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Podría haber una doble o triple tributación

Algunos depositantes ya pagan el 10 % de impuesto por intereses. Ahora lo deberán pagar los bancos.

Las nuevas medidas fiscales están complicando los trámites bancarios. Foto EDH / archivo

Las nuevas medidas fiscales están complicando los trámites bancarios. Foto EDH / archivo

Las nuevas medidas fiscales están complicando los trámites bancarios. Foto EDH / archivo

Las contradicciones en la ley también podrían generar una doble o hasta triple tributación a los salvadoreños.

Una de ellas es por el cobro del 10 % de impuestos que ya se paga por los intereses que ganan los depósitos de quienes tienen cantidades mayores a $25 mil. El tributo lo paga el usuario.

Pero de acuerdo con la guía de la nueva ley de operaciones financieras, esta vez los bancos también tendrán que pagar 0.25 % por cada $1,000 por esos intereses que trasladen al depositante, por lo que podría representar una doble tributación si el banco decidiera tomar este impuesto como un costo y trasladarlo.

Eso queda a criterio de cada entidad financiera.

También podría haber una doble o hasta triple tributación cuando haya dinero proveniente del exterior (remesas en su mayoría) que empresas como MoneyGram trasladan a los bancos para que estos las hagan efectivas en cualquier parte del país y éstas, a su vez, las trasladen a otras entidades financieras más pequeñas.

La guía dice que no se debe cobrar el impuesto, pero en la práctica, las operaciones podrían aplicar al impuesto si no se hacen los trámites de acuerdo con las disposiciones de la ley, su normativa y su guía.

Abansa asegura que en la mayoría de casos son empresas las que tienen que tramitar cuentas especiales y declaraciones juradas para efectuar estas transacciones sin que les recaiga el impuesto.

Pero también habrá personas naturales que manejan más de $1,000 en sus transacciones que tendrán que hacer trámites lo antes posible para que no ocurran malos entendidos o se afecte la confianza con el cliente.

La gremial bancaria Abansa ha pedido a las autoridades que alarguen el plazo para comenzar aplicar esa ley o se les permita realizarlo de una forma escalonada, mientras sus sistemas informáticos se adaptan a esta retención.

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