La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó este viernes su “preocupación” por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias y el incumplimiento de las garantías judiciales por parte del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
A siete meses de régimen de excepción en El Salvador, la máxima instancia fiscalizadora de derechos humanos en el Continente llamó al gobierno de Bukele a tomar medidas que garanticen los derechos y libertades de los salvadoreños.
Unos minutos después de que la CIDH hiciera pública su postura ante lo que ocurre en El Salvador, el presidente Bukele colgó un video en Twitter, donde fustigó la postura de la Corte y explicó que su Gobierno no dará marcha atrás.
"Hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas. Y yo me pregunto: ¿Qué hizo la CIDH los últimos 30 años, cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo? ¿Por qué nunca se pronunciaron por el pueblo salvadoreño honrado? Pero, parecería que ahora, que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian, de que estamos violando los derechos humanos dese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños, cuyos derechos deben estar restringidos, para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos", expresa Bukele al inicio del video, donde porta la misma ropa de otros minivideos subidos a su cuenta de Twitter desde el 9 de noviembre pasado.
Aunque Bukele generaliza que todas las personas detenidas son culpables de formar parte de grupos criminales, la Procuraduría de Derechos Humanos ha informado que hasta agosto tenía más de 3,000 denuncias por detenciones arbitrarias y otros abusos, en tanto que organismos defensores de los derechos humanos denuncian que ha habido al menos 90 muertes de reclusos en las prisiones.
La CIDH dice que si bien el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que es parte.
Pero Bukele no está abierto a estas críticas, como justificó en el video con estas palabras:
"Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice: 'Pero, ¿y por qué? ¡Son humanos todos!'. Claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. ¿Es derecho humano votar? Sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir adonde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos por ejemplo hay pena de muerte, es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Si tiene pena de muerte, no tiene derecho a la vida. Aquí en El Salvador, no tenemos pena de muerte, de hecho ni siquiera tenemos cadena perpetua".
Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Para argumentar su postura, el mandatario subrayó que los miembros de la Corte Interamericana "no están en El Salvador, no lo han vivido, no entienden la necesidad de hacer estas cosas. Pero los salvadoreños sí lo entienden, y por eso aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH".
Luego mandó un mensaje a las autoridades de la Corte Interamericana, al comentar que "lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos: si están del lado de la gente honrada o si están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver, en los próximos días, si esta organización está de lado de ustedes o de los criminales".
Según Bukele, la presión de la CIDH sobre su administración debe ser vigilada por el resto de países de América Latina, ya que "si esta organiación se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que está de lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia, para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces, lo van a sancionar también".
La postura de la CIDH
En su comunicado difundido este viernes, la posición de la Comisión Interamericana fue reiterar al Estado salvadoreño su disposición para realizar una visita al país y colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos.
En ese sentido, recordó que la suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias como caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado, y no un medio para enfrentar el crimen común.
Por su parte, el gobierno salvadoreño ha alegado que ha actuado dentro de los marcos constitucionales, legales y convencionales a los que está sujeto, señalando que las garantías constitucionales suspendidas son aquellas que se consideró tienen estrecha relación con la facilitación del combate a la criminalidad. “Con la suspensión de garantías, el Estado informó que puede hacer frente a estas circunstancias, dotando a las instituciones encargadas de seguridad de facultades para hacer frente de manera pronta y eficaz a "la escalada de barbarie cometida por los grupos terroristas" “, dijo la CIDH.
Sin embargo, la CIDH señaló también que ha conocido reiteradas denuncias sobre las detenciones realizadas en los últimos meses basadas en llamadas anónimas o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia.
Además, las familias enfrentan dificultades para saber de sus hijos detenidos y se ha denunciado también “el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos policiales”, inclusive en contra de personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
Al respecto, la Comisión recordó que las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley deben limitar el uso de la fuerza por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad; y que, para restringir el derecho a la libertad personal, el Estado debe fundamentar y acreditar, en cada caso, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria.
Pero, según el discurso de Bukele, todo lo anterior significa que la CIDH "está del lado de los criminales", como indicó en su video.