“Es necesario la construcción del aeropuerto porque fue promesa de campaña del presidente Nayib Bukele”, expresó un trabajador de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la primera reunión que tuvieron los habitantes de las comunidades Condadillo y Flor de Mangle en La Unión con los encargados del proyecto para saber las condiciones y los planteamientos de la fase de factibilidad del proyecto por parte de la institución.
Son alrededor de 175 familias las que deben desalojar los terrenos que han habitado por más de tres décadas para que el gobierno, por medio de CEPA, pueda construir, el prometido y cuestionado por su impacto ambiental, el proyecto nombrado “aeropuerto del Pacífico”.
La primera reunión con los habitantes de las dos comunidades que deben de desalojar sus hogares se hizo en enero del año 2022 en la comunidad Flor de Mangle, donde un encargado del proyecto de parte de CEPA llegó para comentarles que debido a la construcción del aeropuerto ellos debían de vender sus terrenos al Estado, tras una evaluación que harían arquitectos de la institución.
A cada una de las familias se les entregaría dinero por sus parcelas, serían reubicadas por la institución a un lugar con mejores condiciones a las que tienen actualmente y se les ayudaría con la construcción de una “casa digna” a cada uno de los grupos familiares. Estas fueron las promesas que les hicieron a los habitantes de las comunidades, pero hasta el momento la situación ha sido distinta.
En lugar de darles todos los beneficios que al principio les prometieron a las familias de ambas comunidades, ahora la han dividido en dos opciones para se decidan por una:
Opción uno: Aceptar un estudio del terreno para que arquitectos de CEPA puedan valorar el terreno, para luego pagarles por medio de un cheque de un banco.
Opción dos: Firmar un documento cediendo su terreno para que la institución los reubique en una nueva zona y les construya una nueva casa.
Desalojo de las comunidades
Un grupo de periodistas de El Diario de Hoy fue el 13 de febrero a las comunidades afectadas para verificar la situación en que viven las familias en el lugar debido a la construcción del aeropuerto del Pacífico.
A un costado de la carretera hay una calle polvorosa que lleva a la comunidad Condadillo. Casi al tope de la comunidad hay una parcela con una casa hecha de cemento, pero sin barrotes ni techo; a unos cuantos metros hay otra vivienda en iguales condiciones.
El 12 de febrero, estas dos casas fueron el motivo de discusión entre habitantes de la comunidad y trabajadores de CEPA que llegaron a la zona.
“Ellos vinieron y se nos acercaron enojados pidiendo explicaciones de por qué se habían quitado los techos, los barrotes y demás materiales de la fachada de las casas”, comentó un habitante de la comunidad Condadillo.
Él explicó que durante las múltiples reuniones que tuvieron con el personal de CEPA en el puerto de La Unión, las personas tienen permitido tomar sus pertenencias y todo material que ellos vean necesario para construir una nueva casa, ya que la institución se ha desligado en la búsqueda de terrenos y mucho menos en la construcción de una nueva vivienda.
Pero según los trabajadores de CEPA, los habitantes de las comunidades actualmente tienen prohibido retirar materiales de los terrenos, solamente sus pertenencias como ropa, electrodomésticos y demás muebles.
El Diario de Hoy consultó con un abogado experto y concluyó que el accionar de CEPA aunque sea una medida cruel, pero es una muy ocurrente dado que se cancela por medio de un cheque la compra de los terrenos y sus viviendas, es decir, que los pobladores perdieron el derecho a retirar cualquier tipo de material del inmueble.
El inmueble y los muebles son distintos. El primero es todo lo que está conectado con el terreno, por ejemplo: un árbol y las cuatro paredes de una casa, incluidas defensas de hierro, techos. Si una persona vende su inmueble, quiere decir que no puede retirar alguna parte de este si requiere algún tipo de modificación.
