Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Gobierno con retrasos de pago a constructores

Casalco: el traslado de fondos se hace luego de 90 días

La falta de pago condiciona la dinámica de pequeños y medianos constructores. foto edh/archivo

La falta de pago condiciona la dinámica de pequeños y medianos constructores. foto edh/archivo

La falta de pago condiciona la dinámica de pequeños y medianos constructores. foto edh/archivo

Al problema de pago del Gobierno con diferentes proveedores escolares y farmacéuticos sigue la lista del sector constructor, que ha tenido dificultades en recibir la cancelación de pequeñas y medianas obras con retrasos de hasta 90 días.

Este impago de contratos viene a complicar el panorama a mediano plazo porque, según la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), refleja de forma significativa el estancamiento del 0 % con el que se cerró el 2013 y se mantiene el primer trimestre de 2014 para dicho sector de la economía.

Carlos Guerrero, presidente de Casalco, indicó que según varios reportes de los afiliados a la gremial, el atraso se debe al traslado de Fondos Goes a diferentes instituciones, sobre todo municipalidades en todo el país y otras instancias descentralizadas.

"En constructoras pequeñas y medianas que trabajan con líneas de crédito de largo plazo los retrasos en los pagos significan problemas de capitalización y de financiamiento para lograr participar en licitaciones o terminar obras paralelas. Es un golpe muy significativo", detalló el líder gremial.

Aunque no precisó una cifra al respecto, Guerrero afirmó que afecta entre el 25 % y 30 % de los empresarios, sobre todo en la zona oriental del país, región donde Casalco reporta el mayor estancamiento para la construcción.

En este sentido el tener una baja inversión pública en proyectos como carreteras, escuelas e infraestructura hidroeléctrica, entre otros, ha deprimido el comportamiento del ramo, junto con la irregularidad en los precios de varios materiales de la construcción que se producen con el petróleo o sus derivados.

Pero además, señala Guerrero, el contar con una Ley de Agilización de Trámites que no se aplica (pese a su entrada en vigencia hace varios meses) sigue complicando los procesos de aprobación de los diversos proyectos, lo cual estanca a los grandes contratistas con sumas globales de entre $300 y $400 millones.

"La Ley tendría que estar reduciendo los procesos burocráticos a menos de seis meses, pero aún se está en una etapa donde incluso las instancias involucradas (Alcaldías, Obras Públicas y Medio Ambiente) están asimilando los mecanismos que ahí se definen. Pero eso nos quita competitividad como constructores", analizó Guerrero.

Casalco ha considerado en varias ocasiones que hasta el Ejecutivo es víctima de su propio aparataje burocrático porque, más allá de la actual cartera limitada de proyectos, los permisos, certificaciones y estudios de ley previos a una edificación, disminuyen en el 35 % la eficiencia del presupuesto para diversas construcciones.

Por ello la construcción solo se mantiene por un crecimiento que Guerrero califica como "vegetativo", es decir, a partir de la dinámica que manejan instituciones como el Fondo de Conservación Vial (Fovial) o el mismo Ministerio de Obras Públicas.

"Lo que el sector logra mantener son contratos rutinarios con algunos entes gubernamentales pero no surge un gran proyecto de inversión que nos dé más oxigeno y nos permita la diversificación, es un panorama que se debe cambiar para crecer", analizó Guerrero.

Reactivar licitaciones

Otro aspecto que Casalco subrayó es que después de la coyuntura electoral muchos proyectos de licitación aún se mantiene sin ejecutar o adjudicar, pese a que las empresas han ofertado y no se ha definido el ganador del proceso.

"En muchas alcaldías y algunas autónomas se está esperando la notificación. Son inversiones estancadas y reflejan de nuevo las excesivas trabas de la burocracia dentro del sector público", valoró Guerrero.

Este problema se está presentando en mayor medida en las comunas de municipios rurales donde, además del impago de contratos, no se definen contratos de construcción.

Por otra parte, la Cámara pide a la Asamblea Legislativa que acelere la aprobación de una Ley de Incentivos a las Tasas de Interés para reducirlas entre 0.5 % y 2 %, ya que con ello se otorga un "subsidio focalizado" que estimula la inversión. "Ya hay una propuesta, hay varios modelos pero los diputados no definen cómo se pueden involucrar la mayoría de sectores, incluso bancos", puntualizó Guerrero.

Lea además
Abrimos este espacio para el fomento de la libre expresión, que contribuya al debate y a la crítica constructiva. Te invitamos a hacer buen uso y a leer las normas de participación