La Asamblea Legislativa aprobó este martes con 64 votos a favor, 14 en contra y una abstención la exención de impuestos a proyectos que se ejecutaran durante el 2023.
Se trata de las “Disposiciones Especiales transitoria y complementarias relativas a incentivos fiscales en proyectos de obra pública ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte”, que exime del pago de impuestos por la ejecución de cuatro proyectos: la construcción del bypass de San Miguel, el programa de rehabilitación y reparación de obras afectadas por la tormenta tropical Julia; el mejoramiento de las instalaciones de la Universidad de El Salvador (UES) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023; y para el programa de Caminos Rurales.
Tales disposiciones abarcan al MOP, a las personas naturales y/o jurídicas y en general los contratistas, subcontratistas y proveedores, así como cualquier otro sujeto que esté involucrado en la supervisión, planificación, diseño y construcción, según se lee en el artículo 1 de la propuesta.
Luego de eso el documento detalla que dichos proyectos “contarán con exenciones tributarias, desde el momento de la contratación, hasta la finalización de la relación contraactual”.
¿Qué dicen los diputados?
Al respecto, diputados bukelistas y aliados defendieron la propuesta. Sin embargo, los diputados de oposición criticaron que la Asamblea de mayoría oficialista se excedió en sus facultades constitucionales. Por ejemplo, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, expresó que “nadie se opondría a obras de infraestructura que le van a servir al país, pero las cosas hay que hacerlas bien y como la Constitución y las leyes lo mandan”.
Seguido de eso, el legislador tricolor aclaró que el artículo 131 de la Constitución da facultades a la Asamblea para poder dispensar ciertos impuestos con el objeto de que esos incentivos fiscales puedan ayudar a la promoción de actividades comerciales, científicas, agrícolas o de servicios. Sin embargo, Portillo Cuadra destacó que el decreto aprobado no está dirigido exclusivamente a las empresas o contratistas, sino también al Estado.
En ese sentido, el parlamentario dijo que habría que aclarar si estas exenciones fiscales son para el Estado o las empresas privadas. Portillo Cuadra dijo que su fracción no se opondría a que se dispensen los impuestos para terminar el Bypass de San Miguel o el financiamiento para la reparación de caminos rurales. No obstante, el funcionario criticó fuertemente que se de prioridad al financiamiento de infraestructura para el recibimiento de atletas cuando todavía está pendiente la construcción del Hospital Rosales.
El lunes, el titular del MOP expresó a los diputados que con tales exoneraciones se ahorrarían cerca de $15 millones en el proyecto de bypass de San Miguel y $13 millones del programa Caminos Rurales
Sin embargo, Portillo Cuadra señaló que dicho ahorro no es cierto. “Perdonar esos más $13 millones a las empresas que sacan un lucro por ser contratadas no es negocio para el Estado porque estos $13 millones se están dispensado a las empresas que ya ganaron en tres de los grandes proyectos de una licitación y que ya calcularon impuestos y ganancias que van a percibir”, indicó.
“El Estado los deja de percibir”
Añadió: “No hay que confundir a la población creyendo que esos $13 millones se los ahorra el Estado. El Estado los deja de percibir, que es otra cosa”.
En la misma dirección opinó la legisladora de izquierda, Anabel Belloso, quien manifestó que la propuesta aprobada “es incoherente y es parte de todo desorden de las finanzas públicas que este gobierno tiene” porque no hace una priorización de medidas orientadas con enfoque de justicia tributaria.
“No es cierto que es el gobierno quien lo va a dejar de pagar sino que también los contratistas. A esos sectores que tiene la capacidad económica para pagar carga tributaria ellos (el oficialismo) los exoneran, es como el mundo al revés porque en lugar de exonerar a la canasta básica o a la renta de ciertos salarios se le pone exoneración a sectores que necesiten de eso y esa no es la forma de motivarles”, indicó.
De igual manera, la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, dudó de que realmente esto implique ahorros al Estado, dado que se aplicará la nueva Ley de Compras Públicas que deja en la ambigüedad los contratos, generando poca transparencia en su ejecución y dando pie a posibles casos de corrupción.
“Si no hay transparencia, si no hay efectiva lucha contra la corrupción, si no hay instituciones independientes, si no hay una normativa de compras y contratos públicos que garanticen más rigurosidad, por más proyectos de que nos hablen, el dinero no estará garantizado que irá para aquello que la gente necesita”, concluyó Ortiz.