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11 principales dudas del plan de pensiones de Cáceres

La propuesta de reforma de pensiones que presentó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, genera varias preguntas.

Pensiones

El plan Cáceres quiere trasladar el dinero de los cotizantes de las AFP a las cuentas del Gobierno. | Foto por Archivo

El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, divulgó recientemente una propuesta de reforma de pensiones que pretende combinar el sistema de cuentas individuales administradas por las AFP con un sistema de reparto, administrado por el Gobierno. El plan de Cáceres es que los ahorros de los trabajadores activos que ganen hasta dos salarios mínimos ($484) pasen al sistema público de forma retroactiva y, de igual forma, los que vayan ingresando al sistema previsional. Los trabajadores que ganen más de $484 al mes cotizarían al Gobierno y también a las AFP. La justificación de Cáceres es que el dinero que ingresaría a las arcas del Estado servirían para financiar la pensión mínima de $207. La propuesta tiene muchas interrogantes que se explican a continuación: 

¿Es una reforma integral? 

La reforma de pensiones que Cáceres propone está enfocada solo en la parte fiscal, en cómo hacer llegar recursos a Hacienda y reducir el porcentaje de deuda. El documento que resume el plan Cáceres dice en su lámina 36 que entre los impactos esperados por la propuesta están “garantizar la sostenibilidad del Sistema Previsional”, “Reducir las presiones fiscales derivadas del Sistema Previsional. Además dice que “las contribuciones que se realicen al pilar de reparto permitirán financiar parte de las obligaciones del Estado con los actuales pensionados, lo cual contribuirá de manera positiva a la sostenibilidad fiscal”. 

¿Amplía la cobertura?

El plan Cáceres no amplía la cobertura de los pensionados, que actualmente representa el 24 % de la población económicamente activa.  Las medidas que propone el funcionario están basadas en el mismo grupo poblacional que ya cotiza a las AFP y que a la fecha suma un aproximado de 1.6 millones de afiliados, de los cuales solo unos 600 mil cotiza de forma regular.                  
Lo único que hace el proyecto es dividirlos de acuerdo a su rango salarial y así enviarlos al sistema de reparto o mantenerlos en el sistema privado: los que ganen menos de $484 cotizarán en el Gobierno y los que ganen más de esa cantidad, cotizarán al Gobierno y  a una AFP, según el proyecto de reforma.
La única proporción que aumentaría sería el número de adultos mayores de 70 años que recibe una pensión básica universal, pero que nunca ha cotizado ni en el sistema público ni en el sistema privado. 
Básicamente se amplía solo el número de los adultos mayores subsidiados totalmente por el Gobierno, que no necesita financiamiento del sistema de pensiones, sino que se financia con dinero que saldrá del fondo general de la nación. 

¿Es una reforma equitativa?

Tal cual está planteada, la reforma no es equitativa pues los cotizantes de hoy tendrán que pasar sus ahorros al sector público para pagar pensiones actuales del ISSS y el INPEP que en este momento tienen tasas de reemplazo (porcentajes de salario) superiores al 60 %. Sin embargo, cuando estos jóvenes cotizantes se jubilen, recibirán una tasa de reemplazo menor. O sea que no habrá un trato igualitario. Comtradefop asegura que si esta reforma se aprueba tal cual la ha planteado Cáceres, la pensión de los futuros jubilados dependerá de la disponibilidad de dinero que tenga el Gobierno y si para ese entonces, el país sigue con problemas fiscales, su pensión podrá ser un papel canjeable u otro instrumento. Ademas el documento de  Cáceres dice que el beneficio que se les otorgará será una pensión mínima, que actualmente es de $207. En cambio el sistema de las AFP otorga una pensión basada en el ahorro del cotizante. Su pensión no depende de ninguna otra persona más que la de su ahorro y su monto será mayor en la medida que su fondo haya ganado intereses a través de las inversiones que las AFP hayan hecho a lo largo de su vida laboral.

¿Es una reforma confiscatoria?

Los mismos trabajadores agremiados al Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) aseguran que el plan Cáceres es una medida confiscatoria pues las cuentas de ahorro individual, que ahora pertenecen a cada cotizante y que son considerados “propiedad privada”, pasarán a manos del Estado a través de un traspaso obligatorio de los fondos de pensiones. 
La propuesta de Cáceres dice que el traslado proporcional de los saldos de las Cuentas Individuales de Ahorro de Pensiones de los afiliados al esquema de reparto permitirá reducir el pasivo del Estado mediante el traspaso de los Certificados Previsionales (CIP). Esto se explica de esta manera: actualmente el Gobierno le debe a los trabajadores pues cada mes le presta dinero a través de los CIP. Al tomar las cuentas individuales y pasarlas al Estado, se lleva consigo esa deuda. “Y el Gobierno no le puede deber al Gobierno”, dice el analista económico Mauricio Choussy.  
El documento no dice que ese traspaso sea voluntario, sino que demuestra que será de forma obligatoria y retroactiva. 

¿Resuelve el problema fiscal que tiene el país?

