Los diputados de la Comisión de Legislación acordaron este lunes dictaminar favorable para aprobar el próximo jueves en el pleno la Ley de Desplazamiento Forzado.
Con dicha normativa prevén atender a unas 71,500 personas que han huido de sus hogares por el acecho de las pandillas, sin embargo, los fondos para atender a las víctimas están en suspenso. Dicha es un estimado de ACNUR con base en estadísticas oficiales.
La normativa venía discutiéndose desde hace más de un año, pero en los últimos meses los legisladores aceleraron su estudio dado que en febrero vence el plazo que la sentencia de la Sala de lo Constitucional otorgó a la Asamblea para emitir dicha ley, según informó esta mañana el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder.
Los fondos para atender a las víctimas del desplazamiento forzado deberán salir del Presupuesto General de la Nación. Este punto era la “tranca” que tenían para no avalarla, explicó el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.
Sin embargo, retomaron la propuesta que les envió el Ejecutivo en diciembre pasado sobre la ley, únicamente para la parte del financiamiento.
“Precisamente, la retranca que tuvimos para no dar oportunamente esta ley, fue el aspecto financiero. Hasta ahora conocimos que el gobierno envió dos artículos sobre el tema financiero. No podíamos dar una ley sin financiamiento. Ahora que el gobierno dice que habrá partidas presupuestarias para poder garantizar el funcionamiento de estas instituciones lo hemos aprobado”, afirmó Portillo Cuadra.
Sin embargo, si la ley es aprobada el jueves en el pleno y si el presidente Nayib Bukele no la veta, entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Al respecto, Mario Tenorio de GANA, subrayó que estarían aprobando un refuerzo presupuestario para la Dirección General de Víctimas de Desplazamiento Forzado del ministerio de Seguridad para dar atención a quienes lo soliciten.
“El (presupuesto) del ejercicio fiscal ya se aprobó. La ley entrará en vigencia de manera inmediata, pero tendrán la oportunidad de desarrollar su estructura orgánica, identificar la situación relativa a algunas comunidades que han sufrido desplazamiento y podría hacerse a través de un refuerzo presupuestario para asignárselo al ministerio de Justicia para comenzar a dar los primeros pasos. En el presupuesto del próximo año tendrían que incorporarse los fondos”, ahondó Tenorio.
La ley establece ciertos requisitos para quienes sean víctimas del desplazamiento forzado. Para ello la normativa prevé instalar “albergues temporales” mientras la Fuerza Armada y la Policía recuperan los territorios de donde los ciudadanos hayan huído.
Si fuera el caso que el Ejecutivo vetara la ley, Portillo Cuadra dijo: “Si existe un veto a esta ley habrá sido una derrota para el Ejecutivo. No creo que pueda vetar una ley que servirá al país, una ley que es producto de una obligatoriedad de una sentencia. Quien estará quedando mal parado ante la población es el presidente (Nayib Bukele), creo que tiene un buen equipo asesor y creo que ese error no lo cometería”.
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