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Las familias que el régimen de excepción destruyó en el Bajo Lempa

La versión policial fue suficiente para que 18 personas fueran encarceladas, pero las evidencias apuntan que estos agentes podrían estar involucrados en fraude procesal.

Por Lissette Lemus | Abr 07, 2024- 21:55

La noche del 24 de abril de 2022 hubo al menos 18 capturas en el Bajo Lempa, Usulután. Se trató de campesinos, comerciantes, madres y padres de familias, hijos y nietos, a quienes la Policía les encontró dormidos o a punto de conciliar el sueño, pero la versión  policial asegura que estaban reunidos y que tenían vínculos con pandillas. 

Tras las detenciones, los acusados perdieron cultivos, gallinas, negocios, empleos y muchos días de convivencia familiar. 

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La versión policial fue suficiente para que todos los detenidos, sospechosos de ser pandilleros y colaboradores de las pandillas, fueran enviados a prisión por orden d e un  juzgado especializado de la zona oriental, tras una audiencia masiva. 

Las evidencias apuntan a que estos agentes podrían estar involucrados en fraude procesal. 

Al menos, tres de los afectados han tenido mayor suerte, aunque enfermos, han salido bajo medidas alternas a la prisión, mientras otros ya llevan casi dos años encarcelados, sin que sus familiares sepan con certeza cómo se encuentran y la única esperanza de que estén con vida está relacionada con el paquete que les llevan cada mes. 

Aunque los familiares sitúan los hechos la noche del 24, el relato policial detalla que en los primeros minutos del lunes 25 de abril, mientras realizaban un patrullaje fueron alertados por la población de en la calle principal de ciudad Romero, se encontraba un grupo de colaboradores de las pandillas, que al llegar al lugar les hicieron los comandos verbales, que estos se pusieron nerviosos, pero no opusieron resistencia. 

Las peticiones de amparo y denuncias de presuntas detenciones arbitrarias presentadas por los familiares ante las autoridades correspondientes, pone en entredicho esa versión. Para esta nota, se buscó al jefe del puesto policial de El Zamoran, pero dijeron que estaba en  una reunión. 

Al indagar sobre las detenciones, los testigos crean una línea de tiempo de cómo los fueron capturando uno por uno, sacándolos de sus viviendas. 

24 de abril de 2022, 9:00 de la noche: Dos ancianos en el abandono 

Las patadas de los agentes policiales intentando botar la puerta de la casa despertó a Samuel Ulises P. y a sus abuelos, dos ancianos de 73 y 63 años, a quienes él les dice mamá y papá porque vive con ellos desde pequeño. 

Cuando el joven abrió la puerta ya estaba encañonado por varios  policías, quienes rápidamente lo esposaron, lo sacaron y lo tiraron en la cama de una patrulla. 

“Se lo llevaron descalzo, desnudo, solo en calzoncillos”, recuerda su madre Alejandra, de 73 años. Su padre también se levantó de la hamaca en la que dormía, pero nada pudo hacer por su hijo, sino sólo ver cómo sangraba de la nariz tirado en el vehículo policial. 

Los ancianos preguntaron a los policías cuál era la razón para detener al joven. “Por el régimen”, fue la respuesta. “Pero si él no es delincuente”, se atrevió a decirles Alejandra. 

La anciana caminó varios metros por la calle oscura y polvorienta hasta el puesto policial con la esperanza que ahí le dejaran entregar ropa a su hijo para que se vistiera. 

“Aquí no hay permiso de ropa ni de nada señora”, le regaño uno de los agentes. 

Fue hasta la mañana siguiente, en las bartolinas de Usulután, donde pudo llevarle comida, una camisa y una calzoneta y los “sapos” blancos (chancletas), que exigen las autoridades. 

Los siguientes tres días, salió a las 6 de la mañana de la empobrecida zona del Bajo Lempa y regresó a las 6 de la tarde, para llevarle los tres tiempos de comida al detenido. 

El penal de Mariona fue el siguiente destino de Samuel. La anciana pasó tres días y tres noches bajo el sol y la lluvia afuera del penal, con la esperanza que, al no deber nada, su hijo fuera liberado. 

En una de esas noches un pelotón de antimotines llegó a dispersar con gases lacrimógenos a los familiares de los capturados que se habían aglomerado afuera de la prisión.

