esa educación, que también se conoce como Educación Integral de la Sexualidad, “no conduce a la actividad sexual precoz ni a un comportamiento sexual de mayor riesgo”, sostiene el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Tras ser consultado por El Diario de Hoy, la institución aclaró que es fundamental que “las y los adolescentes tengan información sobre su salud sexual y reproductiva, pues eso les permite cuidarse y cuidar a otros”.

Mientras que el doctor Soriano también añade: “Hay que aclarar que la educación integral de la sexualidad no es un método, no es un medicamento, sino que son las orientaciones, el acompañamiento, es tratar que la familia se involucre en el asunto”. 

Contrario a Celia, Elí, de 17 años, estudia en un colegio privado en el mismo municipio y asegura que antes de la pandemia hubo varias organizaciones que llegaron a su colegio para hablarles sobre sexualidad, y el uso de anticonceptivos no fue el único tema abordado: “Hay una materia que se llama ‘Orientación para la vida’ donde nos enseñan sobre sexualidad, noviazgo, matrimonio. La maestra nos da consejos sobre la sexualidad. También nos explica sobre preservativos y métodos anticonceptivos”. 

Los anticonceptivos y las leyes

No todos los adolescentes que utilizan anticonceptivos lo hacen en un entorno de conocimiento de la sexualidad. Detrás de algunos casos hay delitos. 

En el caso de Celia, ella usaba anticonceptivos durante la relación sexual consensuada con un joven de 17 años. Pero, no todos los adolescentes están en la misma condición.

Cada año, el Ministerio de Salud (MINSAL) publica los resultados de la Encuesta Nacional de Salud la cual, entre muchas otras preguntas, indaga sobre el uso de anticonceptivos entre los adolescentes. No obstante, se carece de un indicador que permita conocer si los adolescentes sexualmente activos están en una relación con un adulto o si la relación sexual con otro adolescente fue consensuada.

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Los datos más próximos sobre este delito se conocen por medio de las denuncias que recibe la Fiscalía General de la República (FGR), pero no todos los casos terminan en denuncias.

En el año 2021, hubo 2,644 casos de violencia sexual cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, un promedio de siete casos diarios. 

El 93 %, es decir la mayoría de víctimas, era niña o adolescente.

De acuerdo al Código Penal, “el que tuviere acceso carnal por vía vaginal mediante engaño con una persona mayor de quince años y menor de dieciocho años”, se expone a una condena de hasta doce años de prisión. 

Pero la condena no solo es para un adulto que sostuvo una relación con un menor de edad. De acuerdo a la abogada penalista Marcela Galeas, una relación sexual consensuada entre adolescentes no es delito; pero sí se vuelve delito si en esa relación uno de los dos no estuvo de acuerdo.  

“Si un adolescente fue forzado por otro adolescente para tener relaciones sexuales puede configurarse como delito (de violación) en el 158 del Código Penal, pero al ser menor de edad debe aplicársele la Ley Penal Juvenil, la cual sanciona con imposición de reglas de conducta o internamiento en un centro de cumplimiento de penas para menores”, explicó.

Galeas sostiene que no es competencia del Derecho Penal castigar por el ejercicio de la libertad sexual o las relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes. Mas sí se debe castigar si estas son forzadas o son relaciones entre adolescentes y adultos.

La abogada agrega que hay otras instituciones con responsabilidad en el abordaje de este tema, como el sistema educativo que, en teoría, debe regir la educación sexual de los niños y adolescentes. 

No obstante, el anteproyecto de la nueva Ley Crecer Juntos contemplaba que las niñas, niños y adolescentes tenían el derecho a recibir educación sexual integral. Y que el Estado, por medio del Ministerio de Educación, y la familia serían los responsables de garantizarlo. 

Pero a último momento, varios artículos fueron modificados dejando a las madres y los padres con el rol primario de inculcar la educación sexual a los menores. Y en cuanto a la participación del Estado, este solo se encargará de definir las estrategias. 

Algunas consecuencias 

Celia tuvo anemia leve y bajo peso durante la planificación y el embarazo. Aunque nunca supo si se trataba de una consecuencia de los anticonceptivos que ingirió desde los 16 años, según los lineamientos de Salud para la provisión de los métodos de planificación, “las adolescentes tienen menos tendencia a tolerar los efectos adversos (de los anticonceptivos) y por lo tanto tienen altos niveles de discontinuidad en el uso de métodos”.

La joven dejó la planificación. Luego, quedó embarazada. 

La cultura machista que persiste en El Salvador es un factor que provoca situaciones de riesgo para niñas y adolescentes en el país. / Foto EDH

Celia relata que el apoyo gubernamental que tuvo fue poco. A duras penas logró costear las ultrasonografías y otros exámenes en un laboratorio privado ubicado en su municipio. El resto de consultas las hizo en la clínica comunitaria.

-     Al principio yo fui a pasar consulta a una clínica (comunitaria), pero la espera fue de más de seis horas y además yo tenía anemia leve en ese momento. Entonces, decidimos (con su pareja) ir a un lugar económico y privado. El resto de meses sí volví a consulta pública.

No es un secreto para ningún salvadoreño que las consultas en los centros de salud públicos son complicadas. La espera es larga y a veces en condiciones difíciles.

El parto de Celia fue atendido en un hospital nacional, y aunque su hijo nació sano, la etapa del embarazo fue la más dura. No solo tuvo anemia leve, sino que además sufrió de ansiedad. 

-     Lloraba todo el tiempo porque tuve algunos problemas familiares. La noticia de mi embarazo no fue bien recibida por todos y yo también me llegué a cuestionar si tenerlo era la mejor decisión.

Lo que Celia desconocía era que en El Salvador el aborto está prohibido sin excepción. No importa si fue una violación, un embarazo de una menor de edad o si hubo complicaciones de salud. 

Aunque Celia logró culminar el bachillerato, por lo económico y por el embarazo no pudo inscribirse en una universidad.  

En los 20 municipios con la tasa más alta de adolescentes hay siete cabeceras departamentales: Santa Ana, Ahuachapán, Usulután, San Salvador, San Miguel, entre otros. 

El resto de municipios, como Soyapango, en el departamento de San Salvador; Santiago Nonualco en La Paz y Colón en La Libertad, lugar donde vive Celia, están en los primeros lugares.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Salud reproductiva, derechos reproductivos y justicia en las Américas.

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