Hoy se cumple un año desde que fue ordenado el régimen de excepción por el presidente de la República Nayib Bukele, tras una matanza de 84 personas en solo tres días. Según investigaciones del periódico digital El Faro, esto fue el resultado de la ruptura del pacto entre las pandillas y el gobierno actual.
En un año, el gobierno ha llevado a la cárcel a 66,292 personas a las que acusa de ser de pandillas o vinculadas a éstas, pero ha tenido que liberar a por lo menos tres mil de ellas tras no poder probar las acusaciones, en tanto que otras 73 habrían muerto en prisión o bajo custodia policial hasta noviembre, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Se habla de más seguridad en las comunidades, pero a costa de la suspensión de libertades y violación de derechos humanos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos investiga más de 4,000 denuncias de capturas ilegales y otros abusos al amparo del régimen, en tanto que organizaciones sociales plantean un similar número de casos llegados a sus registros.
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Representantes de organizaciones sociales aseguran que prorrogar el régimen de excepción —que restringe libertades de circulación y asociación, así como garantías judiciales y el debido proceso— ya no es justificable, debido a que las mismas autoridades de seguridad aseguran que “han recuperado el control de la seguridad a nivel nacional”.
Residentes de territorios que antes vivían bajo el control total de las pandillas, expresan que ahora tienen mayor tranquilidad desde que los pandilleros fueron enviados a prisión. “Mire, ahora está más tranquilo porque ya no se ven los bichos, antes ellos mandaban aquí”, dice una habitante de la colonia La Campanera, mientras observa que sus vecinos no la escuchen, porque uno de los mayores temores es que esa “tranquilidad” termine.
¿Es legal el régimen?
Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, considera que a un año, desde que fue implementado el régimen, este ya no tiene fundamentación o sustento legal. “Un régimen de excepción es un mecanismo constitucional extraordinario para responder a una situación extraordinaria de grave alteración del orden público” para que el Estado de manera temporal utilice medidas extraordinarias para controlar la situación, explica.
Ábrego sostiene que en el caso de El Salvador se aplicó el régimen debido a esa alza de homicidios que llevó a una matanza de más de 80 personas en solo tres días, pero es totalmente contradictorio que a un año este aún se mantenga, considerando que el gobierno asegura que hay una reducción de homicidios e incluso que ha eliminado el problema de las pandillas.
“Este país ya no le pertenece a los pandilleros, extorsionistas y criminales que vivían a costa del fruto del trabajo de los salvadoreños de bien. El control del territorio salvadoreño ahora le pertenece al Estado”, aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el 12 de enero de este año en su cuenta de Twitter.
Violaciones a derechos
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Para Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el gobierno mantiene el régimen de excepción ante la ausencia de política de seguridad pública.
“En El Salvador brindar seguridad es una función ordinaria del Estado, combatir la delincuencia; pero si para ello se mantiene un régimen de excepción durante tanto tiempo, es porque no hay una política ni un diseño de una estrategia para combatir eficaz y eficientemente la delincuencia y la criminalidad”, aseguró.
Por otra parte, el representante de Fespad consideró que el régimen de excepción no puede ser considerado un éxito ante varias escenas de muertos en centros penales, cientos de personas detenidas arbitrariamente e ilegalmente y una gran cantidad de violaciones a derechos humanos. “Eso no puede calificarse como un éxito de un régimen de excepción”, aseguró.
Desde que inició el régimen hasta el 15 marzo de este año, los medios de comunicación y organismos de derechos humanos documentaron 112 muertes de personas bajo custodia del Estado, entre hombres, mujeres y adultos mayores. De los 112 casos, solamente en dos había registro en la internet que demostraba que eran integrantes de pandillas. Según las denuncias de organizaciones sociales, estas muertes pueden estar relacionadas a torturas, malos tratos y la violación del derecho a atención médica y acceso a medicamentos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había registrado las denuncias de 73 muertos en prisión o bajo custodia policial hasta noviembre 2022.
En cuanto a las capturas arbitrarias, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró en un programa televisivo, que 3,313 personas capturadas habían sido liberadas hasta el 3 de enero, debido a que no se pudo establecer su vínculo con las pandillas.
Desde ese día hasta el 23 de marzo, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) ha publicado los nombres de 318 personas liberadas, totalizando 3,631.
Sin embargo, este número puede ser más alto, debido a que el representante de Movir, Samuel Ramírez, explicó que no le es posible conseguir todos los nombres, solo algunos.
¿Por qué lo aprueba la población?
Juan Carlos Torres, director de la Maestría en políticas para la prevención de violencia y cultura de paz, de la Universidad Don Bosco de El Salvador, considera que el fenómeno de violencia pandilleril en el que se encontraba el país era tan complejo y complicado de solucionar, que se ha requerido un año de vivir bajo un régimen, en el cual los salvadoreños sacrifican ciertos derechos humanos, a cambio de vivir un poco más seguros, tal como lo muestran las estadísticas de homicidios.
El académico también considera que la población ha aceptado vivir así y que incluso ha premiado con el respaldo y apoyo político al gobierno, por haber prolongado ese régimen de excepción, tal como lo reflejan las estadísticas de popularidad del presidente Bukele.
Torres recuerda cómo gobiernos anteriores implementaron este mismo régimen, pero con resultados poco efectivos. El especialista se refiere a las “guerras a las pandillas” implementadas con el plan “Mano dura” en el gobierno de Francisco Flores y el plan “Súper mano dura” durante la administración de Tony Saca.
“Cabe destacar que la seguridad pública que implementa el gobierno estaba basada en la seguridad defensiva que se encarga de la seguridad territorial o militar, esta tiene como fin la represión y el control del delito desde el sistema de justicia”, enfatiza.