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Socorro Jurídico registra 60 muertes en prisiones en lo que va del año

El penal de Izalco reporta el mayor número de decesos desde que inició el régimen de excepción.

Por Lissette Lemus | Jun 13, 2024- 14:42

Sepelio de Elvin Sánchez, quien murió bajo custodia del Estado. Foto/ Archivo

Un total de 60 personas han muerto bajo custodia del Estado desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 16 de mayo de este año, según los casos documentados por el Socorro Jurídico Humanitario, en el contexto del régimen de excepción.

Ante la falta de información pública oficial por parte de las autoridades gubernamentales, esa organización defensora de derechos humanos es la única que contabiliza los casos de personas que han muerto dentro de las prisiones de El Salvador. 

En lo que va del año, el mayor número de muertes se registró en enero con 21 decesos, mientras que en febrero se reportaron 18, en marzo 8, en abril 10 y en los primeros 16 días de mayo se registraron 4 casos. 

Sin embargo, para los integrantes del Socorro Jurídico hay un dato que llama la atención, durante las elecciones presidenciales y  legislativas, hubo periodos en los que no se tuvo información de ninguna muerte en las cárceles o bartolinas policiales, del 8 al 16 de febrero y del 27 de febrero al 18 de marzo. 

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que, luego de hacer un análisis de los datos, sospechan de que en esos periodos que coinciden con las elecciones se ocultaron las muertes ocurridas en las prisiones. 

“Hay sospecha que por ejemplo, que no los hayan llevado a los hospitales y los hayan dejado morir en centros penales y enterrados en fosa clandestina”, manifestó.

Esa organización asegura que el registro de muertes es realizado con base a la confirmación de los familiares de las víctimas quienes brindan su testimonio y documentación sobre la muerte de su pariente, por tanto es un subregistro que solo da una estimación de los casos.

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Escobar agregó que desde que inició el régimen de excepción hasta el 16 de mayo de este año, el Socorro Jurídico ha registrado 279 muertes en centros penales y bartolinas policiales.

Del total de muertes, 102 fueron registradas en 2022, 117 en 2023 y 60 hasta el 16 de mayo de este año. Sin embargo, tienen reportadas 23 muertes más que están por averiguar, de confirmarse serían 302 casos en total. 

Asimismo el informe brindado por esa organización detalla que del total de los muertos en penales, el 94% no tenía vínculos con pandillas, solamente 17 estaban perfilados como pandilleros activos o retirados.

El penal de Izalco sigue siendo el centro penitenciario en el que más muertes ha documentado el Socorro Jurídico, desde que inició el régimen. El informe señala que 105 decesos corresponden a reos que se encontraban en ese complejo penitenciario, mientras que en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot) solo han registrado un caso. 

Sospechas de tortura

En cuanto a las causas de muerte, Escobar sostiene que en el 40% de las muertes hay indicios de violencia o tortura, en un 31% hubo negligencia por falta de atención médica, en el 23% la causa del deceso es desconocido y un 6% corresponde a personas con enfermedades terminales. 

“Lo más grave de todo esto es que la gente no está teniendo acceso a las autopsias”, enfatizó la directora del Socorro Jurídico y expuso que hasta ahora como Socorro Jurídico solamente han tenido acceso a dos.

Escobar explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no está brindando esa información a las familias de los muertos, tampoco Medicina Legal. 

“Se tiran la pelota, a las familias, de Medicina Legal las mandan a la Fiscalía, de la Fiscalía los regresan a Medicina Legal y a veces hasta mandan a la gente a los hospitales a pedir la autopsia”, relató. 

A criterio de Escobar estas acciones por parte de las autoridades salvadoreñas incumplen con el Protocolo de Minnesota, el cual establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada, así como un conjunto común de principios y directrices para los Estados parte de  la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Según este protocolo “En los casos de muerte potencialmente ilícita, los familiares tienen derecho, como mínimo, a ser informados sobre las circunstancias, la ubicación y la condición de los restos y, si se hubiera determinado, sobre la causa de la muerte y la manera en que ocurrió”. 

La directora del Socorro Jurídico manifestó la semana pasada que durante una visita a la ONU denunciaron los primeros siete casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en los 27 meses de régimen de excepción, entre ellos la muerte por tortura del sindicalista José Leonidas Bonilla. 

“Él es un defensor de derechos humanos, él fue capturado por la denuncia de la corrupción en la administración pública en régimen de excepción”, expresó. 

Bonilla era sindicalista de la alcaldía del municipio de  Mejicanos y representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) y murió el 3 de septiembre de 2022, luego de permanecer seis meses bajo custodia del Estado, acusado por agrupaciones ilícitas.

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En enero de este año, el Socorro Jurídico en representación de la familia de Bonilla presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso por posibles actos de torturas en la muerte del sindicalista. 

“Nosotros tenemos la autopsia, la información de que él fue torturado y hay señales claras que esto es cierto (...) y queremos que con el aviso que venimos a poner,  la Fiscalía investigue este caso”, expresó en ese momento, 

Sin embargo, los denunciantes informaron que la unidad de delitos contra la vida de la Fiscalía General de la República se declaró incompetente de investigar la muerte del sindicalista. 

“Estamos hablando de la muerte de una persona que estaba bajo la tutela del Estado(...) nadie quiere investigar”, señaló Jayme Magaña, abogada del Socorro.

La última vez que el fiscal general Rodolfo Delgado se refirió a través de  los medios de comunicación sobre las muertes en penales fue en junio de 2023, cuando confirmó 142 muertes bajo custodia del Estado, pero aseguró que no había indicios del cometimiento de un delito. 

“Hemos comprobado científicamente las causas de la muerte y algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes. Hasta este momento, hemos encontrado que no hay un delito que perseguir por parte de la Fiscalía y los casos se encuentran archivados”, aseguró.

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