El Socorro Jurídico Humanitario presentó recientemente un informe sobre las muertes registradas de personas bajo custodia del Estado, tras ser capturadas durante el régimen de excepción que inició desde el 27 de marzo del año pasado y que sigue vigente hasta la fecha, a través de once prórrogas.
El estudio revela que de los 126 casos documentados por esa institución humanitaria, 31 murieron antes de cumplir un mes en detención, seis murieron después de dos meses en prisión, seis tras pasar tres meses en la cárcel y los siguientes pasaron entre cuatro y 11 meses.
Uno de los casos documentados por El Diario de Hoy es del músico y agricultor Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, quien fue capturado el 3 de abril, pero solo 15 días después sus familiares fueron notificados de su deceso.
El joven murió en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate después de que fuera trasladado en un pick up en condiciones graves desde el penal de Izalco.
El cadáver del joven fue entregado a la familia junto a un documento en el que se especifica que la causa del fallecimiento fue “hipertensión” y “muerte súbita”.
Sin embargo, las fuertes dudas sobre la muerte de Elvin llevaron a la familia a revisar el cuerpo de su ser querido y descubrieron que el joven tenía moretones en la espalda, probablemente producto de una golpiza.
Según declaraciones de Stanley Quinteros, representante del Socorro, el 48% de los cuerpos de las personas muertas presentaban señales de violencia, a pesar que la documentación de Medicina Legal indicaba como las causas de la muerte: edema pulmonar o paro cardiáco.
“En pocos de estos casos se hizo la debida inspección y reconocimiento por delito de homicidio, mientras que la gran mayoría los hicieron parecer fallecimientos por Covid-19 o les entregaban los cadáveres en ataúdes sellados”, señala el informe.
Para la elaboración del estudio el Socorro realizó entrevistas a los familiares quienes proporcionaron los diagnósticos (autopsias) de Medicina Legal, fotografías y datos que detallan las posibles causas de la muerte, indica el documento.
El informe establece como supuestas causas de muerte en 60 casos: tortura y tratos crueles e inhumanos por parte de custodidos de centros penales, riñas internas y golpizas por parte de la Policía Nacional Civil o Fuerza Armada en el momento del arresto.
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Amenazas a familiares
Los representantes del Socorro denunciaron que además los familiares fueron amenazados por las autoridades para que se quedaran callados ante la muerte de su pariente bajo custodia del Estado.
“Es triste escuchar que un campesino cuando va a retirar el cadáver a Medicina Legal es amenazado por las autoridades, les dicen que tienen prohibido abrir la caja sellada porque si no los van a meter presos”, denunció Quinteros.
Por otra parte, el Socorro contabiliza cuatro casos de personas que murieron bajo custodia del Estado y fueron enterradas en fosas comunes, sin que sus familiares fueran informados por las autoridades correspondientes.
El Diario de Hoy documentó el caso de Henry Eleazar Joya Jovel, de 45 años, murió el 8 de mayo de 2022 y fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja, de San Salvador, pero con el nombre de Enri Cuéllar Jovel.
Sus familiares se enteraron de su muerte hasta el 19 de septiembre, cuando su hermano debido a que no le daban información de él, decidió ir a Medicina Legal.
El nombre de Henry no aparecía en la lista de personas enterradas en una fosa común, pero cuando el hermano pidió que le mostraran las fotografías de los cadáveres sepultados, reconoció a Henry, que había sido enterrado el 8 de julio bajo otro nombre.
De acuerdo con la familia, Henry fue capturado el 21 de abril en la colonia Luz, en San Salvador; bajo el régimen de excepción, por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, pertenecer a pandillas. Pero Jesús Joya, hermano de la víctima, asegura que su hermano no era ni por cerca ningún miembro de las pandillas.
“Él no era una persona normal, padecía de amnesia y hablaba incoherencias, pero en la colonia Luz todos los vecinos lo querían porque era bien servicial, era bien obediente”, afirmó Jesús Joya.
¿Qué es el Socorro Jurídico Humanitario?
El Socorro fue creado a partir de las denuncias de capturas arbitrarias que surgieron con la implementación del régimen de excepción, el cual brinda ayuda humanitaria y legal a personas de bajos recursos. Desde su formación han realizado campañas de entrega de víveres y han representado legalmente a familias que no pueden pagar un abogado.
El encargado del Socorro aclaró que el trabajo de esa organización es estrictamente para personas que tienen familiares capturados, pero que se ha demostrado que no tienen ningún vínculo con pandillas.
“Como Socorro Jurídico Humanitario no defendemos pandilleros, no defendemos estructuras criminales, ese es uno de los requisitos para atender a los familiares”, especificó.