Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

En todas partes se cuecen habas: freno a la información

Informar y hacer noticias es importante para la buena salud de la democracia, sin embargo cada vez más hay voces autoritarias, muchas de ellas de izquierda en el poder, que ponen cortapisas a la libre comunicación

En el periódico catalán, “La Vanguardia”, se consigna una noticia que muestra, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas; se trata de una vecina de Petrer, en Alicante, quien vio un coche de la policía local estacionado en un sitio reservado para personas con discapacidad.

Ni corta ni perezosa, la señora tomó una foto y la colgó en Facebook con el siguiente comentario: “aparcas donde te sale de los cojones y encima no te multan”. 

El comentario y la foto no duraron ni 24 horas en Internet, ya que fue eliminada al día siguiente de publicarse. La autora, quien colgó la información en su cuenta de Facebook, fue identificada de inmediato y la notificación de la sanción, sin tutela judicial, le llegó en “menos de 48 horas”, según consigna la noticia del periódico catalán, (http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150814/54434858655/multa-800-euros-fotografiar-coche-de-policia-mal-aparcado.html).

Los policías que estacionaron mal la patrulla, adujeron que recibieron una denuncia de vandalismo y que estacionaron en el primer lugar que vieron, pusieran una demanda contra la mujer, y por supuesto, fue condenada a pagar una multa de más de 977 dólares, según informa el diario local “Petrer al día” y que recoge en su edición del viernes “La Vanguardia”.

La multa tiene como base la recién aprobada “ley mordaza”, Ley de Seguridad Ciudadana, promulgada por el Partido Popular, en el poder y de derecha, que contempla como “falta grave” y sanción de 666 a 33,333 dólares “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto fundamental al derecho a la información”.

Acá en El Salvador, ha ocurrido algo semejante, aunque de dimensiones diferentes; antes de las vacaciones de agosto, en medio de la crisis del transporte público, paralizado por las amenazas hechas por las pandillas, el presidente de la República abandona el país rumbo a Cuba dizque para realizarse un chequeo médico. El partido de la oposición, ARENA, denuncia el hecho y revela detalles de las fechas de ida y regreso, los acompañantes e incluso el asiento en primera clase del gobernante. Indignado, el presidente y su equipo de gobierno, incluido el de comunicación y propaganda, se tiran de los pelos y piden a la Fiscalía inicie una investigación: “se han revelado datos que pueden atentar contra la seguridad del presidente”.

De inmediato, en el caso de El Salvador, surge una serie de interrogantes: ¿se reveló información privada, personal del gobernante?, incluso ¿se ha puesto en peligro la seguridad del jefe de Estado?

El tema da para mucho y, por supuesto, entiendo que pueden haber diversas respuestas que, sin duda, responden a visiones sobre lo qué es la información, el derecho a la información, a la libertad de expresión y el derecho de la población a ser informada. 

Amén de esto y los vericuetos de las posibles respuestas, hay al menos cuatro razones que deben primar: una, nadie debe pasar por encima de las leyes y las normas de la buena convivencia, sea esta la policía o el presidente de la República; dos, en España hay medios y una legislación que casi de inmediato pueden sancionar al que haga mal uso de las redes sociales, aunque esto implique irrespetar la libre expresión como en el caso de la denuncia contra policías infractores; tres, los funcionarios públicos son eso, funcionarios al servicio de la comunidad, de la población, del país y en cuanto tales, sus actuaciones, sobre todo oficiales u oficiosas, se convierten en información susceptible de ser noticia; la enfermedad de un presidente no solo es noticia, sino también información relevante para una nación, para la comunidad internacional; de lo que le sucede, dependen muchas decisiones y opciones en un país, y cuatro, en España, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina y en El Salvador, se promulgan leyes, cada vez más precisas para afectar, en forma directa, el derecho fundamental de la libertad de información, el derecho de la población a saber qué sucede y a estar debidamente informada.

Editor Jefe de El Diario de Hoy.
ricardo.chacon@eldiariodehoy.com