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Dicom se amparará en tratado del CAFTA

La empresa dijo en un comunicado que buscará ampararse en el capítulo 10 de TLC regional

El cierre de las operaciones de Equifax fue ordenado por la Superintendencia del Sistema Financiero el pasado 28 de octubre. La empresa mantuvo abiertas sus oficinas hasta el final de sus labores de ese día. Foto EDH / Archivo

El cierre de las operaciones de Equifax fue ordenado por la Superintendencia del Sistema Financiero el pasado 28 de octubre. La empresa mantuvo abiertas sus oficinas hasta el...

El cierre de las operaciones de Equifax fue ordenado por la Superintendencia del Sistema Financiero el pasado 28 de octubre. La empresa mantuvo abiertas sus oficinas hasta el final de sus labores de ese día. Foto EDH / Archivo

La empresa Equifax S.A. (antes Dicom) divulgó la tarde de ayer un escueto comunicado en el que le advirtió a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que buscará ampararse en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos, comúnmente conocido como CAFTA-DR, para revertir la decisión de la SSF que le negó la autorización para funcionar en el país como agencia de información de datos y le ordenó el cierre de operaciones.

Según reza el documento, "las acciones de la Superintendencia del Sistema Financiero son contradictorias con las obligaciones que posee El Salvador en el marco del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Con base en ello y para proteger sus inversiones, Equifax ejercerá sus derechos en virtud del capítulo 10 de dicho tratado".

El capítulo 10 del CAFTA está dividido en tres secciones sobre Inversión, Solución de Controversias Inversionistas-Estado y Definiciones (ver recuadro).

La empresa, no obstante, no detalló en cuál de los casi 30 artículos que contiene ese capítulo 10 se va a amparar. Al parecer, aún no lo tienen bien definido, se expresó desde la agencia que le lleva las comunicaciones a Equifax.

"Seguimos abiertos a solucionar la situación actual a través de un diálogo transparente con las autoridades reguladoras; sin embargo, mientras tanto, debemos tomar todas las medidas necesarias y haremos uso de todos los recursos legalmente establecidos para proteger nuestros activos y a nuestros empleados, sirviendo, además, a los mejores intereses de nuestros clientes y a los consumidores en el país", asegura el comunicado.

Expertos consultados por El Diario de Hoy manifestaron que el cierre de operaciones de Dicom podría significar "el primer intento de expropiación de activos de una empresa americana" y "viola los acuerdos del CAFTA".

El Gobierno estadounidense, a través de sus portavoces en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, manifestó la semana anterior que se encuentra muy pendiente de los pormenores del cierre del buró crediticio.

"Estamos siguiendo de cerca la situación entre Equifax y el Gobierno de El Salvador, esperamos que se llegue a una resolución constructiva de acuerdo a la ley", se manifestó desde el Departamento de Comunicaciones de la sede diplomática.

Los analistas agregaron que Dicom ha funcionado en el país en las últimas dos décadas y que, por lo tanto, "están amparados bajo la Ley de Bancos, que ampara la contratación de un tercero (para obtener información de los datos crediticios de sus clientes y potenciales clientes) y que también están amparados bajo las distintas leyes en la medida en la que han ido evolucionando".

La SSF se ha abocado a la Ley de Regulación de Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, que entró en vigencia en octubre de 2011, y que en su artículo 39 advierte que "quedan derogadas todas las disposiciones legales que en cualquier forma contradigan o se opongan a la presente Ley".

Los expertos consultados por este periódico, por otra parte, aclararon que un buró crediticio está obligado, por la referida ley, a entregar su base de datos a la Superintendencia del Sistema Financiero cuando se retira, pero no cuando lo obligan a cerrar operaciones.

Mientras tanto, la Superintendencia se ampara en el artículo 17 de la referida ley, que establece que cuando una "agencia" cierra operaciones debe entregar su base de datos a la SSF, Equifax se niega a hacerlo, argumentando que nunca tuvo autorización para funcionar como agencia.

La misma SSF ha diferenciado entre una "sociedad especializada en la prestación de servicios de intercambio de datos" y una "Agencia de Información de Datos", de acuerdo con un comunicado oficial publicado la semana pasada en los rotativos de mayor circulación de El Salvador.

Otra de las advertencias de estos analistas financieros hace énfasis en la ausencia de un mecanismo seguro de resguardo de datos por parte de InfoRed, Agencia de Información de Datos recién aprobada por la SFF.

Según explicaron, dicha empresa "no tiene los mecanismos de custodio, tecnología, no cumplen los requisitos de ISO 27001 (estándares globales de custodia de tecnología); la base de datos no está toda junta, está residiendo en diferentes servidores y solo se puede juntar si se sientan a cinco distintas personas con sus códigos únicos y encriptados".

Sala Constitucional les valida, dice Equifax

Unas horas antes, Equifax S.A. había emitido otro comunicado de prensa en el que señaló que la aclaración emitida ayer, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, validaba los mensajes que había estado manifestando al público en general.

Los mensajes a los que se refiere la empresa de información crediticia son que la Sala de lo Constitucional nunca ordenó el cierre de Dicom.

Asimismo, que la sentencia de la Sala ordena a la Superintendencia fiscalizar que Dicom depurara su base de datos y darle un tiempo prudencial para hacer esa depuración, y que la sentencia aplica para las otras Agencias de Información que fueron autorizadas en el país después del cierre de Dicom.

"En vista de lo anterior, consideramos que la aclaración emitida por la Sala de lo Constitucional ratifica la necesidad de que la Superintendencia y el Gobierno reconsideren su decisión de cierre de Equifax y nos permitan seguir operando", concluye ese comunicado.

La Superintendencia ha argumentado que fueron "dos años y medio" los que tuvo Dicom como tiempo prudencial para solventar los requisitos que exige la Ley de Regulación de Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, pero que no lo hizo.

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