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Discuten ley para estabilidad jurídica

b Diputados se reunieron ayer con la Mesa de Acceso a Mercados y Promoción de Inversiones, en la Asamblea

La reunión entre los representantes de la AMPI y los diputados de la Comisión de Economía tuvo lugar entre las 10:00 y las 11:30 de la mañana de ayer. Foto EDH

La reunión entre los representantes de la AMPI y los diputados de la Comisión de Economía tuvo lugar entre las 10:00 y las 11:30 de la mañana de...

La reunión entre los representantes de la AMPI y los diputados de la Comisión de Economía tuvo lugar entre las 10:00 y las 11:30 de la mañana de ayer. Foto EDH

Los diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa escucharon ayer la propuesta de reformas al anteproyecto de ley de estabilidad jurídica para las inversiones, a la que han denominado "LEJI", que está siendo impulsada por la Mesa de Acceso a Mercados y Promoción de Inversiones (AMPI).

La investigadora senior del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) Marjorie de Trigueros encabezó, junto al analista económico Luis Membreño, la comitiva que expuso ante los legisladores el anteproyecto de ley, el cual plantea ocho reformas concretas (ver recuadro) al borrador.

De Trigueros detalló que la primera de esas ocho reformas consiste en: acompañar el marco normativo de una exposición de motivos que expliquen por qué es importante para el país la ley de estabilidad jurídica para que cuando exista duda sobre el articulado puedan ser revisado el espíritu o la razón de ser de la ley.

En segundo lugar, la propuesta sugiere que no se coloque un candado innecesario al limitar la legislación a sectores específicos, puesto que para ello habrá primero un análisis técnico minucioso de cada solicitud de estabilidad jurídica antes de que sea aprobada cualquier inversión en ese marco.

Además, como tercer punto, propuso tener en cuenta que no solo pueden ser estabilizados aspectos tributarios, regímenes aduaneros y migratorios y el tema de la repatriación de utilidades, sino también otros aspectos que se refieran a procedimientos administrativos, como temas de facilitación de trámites y reducción de la burocracia.

La investigadora también destacó la importancia de incluir en los contratos de inversión acogidos bajo la LEJI las causales de terminación de contrato, para que quienes suscriban estén advertidos sobre esas condiciones.

En ese mismo sentido, pidió en nombre de la AMPI que se especifique que los inversionistas tienen la obligación de invertir lo acordado, que al haberse abocado a una ley de estabilidad jurídica deben cumplir con lo que se han comprometido con el Estado.

Una quinta reforma se refiere a fijar el monto de inversión más accesible, en $1 millón y no en $2 millones como se había estipulado en propuestas anteriores.

Otra de las reformas plantea delegar en el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, Proesa, toda la responsabilidad de los contratos enmarcados en la estabilidad jurídica.

En otras palabras, Proesa no solo se encargaría de evaluar y aprobar dichos contratos, sino de suscribirlos en calidad de representantes del Estado y además llevar un registro público de los mismos.

La Ley contra Lavado de Dinero y Activos también fue tomada en cuenta como parte de las reformas a la LEJI. De Trigueros solicitó que sea un requisito que los aspirantes a inversionistas expliquen el origen de los fondos que pretendan invertir en el país en una declaración jurada para evitar corrupción y el cometimiento de ilícitos.

La última reforma y la que generó amplia discusión entre los diputados es la que habla sobre que los contratos que se acojan a la LEJI deberán especificar un rango del número de empleos que estiman van a generar.

El diputado efemelenista Rodolfo Martínez, hizo énfasis en la importancia de que la LEJI garantice la generación "empleos decentes", bien remunerados.

El diputado del ARENA, Edwin Zamora, cuestionó sobre por qué no fijar la cantidad de empleados, a lo que de Trigueros explicó que eso dependerá de la inversión y de los distintos sectores productivos.

Como último punto, la AMPI busca reducir de un año a seis meses el tiempo límite para aprobar o denegar un contrato.

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