El quitar los barrotes de una ventana, puede ocasionar daños en los muros, maltratando el inmueble y esto ya no es permitido. Lo que sí está permitido es la extracción de cualquier mueble, ya sea una cocina, sillones, televisores y demás.
Ese 12 de febrero, las palabras de los trabajadores causaron molestia en la comunidad Condadillo; los habitantes comentan que no comprenden que pueden y no pueden hacer, ya que en cada reunión que se ha tenido con los encargados del proyecto, CEPA envía a un grupo distinto de personas quienes cambian los acuerdos que hicieron que aceptaran el desalojo.
Rosa Melia Delgado viuda de Luna tiene 76 años y ha vivido la mayor parte del tiempo en la comunidad Condadillo. El desalojo de su vivienda le es difícil de creer, ya que no esperaba nunca que tuviera que hacerlo. Actualmente, ella ha optado por mantener sus pertenencias listas para dejar su vivienda, porque no sabe en qué fecha llegarán las máquinas a demoler todo.
Ella está preocupada porque no tiene otro lugar donde mudarse y el dinero que le han dado no es suficiente para comprar otro terreno cercano, pues los precios han subido.
Actualmente, una manzana de terreno en La Unión tiene un precio de $8 mil a $10 mil, dependiendo de si se busca para cosecha o para construir una vivienda.
Rosa Melia y otras personas comentan que aceptaron el dinero porque les dijeron los encargados del proyecto que también les ayudarían a reubicarse y les darían una casa digna de 10 x 9 metros cuadrados, pero hasta el momento no tienen mayor conocimiento de dónde o cuándo piensa la institución moverlos a sus nuevos hogares.
“Desde el principio todo fue una mentira”, expresó una pobladora del lugar.
Actualmente, CEPA está entregando a los terrenos más grandes alrededor de 107 mil dólares, a los medianos 80 mil dólares y a los más pequeños 35 mil dólares, aunque si en estos más pequeños hay más familias en el mismo lugar, se reparte el dinero entre cada familia dando alrededor de 8 mil dólares a cada representante de cada grupo.
Negativa al desalojo
Entre las dos comunidades colonia Flor de Mangle de la jurisdicción de Conchagua, y de Condadillo de La Unión hay alrededor de 20 personas que aún no firman ningún acuerdo para aceptar dinero o una reubicación, ya que no confían en que las autoridades encargadas del proyecto les cumplan porque no han generado un ambiente de confianza entre ellos.
José Sánchez, presidente del consejo de la comunidad Condadillo es uno de los que se ha negado a firmar, porque las promesas que les hicieron de parte de CEPA no ve la posibilidad que la institución las cumpla después de escuchar como en cada una de las reuniones se cambian o sustituyen los acuerdos.
Según él, la mayoría de personas firmo para recibir dinero o una vivienda por el miedo a quedarse con nada, ya que los encargados del proyecto de la construcción del aeropuerto en repetidas ocasiones les decían a los pobladores de las dos comunidades afectadas que debían de aceptar lo más pronto posible el acuerdo para ceder sus terrenos porque después podría ser que no pudieran pagarles o darles una vivienda porque el presupuesto del proyecto no alcanzó, así que les pidieron firmar en el momento para que algún día pudieran recibir alguna de las promesas.
Se logró contactar con un técnico de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma que estuvo presente en la reunión de enero del 2022 en la comunidad Flor de Mangle, en donde se prometió la entrega de todos los beneficios, pero el trabajador de CEPA comentó que actualmente solamente se les está ofreciendo pagar el terreno más la estructura de sus casas o el reasentamiento. Al preguntar dónde serán reubicadas las personas, el técnico comentó que no podía brindar más información, sino que se debería de contactar con el área de comunicaciones de la Institución.
Se intentó contactar con Claudia Campos, la encargada de comunicaciones de CEPA, pero la interlocutora comentó que ella ni su asistente se encontraban en el lugar. Se dejó un mensaje, pero al cierre de esta nota no se han puesto en contacto con el medio de comunicación.