Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Por qué postulo para Fiscal General

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General

Hace catorce años, en julio de 2001, escribí en las páginas editoriales de El Diario de Hoy, un artículo titulado “La lucha es larga, comencemos ya”, en el que decía: 

“Quienes hablando de la delincuencia dicen ‘no se puede más, esto ya es invivible’, por desgracia se equivocan: puede ser peor y tendremos que seguir viviéndolo” (…) “Y las cosas serán tanto más graves, cuanto más tardemos en hacer lo que se debe, como se debe (…) El problema es tan grave y de tal complejidad y tamaño, que se requieren acciones coordinadas de carácter nacional para enfrentarlo. 

Los hechos me han dado, amargamente, la razón. Hoy día la situación sí es ya realmente invivible para muchos compatriotas ¡miles! que sufren tanto luto, que viven en temor permanente, que no pueden estudiar, trabajar ni progresar, que deben cerrar sus negocios, que no pueden ver a sus familiares en la colonia o en el cantón vecino, que deben dejar el país o, en fin, enfrentar la muerte en cualquier sitio, de cualquier forma, a cualquier hora, en cualquier día. Así, nuestro país está desintegrándose, se nos está yendo de las manos, estamos tocando fondo: hemos llegando al punto en que o salimos a la superficie y respiramos, o nos ahogamos en el fondo del pozo. 

La Fiscalía General de la República, ajustándose con eficiencia a su mandato constitucional, debe jugar un papel fundamental para superar la situación, pero necesita importantes cambios. Me postulo entonces para ser Fiscal General, porque tengo conciencia plena de la gravedad de la situación y porque puedo impulsar los cambios que la Fiscalía necesita.

En ese artículo de 2001, aclarando que “sin pretender [decir] la última palabra ni incluir los temas socio económicos de fondo”, propuse diez “grandes líneas de acción” que ahora resumo como aparecieron entonces:

“1. Compromiso nacional de recuperación de los valores cívicos y la probidad (…) una gigantesca acción de divulgación, promoción y reconocimiento de esos valores 2. Combate a la corrupción. (…) esclarecer públicamente el meollo de los numerosos y graves escándalos (…) perseguir y juzgar a sus responsables 3. Operación caminante: Patrullaje PNC/Ejercito a escala nacional con procedimientos claros. 4. Inversión y reingeniería en la FGR. 5. Tecnificación de la PNC. 6. Información estadística. (…) no existe un solo sistema fiable, 7 Reingeniería judicial. 8. Los programas de prevención social del delito (…) deben reforzarse con énfasis en la juventud. 9. Las leyes penales deben ser revisadas (…) con participación de todas las partes afectadas o involucradas. 10. Sistema penitenciario. (…) invertir esfuerzo y dinero para que las cárceles lleguen a ser instancias de readaptación. 

El artículo terminaba diciendo “Hemos perdido y estamos perdiendo tanto tiempo…” Han pasado desde entonces 14 años ¿Cuántas de esas propuestas conservan actualidad?

En el pasado, esa manera de enfocar las cosas y sus promotores fuimos ignorados. La profundidad de la crisis actual, así como la nueva configuración política e institucional del país, han abierto el espacio necesario para considerar un enfoque integral, técnico, razonado, participativo y de corto, mediano y largo plazo del problema. El Plan El Salvador Seguro, producido por Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es una buena muestra de ello. Ahora es necesario llevarlo a la práctica, y en esto la Fiscalía juega un papel estratégico, de primera línea: tiene tareas propias importantísimas, pero también tareas de colaboración e impulso del conjunto. La FGR no puede por sí sola realizar las acciones arriba enunciadas, ni siquiera todas las que tienen que ver con la prevención de la delincuencia y la rehabilitación del delincuente, pero por su enorme peso institucional, bien conducida, la FGR puede jugar un papel de coordinación, entendimiento y colaboración, como lo manda la Constitución, entre las instituciones del Estado involucradas.

Se requieren ideas nuevas y mucha experiencia. Ahora es posible aportar ambas y por eso me he postulado para Fiscal General.

La Fiscalía General de la República, con su mandato constitucional y legal de defensa de la legalidad, es el eje principal en torno al cual gira la institucionalidad del Estado. Bien conducida, la FGR puede contribuir, promover, impulsar y, en algunos casos, forzar, dentro del marco de la ley, a que las instituciones hagan lo que deben hacer. Hace veintisiete años vengo trabajando en construir institucionalidad; para citar solo algunas experiencias: FESPAD 1988-1999; CNJ 1999-2002; Haití 2006-2011; estudio Eficiencia del sub sistema de justicia penal PNUD 2007; proyecto Pro Transparencia y Excelencia Judicial F. Ford 2007 y, ahora, Superintendencia de Competencia, de 2011 a las fecha. Porque he acumulado con solvencia esas y otras experiencias me postulo para Fiscal General. 

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General.
 

* Superintendente de Competencia.