“Llegaron los antimotines tirando gas y nosotros tuvimos que salir huyendo a como diera lugar. Esos días fueron duros para mí”, relata 

Alejandra, mientras abraza una Biblia, que estaba leyendo previo a la conversación. 

Samuel era el que apoyaba económicamente a ambos ancianos, con lo poco que ganaba trabajando como jornalero, sembrando maíz, maicillo y zacate para el ganado. 

Los siguientes meses, los ancianos comenzaron vendiendo la leche de una vaca, luego vendieron el ternero y luego, de una en una, 40 gallinas que tenían, para poder comprar el paquete y pagar transporte para viajar hasta el penal de Mariona. Solo siete gallinas sobrevivieron. 

Samuel estuvo en prisión durante ocho meses, y fue liberado el 23 de diciembre de 2023. 

Asegura que salió debido al apoyo jurídico de la organización Cristosal. 15 días antes le realizaron la prueba del polígrafo. 

«Yo me hinqué en la calle, allá en San Marcos (Lempa) después de recibir la llamada, le dije Gracias Señor, la gente se me quedaba viendo como diciendo “esta señora está loca”». 

Alejandra que no sabe leer, ni escribir, por un momento dudó y pensó que se trataba de una broma, pero el representante del Comité de Familiares, marcó devolviendo la llamada para confirmar la información. 

La señora no tenía dinero para pagar un transporte que la trajera directo, pero con la ayuda de las organizaciones comunitarias, llegó cerca pasadas las 10 de la noche al Penalito, en San Salvador. 

Al recordar el momento, la anciana hace un esfuerzo para no llorar. “No lo conocía porque venía inflamado de todo el cuerpo, la ropa no le quedó, me lo tuve que traer envuelto en una cobija”, relata. 

Al salir, el joven aún enfermo tuvo que empezar a trabajar para conseguir los 15 dólares quincenales que gasta, para trasladarse desde el Bajo Lempa hasta un juzgado en San Miguel, donde está obligado a firmar, como medida alterna a su libertad. 

24 de abril a las 9:00 de la noche: Le preguntaron su nombre y se lo llevaron 

El padre de Irsan estaba descansando en una hamaca en el corredor cuando vio ingresar al solar, en El Zamoran, a varios policías y soldados. El señor se levantó para ver que  querían. 

“Está el muchacho”, le preguntaron los agentes. Su hijo estaba adentro de la casa mitad de ladrillo, mitad de lámina, viendo televisión, pero al escuchar las voces se asomó a la puerta. 

“¿Cómo te llamás?”, le preguntó uno de los policías. “Yo me llamo Irsan”, les dijo él. Ante eso el agente le dijo que saliera y lo esposó, sin leerle una orden de captura ni darle  explicaciones. 

Irsan A. M. tiene 37 años de edad, tiene doble nacionalidad porque nació en Panamá, pero sus padres son salvadoreños, quienes emigraron como refugiados debido al conflicto armado. 

Tras la captura, su padre se fue caminando hacia el puesto policial, que está a un kilómetro aproximadamente desde su casa, para pedir una explicación. 

“Vinieron unas personas y le pusieron el dedo que solo pasa fumando marihuana y haciendo problemas en la comunidad”, me dijo el policía. 

Sus padres niegan que sea así, pues desde hace dos años vivía en el Bajo Lempa donde se ganaba la vida realizando trabajos de jornalero todos los días para ayudarle económicamente a su hijo, un adolescente de 14 años. 

Los fines de semana le gustaba jugar fútbol, como lo hace la mayoría de los lugareños, ante la carencia de otro tipo de actividad de ocio. 

Un año después de la captura y al no tener respuesta de las instituciones locales ni de un habeas corpus presentado ante la Corte Suprema, la familia decidió contactarse con la embajada de Panamá para solicitar ayuda. 

Luego de eso, el capturado fue enviado al penal de Jucuapa, donde estarían albergando a la población carcelaria extranjera. Eso les alivia en el gasto de transporte. 

El padre de Irsan tenía una tienda pequeña, pero poco a poco se la fue terminando para los gastos generados en el proceso contra su hijo y para llevarle el paquete mensualmente. 