No se resuelve, porque si se aprobara el plan Cáceres, el Gobierno recibiría $1,300 millones de las Cuentas Individuales de Ahorro de los trabajadores, que pasarían a un sistema de reparto, una cifra, que está muy por debajo de la deuda total que tiene el país en materia previsional. De acuerdo con las últimas cifras calculadas por la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, la deuda que el sistema de reparto acumuló desde su inicio hasta 1998 (cuando se creó el sistema de capitalización) asciende a más de $21,000 millones, por lo que la reforma solo aliviaría momentáneamente las finanzas salvadoreñas. 

¿Elimina el fideicomiso de obligaciones previsionales?

El documento de Cáceres no aclara si al crear un sistema mixto se eliminará el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) aprobado en 2006, y que le permite, por ahora, adquirir el 45% de los ahorros de los trabajadores a través de la emisión de Certificados de Inversión Previsional (deuda). Este Fideicomiso es el que le permite actualmente al Gobierno pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP. Cada año el Gobierno emite un promedio de $400 millones en deuda de este tipo. La reforma no indica que se eliminaría esta figura para obtener este financiamiento.

El cotizante ¿Es libre de elegir el sistema?

En la reforma del sistema de pensiones que se hizo en 1998, hubo un grupo poblacional al que se le dio la opción de quedarse en el sistema de reparto o pasarse al sistema privado de acuerdo a los beneficios que cada uno le ofrecía. Los obligados fueron un grupo que por su cantidad de años de cotización y edad tuvieron que pasarse al sistema privado (AFP).
Sin embargo el plan Cáceres no da opción de elegir con cuál sistema se puede quedar el afialiado, pues el Ministerio de Hacienda lo ha decidido a partir del rango salarial de los empleados. Si se gana menos de dos salarios mínimos ($484) es obligación que se pase al sistema de reparto. Comtradefop asegura que esto es atentatorio contra la libertad de cada ciudadano de decir con quién cotizar. 

¿A dónde irán a parar los fondos de la cotización?

Actualmente el ahorro de los cotizantes de las AFP ingresa a una cuenta de ahorro individual que es administrada con el fin de que ésta gane intereses. Y tal como si fuera una cuenta de ahorros el trabajador puede saber todos los meses cuál es su saldo ahorrado y  los intereses que ha ganado a la fecha. 
En el sistema de reparto que propone Hacienda, el dinero iría al fondo general de la nación, que es la bolsa de la cual toma dinero el Gobierno para todos sus gastos. En este fondo no hay una cuenta individual y por lo tanto el trabajador no sabe cuánto tiene ahorrado, o si habrá fondos para pagar su pensión.
En el fondo común el Gobierno puede decidir qué hace con este dinero. La propuesta de Cáceres dice que el dinero iría a un fondo común para pagar una pensión fija en el futuro. 

Mejora la pensión para los trabajadores? 

La reforma de pensiones propuesta por Hacienda no explica qué hará el Gobierno cuando tenga el dinero de las cuentas individuales de los trabajadores una vez los haya trasladado al sistema público. El documento solo menciona como medidas complementarias que se utilizaría la figura de fondos de inversión como vehículo de diversificación para generar más ahorro, pero no indica ninguna medida para que este dinero se multiplique.
En el sistema privado, los ahorros de los cotizantes se invierten en instrumentos financieros que buscan generar mayor rentabilidad (intereses que sean del 6%). La Asociación Salvadoreña de Administradoras de  Fondos de Pensiones ha insistido en que el Gobierno amplíe las opciones de inversión para el fondo privado y que este dinero financie obras productivas como puertos y aeropuertos, para ganar más intereses. 
El problema actual es que las cotizaciones no crecen en rentabilidad porque el 80% de ese dinero se ha invertido en instrumentos financieros del Gobierno. De ese porcentaje el 45% es prestado al Gobierno a una tasa de interés de apenas el 3%.

¿Es un subsidio al Estado?

El Comité sindical Comtradefop dice que con el plan que ha propuesto Cáceres, los cotizantes de hoy estarían subsidiando al Estado para que éste pague las pensiones de los jubilados actuales. El Ministerio de Hacienda asegura que no tiene dinero para pagar las pensiones mínimas de las personas que no logran cotizar 25 años pues no percibe ningún flujo. Sin embargo los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) indican que en 2014 el pago que el Estado hizo a las AFP en concepto de pensión mínima apenas fue de $1.6 millones, lo que representa apenas un 1% de sus contribuciones.

Plan Cáceres incentiva a ahorrar para una pensión? 

Los tanques de pensamiento dicen que uno de los grandes problemas que tiene actualmente el sistema de pensiones es la cobertura, que está asociada a la gran cantidad de personas que trabajan en la informalidad y que no cotizan formalmente a una AFP. El plan Cáceres no presenta ninguna alternativa para incentivar al trabajador informal a que cotice. De hecho, si un trabajador ganara más de $484 tendría que cotizar no solo al Estado, sino a la AFP, un punto que desincentivaría a las personas a ganar más para garantizar su pensión. El cálculo que Comtradefop ha hecho es que un trabajador que gana hasta $484 tendría que entregarle al Estado $67.76 mensuales, lo que equivale a $813 al año que éste usaría para lo que fuera: seguridad, salud, educación, etc. 

 

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