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Acción en penales debe ser coordinada

Según un experto en telefonía móvil, la reducción de señal en centro penales debe contar con una intervención conjunta de operadoras y Gobierno.

Los pandilleros de la 18 serían trasladados de Izalco a Zacatraz, pero un acuerdo con las autoridades anuló el movimiento.

Desde los centros penales se ordenan muchos crímenes usando dispositivos móviles.

Los pandilleros de la 18 serían trasladados de Izalco a Zacatraz, pero un acuerdo con las autoridades anuló el movimiento.

Un bloqueo eficiente de la señal de teléfono en centros penales requiere de la intervención de las compañías de celular y no solo del actuar del sector público.

El consultor y experto en espectro radioeléctrico, José Otero, también se refirió de esta forma a los esfuerzos para bloquear la comunicación de pandilleros dentro y fuera de los centros penales.

Según su criterio, las operadoras de teléfonos deben intervenir en la calibración de los bloqueadores de señal que se colocan en las prisiones.

Esto permitirá que sepan la intensidad necesaria para que los teléfonos no se puedan usar dentro de las cárceles, pero sin afectar a los usuarios en los alrededores.

Otero dijo que es una cuestión sencilla de comunicación o coordinación puesto que, en ocasiones, las empresas ni siquiera saben si los bloqueadores de señal están encendidos o apagados.

En marzo de este año se aprobó una ley especial contra las extorsiones, la cual contiene disposiciones sobre la señal de celulares.

Las empresas de telefonía criticaron que la norma carga toda la responsabilidad del bloqueo de la señal en el sector privado.

La ley además establece grandes multas si las operadoras no logran reducir la señal en los penales y alrededores. Las sanciones incluso contemplan la suspensión de permisos de operación a las compañías que insistan en mantener una señal muy potente cerca de centros penales.

Estas empresas además han pedido que el Gobierno cumpla su parte con un mayor control de los objetos que ingresan a las cárceles. Pidieron también nuevas medidas que no impliquen afectar las comunicaciones a la población que vive en zonas aledañas a centros penales.

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