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Panamá ratifica que PIB crecerá 6 %

El Gobierno de Panamá espera que el crecimiento económico sea mayor al del promedio de Latinoamérica.

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La ciudad de Panamá es una de las más competitivas de la región. | Foto por elsalv

PANAMÁ.- El crecimiento económico de Panamá en 2015 será del 6 %, por encima del promedio de América, con una inflación "insignificante" menor al 1 % y "vientos de cola importantes", informó ayer el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que su país ha recibido en los últimos meses un impulso económico favorable, como los precios más bajos de los combustibles, que le han permitido un ahorro en la factura petrolera de unos mil millones de dólares, que "se han destinado a la adquisición de productos con valor agregado".

Especificó que ya en el primer semestre de 2015 el incremento del producto interno bruto (PIB) era del 5.9 %, "un punto más arriba que en el mismo periodo de 2014".

Además el Canal de Panamá cerró el 30 de septiembre el año fiscal 2015 con un 8 % más de los ingresos presupuestados, o el turismo que crece cerca del 10 %, aunque la recaudación de impuestos de enero a septiembre pasado estaba unos 120 millones de dólares mas abajo de lo previsto.

De la Guardia también adelantó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fijó para enero próximo la visita que hará a Panamá para ver los avances en el cumplimiento de las leyes para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva.

"Estamos muy cómodos -dijo- porque el GAFI ha reconocido los avances de Panamá en transparencia y esperamos la visita en enero para que se lleven la información que será entregada en la plenaria de febrero", y esperar que Panamá sea retirada de la Lista Gris de países no cooperadores con la transparencia y persecución de esos delitos en esa cita.

El GAFI puso a Panamá en su lista en junio de 2014 producto de que la anterior administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) desoyó las recomendaciones que en 2012 le hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) de elevar con nuevas leyes y tipificación de delitos precedentes el combate al blanqueo de capitales.

De la Guardia se refirió al asunto durante la presentación de los proyectos de Cuenta Única del Tesoro y adopción de la plataforma tecnológica de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental, el primer proyecto en América Latina de este tipo que se hace a nivel de todo un Estado.

La plataforma, bautizada ISTMO, fue desarrollada por las firmas SAP (Alemania) y Oracle (EE.UU.) y adquirida por Panamá en 2011 por unos 18 millones de dólares a través del consorcio formado por la española Informática El Corte Inglés (IECI) y la mexicana Ayesa, que ganó la licitación para su instalación, mantenimiento y entrenamiento de personal, con un contrato que se prolongará hasta 2018.

Esta plataforma unificará el control "transparente" y en "tiempo real" del manejo de los recursos del Estado, "previniendo" cualquier indicio de corrupción y contribuyendo a una mejor evaluación del Estado panameño en ese sentido ante el GAFI o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), explicó a Acan-Efe la directora Nacional de Contabilidad del MEF, Aracelly Mendez.

Con la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que aprovechará la ISTMO, se unificará 5.364 cuentas corrientes que tiene instituciones del Estado en el Banco Nacional de Panamá, con lo que se logrará ahorros de hasta unos 50 millones de dólares al año, refirió De la Guardia.

Además, contando con el control real del flujo de efectivo, que alcanza 3.000 millones de dólares, Panamá podrá ahorrarse los intereses que paga por financiamientos para proyectos utilizando esos recursos, o realizar inversiones en valores de hasta un mes de plazo que le redundarían en ingresos adicionales, de acuerdo con la directora de Tesorería del MEF, Marianela Broce de Arango.

Ambos proyectos marchan paralelamente, por fases y se espera que estén totalmente aplicados en el Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas entre 2016 y 2019. ACAN-EFE

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