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Procesos de elección de funcionarios vulneran la ley, aseguran organizaciones

Las organizaciones Acción Ciudadana y la Fundación Nacional para El Desarrollo (FUNDE) brindan seguimiento a los procesos de elección de funcionarios desde hace más de dos años.

Por Nohemí Ángel | Dic 02, 2022- 05:30

Los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron impuestos por la Asamblea, de mayoría oficialista. Foto EDH / Archivo

Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, la Constitución de la República es clara en plantear los requisitos mínimos que debe cumplir una persona que se postula para ejercer un cargo como funcionario público.

En ese sentido, señaló que los actuales procesos de elección de funcionarios vulneran la Constitución en varios aspectos. Como muestra de ello, menciona que la deliberación o debate público a la hora de elegir a un funcionario no existe.

“La deliberación se refiere a poner en discusión los pro y los contras de una decisión, y eso no se da en la Asamblea Legislativa”, dijo.

En relación al tema, Jiovanni Fuentes, coordinador de proyectos de transparencia y anticorrupción de FUNDE, explicó también ayer en conferencia de prensa los requisitos básicos plasmados en la Carta Magna para quienes aspiran a desempeñar un cargo público.

Uno de ellos es la competencia que deben tener las personas que aspiran al cargo, además de la idoneidad, moralidad y honradez de manera notoria.

“Deben ser personas que puedan o tengan la capacidad suficiente y formación adecuada para ejercer el cargo de acuerdo a la institución que intentan dirigir”, enfatizó Fuentes.

Con respecto a lo anterior, Fuentes mencionó, también, una resolución de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional del año 2013, en donde define el significado de los requisitos a los cuales se hace referencia al momento de ejercer la candidatura para un cargo público.

“Mediante estos requisitos se pretende asegurar, en el candidato, la probidad, la honestidad, la vocación de servicio, compromiso institucional e independencia que implica la separación y no subordinación a los diversos órganos e instituciones, así como a los diferentes partidos políticos”, reza la sentencia de dicha Sala.

Lo anterior trae a colación lo ocurrido el primer día de labores de la bancada legislativa del presidente Nayib Bukele, en mayo 2021, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, con quienes el gobierno tuvo diferencias durante la cuarentena por el covid, al ponerle frenos a leyes y decretos que el máximo tribunal consideró eran abuso de poder.

Con ese golpe a la institucionalidad, abogados han coincidido anteriormente en que el Gobierno destituyó al “árbitro imparcial” en el acceso a la justicia.

Tanto FUNDE, como Acción Ciudadana señalaron que los procesos, como el ya mencionado, carecen de transparencia y generan preocupación debido a las deficiencias que persisten al momento de elegir a los funcionarios públicos.

Vicios en elección funcionarios

Ambas organizaciones, dedicadas a brindar seguimiento a los procesos electorales de segundo grado, detectaron vicios en los procesos de selección de funcionarios de las instituciones gubernamentales.

Entre estos vicios destacan la negociación y reparto de las instituciones, “en donde los partidos políticos han recurrido a la negociación y al reparto de cuotas para controlar o mantener el poder en las instituciones”, señalaron.

Además, exponen que la elección de personas que no cumplen un perfil idóneo para desempeñar el cargo es nocivo y poco ético.

“Se eligen para estos cargos a amigos, a compañeros de la universidad, entre otros; y que no necesariamente están aptos para ejercer el cargo al cual pretenden ser electos”, determinaron. “Se eligen a candidatos que tienen vinculación política partidaria, y que tienen relación directa con un partido político.”

Mejoras en los procesos de elección de segundo grado

Con la finalidad de dejar atrás los vicios en los procesos electorales de segundo grado, ejercido durante el presente y anteriores gobiernos, las organizaciones plantean que es necesaria la participación ciudadana en dichos procesos.

“Creemos que la ciudadanía en general debería tener la capacidad de decir: a este funcionario no se debe elegir porque en determinado momento violó la Ley de Ética Gubernamental”, enfatizaron. Los parámetros de selección de funcionarios públicos establecidos por la Constitución deben ser la guía para la Asamblea a la hora de elegir a la persona más idónea, concluyeron.

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