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Violencia sigue afectando centros escolares

Estadísticas no confiables dificultan determinar un impacto

Los delitos más comunes en centros escolares son homicidios, amenazas y extorsiones. Foto EDH / Archivo

Los delitos más comunes en centros escolares son homicidios, amenazas y extorsiones. Foto EDH / Archivo

Los delitos más comunes en centros escolares son homicidios, amenazas y extorsiones. Foto EDH / Archivo

La violencia en centros escolares continúa agudizándose, afectando a estudiantes, profesores y familiares; sin embargo, es difícil puntualizar el impacto económico que este tiene debido a que lo datos proporcionados por el Ministerio de Educación en cuanto a la cantidad de casos delictivos, discrepa del número reportado por la Policía Nacional Civil (PNC), según destaca Helga Cuéllar-Marchelli, directora del Departamento de Estudios Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Este es un problema ya que se utiliza el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) para combatir la delincuencia, pero este porcentaje podría variar tomando en cuenta el alza de crímenes cometidos en institutos escolares. Este choque de información imposibilita a que instituciones como Fusades pueden determinar una cifra monetaria sobre el impacto que está teniendo en la economía.

Según la PNC, hasta julio de este año se reportan 143 casos delictivos en centros escolares, mientras que el Mined reporta 20. Al ver las cifras totales en los últimos cinco años, la Policía expresa que han habido 1,571 atracos criminales, mientras que el Mined solo menciona que fueron 541. De estos delitos en contra estudiantes, los homicidios representan el 32 % seguido por amenazas con 19 %, extorsiones (14 %) y privación de libertad con 8 %. De estos casos, la mayoría se encuentran en San Salvador, siendo este el departamento más violento del país.

Fusades, en su informe de coyuntura social, determina que "la ausencia de estadísticas confiables y estudios dificulta la comprensión de este fenómeno, sus efectos y el grado real de penetración en el sistema educativo". Considera que aunque el Mined ha atendido oportunamente las señales de alarma, sus respuestas han sido reactivas y carecen de una visión integral que permita asegurar la protección escolar y reivindicar la misión de la educación. A esto añade que "es vital establecer mecanismos y recursos financieros para apoyar a los docentes que laboran en contextos violentos y ayudar a prevenir la violencia desde las escuelas".

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