Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Impunidad

La falta de castigo a los transgresores de la ley tiene que ver con la seguridad ciudadana, por supuesto, pero también con la justicia y la libertad. La impunidad socava como nada la posibilidad de vivir en sociedad

Uno de los requisitos imprescindibles para lograr una sociedad en la que se pueda vivir, en la que se supere ese estado primitivo de miedo a morir violentamente, a ser extorsionados, a ser atracados en la vía pública, es que cualquiera que abuse de sus derechos, de sus privilegios, de la libertad que le otorga el Estado para vivir entre sus iguales, no quede sin castigo. 

Pero aquí campea la impunidad. Las cárceles están llenas a rebosar –literalmente--, de reos no condenados. Si hablamos del delito más notorio, de los homicidios, y consultamos los estudios, uno se queda con la boca abierta, y el corazón helado, cuando constata que de acuerdo con varias fuentes, solo el cuatro por ciento de los casos, solo cuatro entre cien homicidios, alcanzan la etapa de condena o absolución del reo. 

La falta de castigo a los transgresores de la ley tiene que ver con la seguridad ciudadana, por supuesto, pero también con la justicia y la libertad. La impunidad socava como nada la posibilidad de vivir en sociedad, pues ese conjunto de condiciones kafkianas a las que paulatinamente nos habituamos: la imposición sin límites de los propios intereses, el avasallamiento de los derechos de los demás, empieza por deshacer los vínculos sociales, y termina por disolver a la persona misma, su dignidad y su humanidad. 

Como señala el Informe Sobre Desarrollo Humano 2013 para nuestro país: “Al desigual acceso a las oportunidades se suma la sensación de desprotección generalizada, ya que las diversas formas de violencia coartan hasta el más elemental ejercicio de ciudadanía”.

Es interesante destacar que ese informe no se refiere exclusivamente a los delitos de corrupción llamados de “cuello blanco”, que tanto eco tienen estos días en nuestro país, por las acusaciones cruzadas (los partidos de izquierda contra políticos de derecha, y viceversa) contra ciudadanos que han ejercido, o ejercen cargos de importancia en el Gobierno; sino que en su análisis engloba preferentemente el drama que la gente común y corriente, los salvadoreños que luchan por ganarse la vida día a día, los más necesitados y los más jóvenes, que sufren diariamente al poner un pie en la acera, y algunos, incluso, en el interior de sus hogares. 

Para ejemplo, nos sirve una cita del informe mencionado: “En escuelas con presencia pandilleril, ser miembro de una pandilla es garantía de formas negativas de estatus, y de impunidad. Según el alumnado y el cuerpo docente, las reglas escolares se manejan discrecionalmente dependiendo de quién sea el estudiante. Para los no afiliados a pandillas, las opciones son pocas: ser bueno no compensa, ser transgresor proyecta beneficios porque se pasan las materias o se gana, a punta de amenazas, cierta forma de respeto. Un joven afiliado a las pandillas revive el diálogo con uno de sus maestros de la siguiente forma: - Yo le decía: ¡mirá wuacha (señal con las manos de MS), yo soy de la mara, hijueputa!; si no me pasás de grado te voy a venir a matar con todos mis amigos”. 
 

Impunidad y corrupción van de la mano, se potencian mutuamente. ¿Qué va a ser de esos niños, niñas y adolescentes, que crecen en un ambiente de impunidad y abuso generalizado? ¿Quién defiende a los que venden pan en los barrios y colonias, los usuarios de los buses, los trabajadores honrados?

Está muy bien gritar y manifestarse contra la corrupción y pedir que uno o varios ex presidentes, ministros o personeros públicos sean procesados por corruptos. Pero tengamos cuidado que el relumbrón de esos casos no nos haga olvidar que en el fondo, más que la corrupción, el verdadero enemigo público al que debemos enfrentarnos es la impunidad.


*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare