Intentan detener efecto del 1024 por medio de amparo

La primera empresa que se considera afectada por el 1024 presentó demanda de amparo en la Corte

Alberto López
Nacional
El Diario de Hoy
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Los contratos Hematología El primer contrato entre el Seguro Social y “Diagnostika” fue suscrito el 21 de marzo de 2002 y trata sobre exámenes en el área Hematológica. Coagulación El segundo fue firmado el 15 de abril del mismo año y está destinado para exámenes que tienen que ver con el área de Coagulación. Química clínica Un tercero fue suscrito el 25 de junio anterior y cubre exámenes que tienen que ver con el área de química clínica. Retiro Con el cese de contratos se retiraría todo el equipo y personal del Seguro Social.

Una de las empresas afectadas por la aplicación del decreto legislativo 1024 intenta detener los efectos del mismo por medio de una demanda de amparo.
El representante de una de las empresas que presta servicios de laboratorio clínico en exámenes sanguíneos presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema contra el Presidente de la República y contra la Asamblea Legislativa.

En la misma, además de pedir la inconstitucionalidad del artículo 5 del decreto en un fallo definitivo, también se pide la suspensión del acto reclamado; es decir, la aplicación del decreto, mientras se estudia la inconstitucionalidad.

Diagnostika Capris, S.A. de C.V. presentó una demanda de amparo el pasado jueves, específicamente, contra el artículo 5 de dicho decreto, por considerar que viola, al menos, cinco derechos constitucionales. El artículo pone fin a los contratos el 31 de diciembre.

Diagnostika mantiene tres contratos con el Seguro Social, que ganó por licitación, según expresa la demanda. Estos vencen en marzo, abril y junio del próximo año. En los mismos se habla de prórroga y fueron suscritos de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Se argumentan violaciones a los derechos de seguridad jurídica, libertad empresarial o económica, libertad de contratación, entre otros. Los demandantes señalan que aparte de las pérdidas de la inversión hecha, también se afectará a profesionales contratados para dichos fines y se dejaría a los derochohabientes sin un servicio vital para los diagnósticos médicos.

Se trata de la primera empresa que busca este tipo de demanda. La Sala estudia tres demandas de inconstitucionalidad por el mismo tema.

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Consideraciones sobre demandas

Hasta ayer, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sólo tramitaba tres demandas de inconstitucionalidad y una demanda de amparo contra varios artículos del decreto legislativo 1024 que prohíbe las concesiones y la privatización en Salud.
-. En las tres demandas de inconstitucionalidad se argumentan, básicamente, violaciones a las garantías constitucionales de seguridad jurídica y libertad empresarial por parte de los artículos 2, 3 y 5 de dicho decreto que fue publicado en el Diario Oficial el pasado 19 de noviembre y entró en vigencia el 27 de noviembre anterior.
-. Sólo en la primera demanda de inconstitucionalidad, de parte de José Francisco García, se solicitaba la suspensión del acto reclamado, es decir la aplicación del 1024, sobre todo en lo referente al cese de los contratos el 31 de diciembre.
-. Sin embargo, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Mario Solano, aclaró que no será posible, pues ya es ley de la República, y esta medida cautelar no es aplicable para las inconstitucionalidades, sólo para las peticiones de amparo.
-. La primera solicitud de amparo fue presentada el jueves, pero la suspensión, si aplica, es individual y no para todos los afectados por el cese de contratos. Cada quien tiene que promover su propia demanda.