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4 de cada 10 cuerpos no identificados fueron víctimas de homicidio

De 2,106 cuerpos sin identificar entre 2017 y 2021, 914 fueron víctimas de homicidios y en 590 casos no se determinó la causa de la muerte.

Por Lilian Martínez | Jun 12, 2022- 21:50

Entre 2009 y 2021, unos 4,283 cuerpos localizados sin vida, entre los que se contaron osamentas, fueron clasificados como “desconocidos” o “sin identificar” en los registros del Instituto de Medicina Legal (IML).

Eso equivale a un promedio anual de 357 cuerpos localizados sin vida que no fueron identificados. Ese promedio ha sido superado los últimos 5 años, de 2017 a 2021, con 2,106 cuerpos no identificados, los que equivalen a un promedio anual de 421 cuerpos.

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Según datos proporcionados por el IML luego de una solicitud de Acceso a la Información Pública, 43 de cada 100 cuerpos localizados entre 2017 y 2021 fueron víctimas de homicidio. Mientras que en 28 de cada 100 casos no se pudo determinar el tipo de muerte; 17 de cada 100 muertes fueron el resultado de accidentes y 8 se debieron a una enfermedad. El resto de casos se distribuyen en pequeños porcentajes entre suicidio, con el 0.75 %; trauma sin especificar, con el 2.61 %, y exhumación, con el 0.5 %.

Entre los 2,010 cuerpos no identificados en 2021, hay 10 encontrados, según los datos del IML, en el cantón El Barillo de Nuevo Cuscatlán. Para 9 de esos cuerpos no se logró determinar el tipo de muerte, pero sí que el arma para quitarles la vida fue una “cortocontundente”. Entre esas víctimas había una mujer de 20 años. En uno de los casos se determinó que la muerte se debió a “asfixia por estrangulación” y que la víctima era un hombre de 20 años.

“Muy contrario al discurso… no les interesa darle respuesta a las víctimas. Han tratado de ocultar el fenómeno de la desaparición”.

Zaira Navas, Cristosal

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En otra zona del país, fueron encontrados y no identificados 27 cuerpos localizados en la colonia Las Flores de Chalchuapa entre el 10 de mayo y el 14 de junio del año pasado. Se ignora si en ese sitio o sus alrededores quedaron más cuerpos o restos humanos sin exhumar. En ninguno de esos casos se determinó el tipo de muerte y solo en dos se determinó el sexo de las víctimas, ambos hombres, uno de 40 y otro de 25 años.

Para la jefa jurídica de Estado de derecho y seguridad de Cristosal, Zaira Navas, el hecho de que en los últimos cinco años no hayan sido identificados 2,010 cuerpos, de los 914 fueron víctimas de homicidios, y que en 590 casos no se haya determinado la causa de la muerte, deja en evidencia el desinterés del Estado salvadoreño por encontrar a los desaparecidos.

Navas considera que ese desinterés por las víctimas quedó en evidencia cuando, el 19 de mayo de 2021, la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa mandaron al archivo las propuestas de ley que buscaban ayudar a la identificación de cuerpos y a encontrar a los desaparecidos. Se trataba de los anteproyectos para la ley de Creación del Sistema de Personas Desaparecidas y no Identificadas y la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, una propuesta de Pro-Búsqueda para encontrar a los desaparecidos durante el conflicto armado y cumplir con una sentencia de la CIDH.

En palabras de Navas: “Muy contrario al discurso… no les interesa darle respuesta a las víctimas. Han tratado de ocultar el fenómeno de la desaparición archivaron todas las propuestas de ley que venían del trabajo de años de organizaciones de sociedad civil, de las mismas víctimas, de instancias internacionales de cooperación y, simplemente, las mandaron al archivo sin leerlas, sin estudiarlas, sin analizarlas. Con esto cerraron la oportunidad de localizar y, precisamente, evitar este número tan grande de cuerpos sin identificar. Al tener un número tan grande de cuerpos sin identificar lo que se demuestra es la incapacidad e ineptitud del Estado, en el caso del aparato de justicia en El Salvador, para darle respuesta a las víctimas”.

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¿Funciona el banco de ADN?

El 20 de enero de 2021, la Asamblea Legislativa anterior aprobó la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN. La cual fue observada por el presidente Nayib Bukele, quien sugirió varios cambios en el articulado con el argumento de que eran necesarios para la “ adecuada protección del derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa en el tema en particular, así como aclarar aspectos de redacción y operativos de aplicación”.

