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Organizaciones sociales registran 5,082 vulneraciones a derechos humanos en régimen de excepción

Al cumplirse un año del régimen que decretó el Gobierno, siete entidades de la sociedad civil reportan acosos, abusos de autoridad, intimidación y más

Por Graciela Barrera | Carlos López Vides | Mar 27, 2023- 11:58

Siete organizaciones de la sociedad civil, vigilantes de la no vulneración a los derechos humanos de la población en el país, informaron este lunes en conferencia de prensa que han registrado 4,723 casos donde personal del Gobierno en materia de seguridad han afectado los derechos de la población, para un total de 5,082 víctimas directas, durante el primer año del régimen de excepción en el país.

Dichas organizacions son: Azul Originario, AMATE, Cristosal, FESPAD, IDHUCA, Red Salvadoreña de Defensoras y SSPAS.

Entre los datos más crudos de este informe, resalta que 111 personas han fallecido después de ser detenidos y bajo custodia del Estado.

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En cuanto a la distribución geográfica de estas vulneraciones a derechos humanos, el departamento con más casos ha sido San Salvador, con un total de 1,897 víctimas. Le siguen La Libertad, con 566 y Sonsonate, con un total de 462.

El informe incluye las condiciones de salud de personas detenidas en el marco del régimen de excepción, el cual inició el 27 de marzo de 2022, después de una ola de asesinatos que duró 72 horas en el país. El reporte de estas organizaciones apunta las siguientes personas con afectaciones: 87 con condiciones cardíacas, 72 con diabetes, 38 con enfermedades respiratorias, 30 con enfermedades renales, 24 con afecciones neurológicas, 22 reportadas como "otras"; 20 con enfermedades del sistema digestivo, 16 con padecimientos mentales o psiquiátricos, 7 VIH positivos, cinco con problemas de tiroides y tres en condiciones ginecológicas.

Más de 80 casos de muertes, de personas detenidas durante el régimen de excepción, han sido registradas por organizaciones. Foto EDH / Archivo

Estas y otras agrupaciones de derechos humanos han manifestado, a lo largo de este año, que el Gobierno ha mostrado desinterés en vigilar la situación médica de las personas detenidas en el régimen de excepción; esto ha llevado a que muchas de ellas agravaran su condición de salud o, incluso, que perdieran la vida mientras estaban bajo custodia del Estado, en penales o cárceles.

En el informe se incluyó violaciones a la seguridad personal y al acceso a la justicia, con los siguientes números: 1,233 faltas al debido proceso; 104 hostigamientos y 161 intimidaciones por parte de policías o soldados, los brazos ejecutores del Gobierno en el estado de excepción, el cual limita una serie de garantías constitucionales, en teoría para combatir a las pandillas, pero donde también ha habido decenas de casos de personas capturadas que no tenían relación con los grupos criminales.

Así mismo, durante las detenciones y capturas en el territorio nacional durante estos 365 días de régimen de excepción, estas organizaciones civiles han registrado una serie de violaciones al derecho a la integridad. El reporte incluye: 211 casos de uso excesivo de la fuerza, 925 amenazas, 22 torturas, 402 tratos crueles, inhumanos o degradantes, 213 malos tratos y 147 lesiones.

El reporte incluye otra serie de hechos violatorios de los derechos humanos de las personas detenidas, más allá de que al final sean encontrados culpables o no de vínculos a las pandillas. Aquí se cuentan: 90 estigmatizaciones por tener tatuajes; 194 prácticas policiales y militares ilegales, lesivas a la intimidad; 48 casos de privación de alimentos, agua y artículos de higiene; restricciones de provisión de medicamentos; 692 casos de secretividad en los procesos; 46 exposiciones ilegales ante medios de comunicación; 16 violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad, donde hubo detecciones arbitrarias sin considerar su condición de discapacidad para brindarles protección; 34 violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes; cinco violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+; 169 casos donde se usó engaños para facilitar detenciones arbitrarias; y 30 acosos policiales.

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