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Human Rights Watch: "Los salvadoreños están expuestos a la brutalidad de las pandillas como a los excesos de autoridad"

Tamara Taraciuk señala que el gobierno ha adoptado medidas que debilitan la independencia judicial y del Ministerio Público, exponiendo a todos los ciudadanos a una situación de indefensión.

Por Eugenia Velásquez | Jun 29, 2022- 17:34

Entierro de taxista muerto en penal de Izalco. Lo detuvieron hace varios años, la Policía lo acusaba de resistencia, incluso en esa ocasión recibió varios golpes en su cuerpo. Por ese delito del que le acusaban quedó en libertad, aseguraron sus familiares. Foto EDH/ cortesía

El Estado salvadoreño tiene la obligación, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, de tomar medidas eficaces para proteger a la población de graves abusos cometidos por las pandillas y llevar a los responsables ante la justicia; pero esto no implica debilitar la independencia judicial para limitar el acceso a las víctimas de “abusos” y “violaciones a los derechos humanos” a obtener una justicia genuina.

Lo anterior es parte de la respuesta que Tamara Taraciuk, Directora en funciones de Human Rights Watch, trasladó al presidente Nayib Bukele, en una carta enviada este 29 de junio (2022), en la que le solicita nuevamente una reunión con el mandatario salvadoreño para abordar los “abusos” que las autoridades de seguridad están cometiendo en el marco del régimen de excepción. El pasado 2 de abril Taraciuk le había pedido a Bukele un encuentro pero no obtuvo respuesta.

“Acabo de enviarle esta carta al presidente Nayib Bukele en respuesta a sus comentarios sobre la labor de Human Right Watch. Condenamos la violencia de pandillas y los abusos policiales y reiteramos nuestra solicitud para mantener una reunión sobre derechos humanos en El Salvador”, publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Taraciuk señala que el gobierno de El Salvador ha adoptado medidas que debilitan la independencia judicial y del Ministerio Público, exponiendo a todos los ciudadanos a una situación de indefensión.

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Recuerda que la experiencia que se ha observado en otros países como Venezuela y Nicaragua es que cuando se desmorona el Estado de Derecho, “no es posible asegurar la protección de los derechos humanos de ningún individuo. Human Rights Watch aboga por los derechos de todos los salvadoreños y las salvadoreñas, quienes en el contexto actual se encuentran expuestos tanto a la brutalidad de las pandillas como a los excesos de la autoridad”.

A manera de ejemplo sostiene que un ciudadano que ahora es víctima de las pandillas el día de mañana puede terminar recorriendo los centros de detención en busca de familiares capturados de forma arbitraria por la Policía.

Y es que Bukele prometió una “guerra más dura” en contra de las pandillas después de la muerte de tres agentes policiales tras ser atacados por supuestos pandilleros en Santa Ana.

Familiares de reos detenidos esperando saber el paradero de ellos. Foto EDH/ Francisco Rubio

Y de paso cuestionó a las organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Right Watch, quienes le han hecho ver que el gobierno está cargando un estado meramente “punitivo” en contra del crimen.

“Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo y haremos que la vida de estos agentes no se haya perdido en vano”, señaló Bukele.

Sin embargo, Taraciuk le explica en su misiva que es necesario que el gobierno adopte medidas sostenibles, eficaces y respetuosas de los derechos humanos para desarticular a las pandillas que operan en El Salvador, pero que ello exige de las autoridades policiales proveer seguridad respetando las garantías fundamentales de las personas.

“Esto incluye la presunción de inocencia y el derecho a la integridad física, así como garantizar un sistema de justicia robusto e independiente que pueda investigar los delitos cometidos por estos grupos criminales y asegurar justicia para las víctimas”, señala Taraciuk.

El Salvador permanece en régimen de excepción desde el pasado 27 de marzo en que murieron 87 personas a manos supuestamente de pandilleros, desde entonces, en el país se han suspendidos los derechos de libertad de reunión y asociación, el de defensa, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.

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Y según Bukele este régimen continuará por tiempo indefinido, no dio un plazo pero lo comparó con los 12 años que duró el conflicto armado en la década de los 80’, pues para el mandatario el gobierno ha emprendido una “guerra” en contra de las pandillas.

Con el apoyo totalitario de la Asamblea, pues su partido Nuevas Ideas junto a sus aliados GANA, PCN y PDC tienen los votos suficientes para hacer de las medidas extraordinarias un sistema permanente de seguridad.

El ex Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Patrick Ventrell, subrayó que el régimen de excepción no es un mecanismo sostenible en el tiempo para atacar a los criminales; sin embargo, Bukele criticó en su conferencia de prensa la opinión del diplomático.

Taraciuk reiteró también en su nota a Bukele que el gobierno debe buscar medidas sostenibles y priorizar proyectos de prevención y rehabilitación que contribuyan a limitar el reclutamiento por parte de las pandillas.

“El régimen de excepción, cuando dicen que no es sostenible, no sé a qué se refieren; porque evidentemente régimen de excepción, es de excepción, no va a durar para siempre; sin embargo, la guerra duró una década. No esperemos que dure una década, pero tampoco lo vamos a quitar en dos, tres meses antes de acabar la guerra contra las pandillas”, justificó Bukele.

Ante esto, la directora de HRW cuestiona que el gobierno salvadoreño ha priorizado un “enfoque punitivo de guerra contra las pandillas, que privilegia el encarcelamiento masivo sin el debido proceso como respuesta a la criminalidad. Desde la adopción del régimen de excepción a finales de marzo –que aún continúa vigente- hemos documentado decenas de violaciones de derechos humanos, incluyendo contra ciudadanos que nada tienen que ver con las pandillas”, aseveró.

Añadió que estos abusos incluyen detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración contra salvadoreños inocentes, en su mayoría de escasos recursos.

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