Al concluir sus observaciones, el presidente reconoció: “La Ley del Banco Nacional de Datos de ADN es una ley novedosa que conlleva un avance positivo en nuestra legislación y, en especial, es un reconocimiento a los avances de la tecnología y las ciencias, que puede coadyuvar a la administración de justicia y a la investigación, erradicación y prevención del delito, entre otros fines legítimos del Estado”.

La ley había sido enviada a votación y aprobada tras múltiples reuniones entre técnicos, la PNC, el IML y personal de la Embajada de Estados Unidos. La propuesta de ley fue impulsada por los diputados Patricia Valdivieso y Rodrigo Ávila, quien al ser cuestionado sobre si la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN está vigente respondió: “En teoría debería estarlo. Es el mismo caso de muchas otras leyes”.

La referida Ley, en su artículo 14 establece que, entre otras, habrá una base de datos que contendrá los perfiles genéticos de cadáveres o restos humanos no identificados, de material biológico de personas desaparecidas y de familiares de desaparecidos.

Las observaciones enviadas por el presidente Bukele llegaron a la Asamblea el 2 de febrero de 2021. El documento que contiene la Ley, colgado en la página de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en la web de la Asamblea Legislativa, afirma que las observaciones “no fueron aceptadas en la sesión plenaria del 25 de marzo”.

Finalmente, la Ley fue publicada en el Diario Oficial número 76, Tomo número 431, el 26 de abril de 2021. Hasta la fecha, no cuenta con reglamento y no hay evidencia de que las bases de datos que estableció crear existan o sean utilizadas para resolver delitos, identificar cuerpos y encontrar desaparecidos.

En el ínterin, el presidente Bukele había inaugurado el Centro de Investigación Forense de la División de Policía Técnica Científica de la Policía Nacional Civil (PNC) el 26 de febrero. En ese acto, el presidente dijo: “Las investigaciones no llegaban a mucho porque faltaba el equipamiento necesario”.

El objetivo de ese centro, según Navas, era que las autoridades dependieran menos de los testigos con beneficios (conocidos como testigos criteriados) y más de las pruebas científicas para sustentar los casos en los tribunales.

“Nos comprometimos a darle a El Salvador una unidad de análisis de ADN de acuerdo al estándar de oro de la ciencia forense moderna. Tendrá su propia base de datos que permitirá a los investigadores vincular la escena del crimen con los criminales e identificar a personas desaparecidas”.

Jean Manes, ex encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU. en El Salvador

Según consignó el medio digital ContraPunto, el proyecto para crear el Centro de Investigación Forense (CIF) tuvo el apoyo de la Embajada estadounidense a través de su Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

El 18 de noviembre del mismo año, la entonces encargada de Negocios de la Embajada, Jean Manes, visitó el centro que estaba funcionando desde agosto.

Ese día, en la cuenta de Twitter del Jefe de Misión de la Embajada se consignó una frase de Manes: “En 2016 pregunté qué cambiaría el juego en la investigación de homicidios en El Salvador. La respuesta: un laboratorio de ADN. Pusimos manos a la obra. Logramos un acuerdo entre la Fundación Howard Buffet y la embajada, y ahora el país cuenta con el laboratorio forense y de ADN más avanzado de Centroamérica”.

Con la inversión de $30 millones de cooperación estadounidense, la otrora encargada de negocios daba esperanza a las familias que buscan a sus desaparecidos: “Nos comprometimos a darle a El Salvador una unidad de análisis de ADN de acuerdo al estándar de oro de la ciencia forense moderna. Tendrá su propia base de datos que permitirá a los investigadores vincular la escena del crimen con los criminales e identificar a personas desaparecidas”.

Consultada sobre si este moderno centro, en funciones desde agosto de 2021, podría ayudar a crear el banco de ADN de necesario para identificar los miles de cuerpos no identificados y a los miles de salvadoreños que son buscados solo por sus familias, Navas afirmó: “El Gobierno se comprometió a crear el banco de ADN de personas desaparecidas y esto implica tomar el ADN de la familia; el Centro de Investigación Forense (de la PNC) perfectamente puede servir para personas desaparecidas, porque se le toma el ADN al cuerpo que fue encontrado, a los restos; pero para eso se requiere tener la comparación con la familia y eso, ese banco de ADN de familiares, es lo que aún no se ha hecho. Tampoco sabemos si este laboratorio está funcionando y tomando el ADN de los restos que se encuentran”.

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