“Se me fue todo en eso de andar dando vueltas y como no tengo trabajo fijo”, explica el señor que sobrevive de una pírrica pensión de excombatiente. 

“En la Procuraduría me dijeron que habían hecho una prórroga del régimen y que iban a salir en el 2025. Tengo la esperanza que la Embajada haga algo, porque de las instituciones de aquí no tengo esperanza de nada”, dice el padre con resignación mientras descansa en la misma hamaca, cuando los policías llegaron a traer a su hijo. 

24 de abril de 2022 a las 9:30 de la noche: Tres menores sin madre 

Silvia Aracely H. estudiaba bachillerato a distancia y laboraba cocinando en un comedor de San Marcos Lempa. Cada 15 días se desplazaba a El Zamoran para llevar comida a  sus padres, ancianos de 79 y 66 años, y a sus tres hijos de 15, 11 y nueve años. 

Ese domingo, después de cenar, Silvia, sus padres y sus hijos se acostaron temprano, pero les despertó el bullicio que hicieron los policías cuando capturaron a Heriberto M. G, sobrino de Silvia, quien vivía en la casa de al lado, consta en un habeas corpus presentado ante la Corte Suprema por su madre Esperanza. 

Silvia y su madre se levantaron rápidamente a ver qué pasaba. Silvia preguntó a los policías por qué se llevaban a su sobrino alegando que es un joven trabajador. “Venite vos 

también”, le dijo el agente, la esposó y la subió a la patrulla, ante la mirada y el temor de los demás adultos y los niños que se quedaron llorando. 

Un pastor y un grupo de evangélicos que habían llegado a una casa vecina a orar por una persona enferma observaron cuando Silvia y su sobrino Heriberto eran subidos a  una de las patrullas policiales. A ninguno de ellos, les leyeron una orden de detención. 

¿Por qué se llevan a mi hija?, se atrevió a reclamarles la madre de Silvia. “A no señora, vaya a hablar con el gobierno, que el gobierno que nos manda a nosotros a llevar a su hija”,  le contestó uno de los agentes.

La detenida pasó tres días en las bartolinas de Usulután. Luego fue trasladada al penal de Ilopango, pero su familia no fue informada hacia donde la habían llevado. 

Ante la angustia, su madre salió un día después a prestar dinero para poder viajar hasta San Salvador para preguntar por el paradero de su hija en el penal de mujeres de Ilopango. 

Al mediodía había conseguido lo suficiente para viajar y aunque sabía que era muy tarde, no le importó y se fue hasta la capital. 

Al llegar al penal de Ilopango se encontró con un listado de nombres, pero ella no puede leer. Después de un rato un custodio se compadeció de ella y le confirmó que su hija ya estaba en ese penal. 

La señora compró lo que le alcanzó y entregó el paquete, pero por la hora ya no pudo regresar a su casa. Esa noche, se quedó sentada fuera del penal, hasta las cinco de la  mañana del día siguiente, hora que emprendió el viaje de regresó hasta la zona del Bajo Lempa. 

Silvia fue enviada de Ilopango hacia el penal de Apanteos, durante el traslado masivo en septiembre de 2022. “No sé si mi hija está viva, si mi hija está muerta, yo desconozco  aunque todos los meses voy a dejarle paquete”, se lamenta su madre. 

24 de abril a las 9:30 de la noche: El cumpleaños que finalizó en tristeza 

Había sido un día de felicidad para Edwin. Su hija menor cumplió dos años y lo habían celebrado compartiendo pastel y una piñata con otros niños y niñas; y se acostarían más tarde de lo acostumbrado, porque había estado abriendo los regalos. 

La familia integrada por dos adultos y dos menores usualmente se acostaba a las ocho de la noche, porque Edwin se levantaba a la 1:00 de la mañana para ir a Usulután a comprar la fruta y la verdura que vendía recorriendo en un pick up todas las comunidades del Bajo Lempa. 

A las 9:30 de la noche, un grupo de policías a bordo de dos patrullas llegó a la vivienda en el cantón Salinas de Sisiguayo, mientras él salía del baño sólo ataviado con una toalla. 

Cuando Edwin abrió la puerta los agentes lo esposaron inmediatamente, frente a su compañera de vida y sus dos hijos, de cuatro y dos años. La señora apenas alcanzó a tirarle un short para que no se fuera desnudo. 

