A la puerta de su vivienda, cinco adultos de una misma familia comparten unas torrejas y café. Son las 5:00 pm. Las calles casi silenciosas de la colonia 22 de Abril, a las afueras del municipio de Soyapango, dan una sensación de tranquilidad en el lugar, una experiencia que hace un año se podía tener, pero con mucha cautela, debido a que la Mara Salvatrucha (MS-13), que delinquía en esta comunidad, siempre merodeaba por sus calles y pasajes.
“Podíamos estar reunidos, pero siempre estábamos pendientes de cualquier movimiento, encerrarse o salir corriendo. No se sabía”, cuenta Alfredo (nombre ficticio por razones de seguridad), quien había llegado a visitar a sus familiares en la colonia 22 de Abril.
En las paredes de viviendas o muros a la entrada de esta estigmatizada comunidad ya no se observan los grafitis de la MS, ahora hay imágenes de expresión artística o mensajes como “Busca la paz”. “Está bastante tranquilo”, afirma este hombre.
Tras un año de aprobado el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, y sus posteriores extensiones, en esta colonia considerada una de las “zonas rojas” en Soyapango, parece que respira otro aire. Un día después de la aprobación del estado excepción por parte de la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue policial y militar en varias colonias del país con presencia de pandillas, entre ellas la 22 de Abril.
De acuerdo a vecinos de esta comunidad, acá ya no hay pandilleros. Los vecinos aplauden la medida, pero entre ellos hay quienes están “50-50”. “Está más tranquila, pero hay muchos que han resultado afectados”, señala Carlos (nombre ficticio) en referencia a las capturas arbitrarias, a los abusos de autoridad e irrespeto a derechos humanos denunciados por las víctimas y registrados por diferentes organizaciones.
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En ese sentido, la organización Human Rights Watch (HRW) reveló, el pasado 27 de enero, que el acceso a una base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública “permite corroborar graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” como “violaciones masivas al debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muertes de personas bajo custodia en El Salvador”.
En diciembre de 2022, HRW junto con Cristosal publicaron que muchas de las detenciones se han realizado sobre la base de la apariencia física o porque las personas vivan en comunidades de bajos ingresos o controladas por pandillas o bajo evidencias cuestionables como llamadas anónimas y denuncias en redes sociales.
De acuerdo al sondeo de opinión realizado a 1,273 salvadoreños en diciembre de 2022 y publicado este 27 de marzo por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, el 2.2 % afirma que fue maltratado físicamente por la Policía; en tanto que el 1.2 % , que lo fue por algún miembro del Ejército.
“Ese es un problema también, que las autoridades se sobrepasan”, señala Mario (nombre ficticio), quien desde hace 35 años reside en la comunidad Iberia, al oriente capitalino, otra de las colonias “rojas” donde operaba fuertemente la MS. Aquí la pandilla imponía que, por ejemplo, debían comprar pan solo en el negocio vinculado a su accionar delictivo; si alguien no lo hacía era amenazado de muerte él o ella y su familia.
“Yo siempre veía que pasaban (pandilleros), pero para uno es mejor hacer como que no mira, para evitar problemas”, comenta Claudia (nombre ficticio por razones de seguridad), una vecina de la misma comunidad. “Aquí hay que saber vivir. Si uno no se mete en nada ni con nadie vive bien, pero el que se anda metiendo en algo sí va a salir fregado”, agrega Mario, a la vez que asegura que aún con el régimen de excepción, residir en esta comunidad “sigue siendo lo mismo”.
Para los habitantes de la Iberia que han soportado la violencia y el acoso de la delincuencia por muchos años, los abusos de autoridad de la Policía o del Ejército son vistos como “lo normal”. “El régimen viene, hay unos soldados y policías que les pegan a los cipotes, pero eso aquí es normal. ¿Y que no siempre lo han hecho, pues?, dice con resignación.
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“Un par de balazos y se acaba esta plaga”, le dijo un policía a Claudia cuando ella le preguntó por qué había interceptado a su hijo adolescente para interrogarlo y revisarlo.
Cercos militares
Aun con estos y otros testimonios, la encuesta del IUDOP detalla que 78 de cada 100 salvadoreños opinan que los cercos militares ayudaron a reducir el crimen en el país. Curiosamente, el 62.3 % de las personas que estuvieron expuestas directa o indirectamente a abuso policial o militar opinó que los cercos militares eran muy necesarios.
“Se han llevado a todos (los pandilleros) de aquí, un montón de los que son y de los que no eran”, indica Claudia. “Los soldados están preparados para una guerra, no tienen maneras de tratarlo a uno”.
Si bien 88 de cada 100 encuestados por este instituto indicaron sentirse seguros en su lugar de residencia, esta seguridad ha quedado relegada a tener que someterse a violación de derechos humanos y abusos de autoridad.
“No podemos vivir así todo el tiempo. La cuestión no es la ley del miedo, los jóvenes van creciendo y lo ideal es que crezcan con otra mentalidad no con la mentalidad de que ‘si veo a un uniformado me va a pegar’”, manifiesta esta mujer.
El IUDOP resume que al cierre de 2022 la seguridad es una de las áreas mejor evaluadas por la población. “El Gobierno debe tener un plan de seguridad que ya quede vigente y que se hagan las cosas con justicia”. De regreso a la colonia 22 de Abril, Alfredo da un último bocado al platillo típico, guarda silencio unos segundos y piensa en voz alta: “ojalá que esta tranquilidad que se siente perdure, eso es lo que queremos la mayoría de los salvadoreños”