Los afiches pegados afuera de las oficinas de gobierno con los rostros e información de los desaparecidos se ven cada vez menos. La nueva manera en la que las familias de desaparecidos buscan ser escuchadas es a través de organizaciones de derechos humanos y redes sociales. Pero, ¿a qué se debe el cambio? El Estado de El Salvador ha sido señalado por estas organizaciones de no atender las condiciones en las que desaparecen las personas en El Salvador, y a su vez ningunear las necesidades de sus familias. Aunque el gobierno alega esfuerzos en el tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó ayer en una audiencia a ambas partes para conocer los casos.
En la audiencia se supo que desde el 1 de enero hasta el 13 de octubre, la Fiscalía ha recibido 1,116 denuncias por el delito de desaparición de personas. Como parte de estas denuncias, hubo 1,192 personas desaparecidas. El número es mayor a las denuncias debido a que en ocasiones desaparecen hasta dos o tres personas en un mismo caso. Los datos que dieron los delegados del gobierno indican que la mitad apareció (sin especificar las condiciones), el 3.9 % fue hallado sin vida y del resto aún se desconoce su paradero.
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La abogada Zaira Navas representó a Cristosal y a 15 organizaciones más en la audiencia, y dijo a los comisionados que ahora mismo hay una respuesta deficiente de parte del gobierno para investigar estos crímenes. Y es que en varias ocasiones, tanto funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) como del Ministerio de Justicia y Seguridad han dicho, previo a los resultados de las investigaciones, que quienes desaparecen lo hacen de forma premeditada.
“Hay que recalcar que en el caso de las mujeres, sobre todo, se enfrentan a distintas estigmatizaciones por razón de género. Por ejemplo, se alega muchas veces que las mujeres han huido con alguna pareja o expareja; que han salido fuera del país de manera irregular, etc. Esto minimiza el impacto de que otras personas puedan también activar mecanismos de búsqueda”, dijo Navas.
Aunque hay una mesa tripartita compuesta por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal, la cual unifica los datos de homicidios y otros crímenes, no hay un registro estadístico único y público sobre personas desaparecidas.
“Me llama la atención la falta de comunicación entre las iniciativas que hace el Estado y los familiares y las organizaciones de la sociedad civil. La experiencia ha demostrado que la búsqueda de solución es a través del diálogo”.
En 2019, la Policía reportó 737 personas desaparecidas. Mientras que para 2020, pese a que hubo una cuarentena obligatoria, los datos no fueron más alentadores. La Fiscalía reportó 683 personas desaparecidas, siendo de estos, el 69 % hombres y el 31 % mujeres. Mientras que, hasta junio de 2021, la Fiscalía registró 610 personas desaparecidas, lo que significa que solo en los primeros meses del año hubo un poco más del 80 % de los casos de desapariciones del 2020.
Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) planteó que hasta el momento continúan sin resolverse miles de casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado. Y los números recientes no dan aliento de que los procesos de casos del pasado y del presente avancen.
“Nos preocupa de sobremanera que no se reconozca oficialmente la dimensión de esta problemática ni que tampoco se cuente con una institución especializada para atender este grave flagelo en la sociedad salvadoreña. Evidentemente todo esto es provocado por la falta de voluntad política y en parte por la desidia para abordar integralmente el problema de la desaparición de personas en El Salvador”, expuso Rubio.
Además, El Salvador aún no ha ratificado su participación en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas de la CIDH ni en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Esperamos que El Salvador pueda pronto ratificar la convención. (…) Siempre me preocupa que el Estado parece concentrarse más en las acciones reactivas y no en las preventivas”, dijo Margarette May Macaulay, relatora de la CIDH para El Salvador.
El Estado se defiende
La delegación del Estado aduce que la Fiscalía cuenta con acompañamiento psicológico a los familiares de las víctimas de desaparición. También que están trabajando un formato único de denuncia para evitar la revictimización. Asimismo explicaron que cuentan con una mesa de trabajo interinstitucional donde el órgano judicial, la Fiscalía y la PNC tratan de profundizar en encontrar una respuesta a esta problemática.
Alvin Serrano, jefe de la Unidad Especializada para casos de personas desaparecidas de la FGR, dio datos actualizados sobre personas desaparecidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Video: Cortesía.
CIDH evalúa petición de organizaciones
Las audiencias ante la CIDH están reguladas en el artículo 66 del Reglamento de la Comisión. La Comisión no exige a los Estados comparecer ante el llamado de una audiencia. Pero la práctica común es que los Estados comparezcan siempre que son citados.
Sin embargo, hay Estados como el de Nicaragua o el de Venezuela que ya no participan en las audiencias. De igual forma, El Salvador se ausentó de una audiencia hace unos meses. Y aunque la ausencia no acarrea consecuencias jurídicas internacionales, el no asistir sí implica falta de voluntad para cumplir con las obligaciones internacionales respecto de los derechos humanos.
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La audiencia de ayer fue una solicitud de 15 organizaciones defensoras de derechos humanos. Al inicio, las organizaciones dieron el diagnóstico de la situación y luego hicieron varias peticiones entre las que están: que el Estado elabore un registro nacional de desaparecidos; que cree un banco genético; que fortalezca la búsqueda de personas desaparecidas bajo los estándares internacionales; que la Fiscalía cuente con la coordinación de los tres órganos del Estado; que se cree un protocolo de atención a familiares. Asimismo, que la Asamblea Legislativa emita una Ley de búsqueda de personas desaparecidas y que el Estado salvadoreño reconozca el problema y, a su vez, que cumpla con las recomendaciones de la CIDH.
“Me llama la atención la falta de comunicación entre las iniciativas que hace el Estado y los familiares y las organizaciones de la sociedad civil. La experiencia ha demostrado que la búsqueda de solución es a través del diálogo. Siempre van a haber ansiedades por parte de la familia, pero se avanza si hay un diálogo permanente”, dijo Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.