Los policías no presentaron ninguna orden de captura, ni tampoco le explicaron a su familia por qué se lo llevaban, según consta en la petición de habeas corpus presentada ante la Corte Suprema por la familia de Edwin P., de 45 años. 

El comerciante tenía antecedentes penales no relacionados a pandillas, por los cuales había sido procesado hace más de diez años. Pero esta vez fue acusado de agrupaciones ilícitas. 

Su familia consideraba que su captura era arbitraria por lo que, con el apoyo del Comité de familiares del Bajo Lempa, ha luchado por su libertad. 

El 9 de mayo de 2023, en vísperas del día de la Madre, su mamá junto a unos 48 familiares de capturados más, integrantes del Comité, expusieron sus casos a la procuradora Raquel Caballero. 

Edwin pasó preso un año dos meses, hasta que la misma Fiscalía solicitó su libertad bajo medidas alternas a la prisión. Al salir pesaba unas 100 libras menos. 

24 de abril a las 10: 50 de la noche: Su hija dejó de llamarla “mamá” 

María ya se encontraba acostada junto a su esposo y su hija de cinco años, cuando varios agentes, cubiertos con gorros navarone, llegaron a su vivienda. 

Cuando los agentes ingresaron a la casa, luego de identificarla le pidieron que se cambiara de ropa, consta en una denuncia de captura arbitraria presentada por la familia ante la Procuraduría de Derechos Humanos. 

El esposo de María H. cuestionó a los policías sobre qué pasaba y uno de ellos dijo que habían recibido una llamada anónima, por lo que tenían que aplicar el Decreto 333 establecido por el gobierno, pero no le mostró ninguna orden de captura, ni de allanamiento. 

“Nos vas acompañar”, le dijo uno de los agentes a María, cuando ella salió de cambiarse su ropa de dormir. “Por qué los voy a acompañar”, les increpó ella. 

En ese momento otro de los policías se molestó y le dijo que no había tiempo para dar explicaciones. El marido le recomendó a María que mantuviera la calma, la abrazó y después de eso no la volvió a saber de ella durante 14 meses. 

A la media noche, María junto a otras personas fueron llevadas a las bartolinas de Usulután. 

Y un día después ya estaba en el penal de mujeres, localizado entonces en Ilopango. Aunque su familia le llevó ropa y toallas sanitarias a las bartolinas, porque se aproximaba su periodo menstrual, ella nunca las recibió. 

María fue acusada por el delito de agrupaciones ilícitas, al igual que las otras personas detenidas en ese mismo operativo. En julio de 2022, María fue enviada al penal de Apanteos, durante un traslado masivo, debido a que ese recinto carcelario pasó a ser solo para mujeres. 

La mujer de 27 años, previo a su detención, laboraba en el Centro de Desarrollo Infantil de la comunidad El Presidio, cuyo financiamiento es realizado con fondos gubernamentales. 

“Nos pareció una injusticia y duele más hasta el punto que no se puede hacer nada. Yo no estoy en contra que se combata la violencia, es más aplaudo eso, pero estoy en contra de los procesos arbitrarios”, manifiesta el esposo de María, sobre su captura. 

La familia presentó los arraigos para demostrar la inocencia de María, entre ellos cartas de los líderes de las comunidades del Bajo Lempa, constancia de salario, declaraciones del impuesto de la renta, escrituras de propiedad, declaraciones juradas de cinco testigos y un álbum de fotografías que demuestran su quehacer religioso, comunitario y laboral.

El 6 de julio de 2023, la familia de María recibió la llamada más esperada. Fue liberada bajo medidas alternas a la prisión, por petición de la Fiscalía. 

“Salí a las siete y media de la noche para Santa Ana, he llegado a las 11 y media con toda mi familia”, recuerda su pareja. 

Pero el regreso no ha sido fácil. Los primeros días su hija había desaprendido a decirle mamá y la llamaba por su nombre y sigue sin poder recuperar su trabajo. 

“Cómo pueden dormir tranquilos, sabiendo el daño que están generando psicológicamente. La gente que no debe nada está pagando un precio caro”, se lamenta el esposo de María.

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