La discusión y aprobación para introducir $5.8 millones a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), sacó a la luz la vulnerabilidad a la que están expuestas alrededor de 60 familias del departamento de La Unión, por la fase inicial de la pre-construcción y reasentamiento del Aeropuerto del Pacífico.
Las comunidades de Flor de Mangle, de la jurisdicción de Conchagua, y del caserío Condadillo, de La Unión, han sido expropiadas de las tierras que les pertenecieron por muchos años, pues según reportes hechos por El Diario de Hoy, las familias terminaron firmando los permisos de estudio de las tierras “por presión gubernamental”.
En la sesión plenaria del 30 de marzo, se aprobó la modificación de la Ley de Presupuesto de 2023, para la implementación de $5.8 millones a CEPA, para la fase inicial del aeropuerto del Pacífico.
El diputado William Soriano, del oficialismo argumentó que el proyecto está contemplado dentro del Plan Cuscatlán y es una “hoja de ruta para brindar desarrollo y bienestar a la población salvadoreña”, pero en vez de traer beneficio a las familias de la zona, estos han sido expropiados de sus tierras con la promesa de que serán reubicados en otro lugar, pero a la fecha, siguen esperando por esa solución, denunciaron los diputados de la oposición.
Según Soriano, las familias serán reubicadas en viviendas dignas, pero no explicó en la plenaria los detalles del proyecto, votando a favor casi en automático por la incorporación de los fondos para CEPA, como lo ha venido haciendo la bancada de Nuevas Ideas desde que ingresaron a la Asamblea en mayo de 2021.
"Ustedes no pueden hablar en nombre de esas familias, ni siquiera las conocen. Todas estas familias van a ser reubicadas en una vivienda nueva. Son alrededor de 60 familias”, dijo Soriano, representante de La Unión, quien además prometió que serán viviendas dignas: “casas de verdad con todos los servicios, dignos".
En lugar de explicar en dónde serán reubicadas las familias, Soriano, prefirió enviar al diputado Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN, a hacer obras al departamento de Morazán, de donde es originario.
"Usted es de Morazán, vaya a preocuparse por su departamento. De las familias de La Unión me encargo yo y velo yo, porque yo represento a ese departamento", exclamó el parlamentario.
Pero las afectaciones provocadas por los trabajos iniciales del aeropuerto, no solo vulneran el derecho a la propiedad privada de las familias que deberán ser reubicadas, sino también, hay centenares de afectados por el paro de la actividad económica.
En enero de este año, El Diario de Hoy atendió el llamado de los pobladores aledaños, quienes lamentaron que el proyecto afectaba su fuente de ingresos, el cual es la extracción de moluscos y crustáceos del manglar. Al menos 1,000 familias resultaron afectadas.
Pero obviando dicha situación, el representante de La Unión, dijo en la plenaria que el aeropuerto será parte de una “nueva La Unión con desarrollo”.
“(Las familias) podrán ser parte de la nueva economía, de la nueva La Unión que estamos construyendo”, aseveró Soriano.
Pero, la diputada de oposición, Marleni Funes, del FMLN, cuestionó que el desarrollo del que se habla es a partir de un nuevo agente de acoso a las familias más vulnerables.
“Alguien decía que habrá desarrollo porque ya no no los acosan las pandillas, porque ya no los extorsionan las pandillas, quien acosa hoy a estas familias pobres son las autoridades estatales, quienes les están robando son las autoridades estatales, sólo hemos cambiado al parecer, del que opera la extorsión y el acoso”, dijo Funes.
Ecosistema vulnerable
Otro recurso en peligro por el proyecto “de desarrollo” es el ambiental. Manglares, bosques salados y tierras fértiles de cultivos ya están siendo afectadas con los trabajos actuales de estudio.
"No aceptamos una visión de desarrollo que degrade el medio ambiente y que pasa por los derechos legítimos de la gente, especialmente de la más humilde", aportó la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, previo a la votación.