De acuerdo al diputado de ARENA René Portillo Cuadra, la prórroga del subsidio al transporte de pasajeros podría traer consigo posibles irregularidades o incluso inconstitucionalidades.
Esto, pues la solicitud de renovar el dinero que los empresarios de autobuses se promueve sin mayores discusiones y en las últimas plenarias del año, menciona el legislador.
Con base en jurisprudencia constitucional, las leyes, especialmente las que impliquen erogación de fondos, deben ser debidamente discutidas, pues una completa deliberación es una de las atribuciones principales de la Asamblea Legislativa previo a avalar diversas iniciativas.
Por ello, Portillo Cuadra adelantó que una prórroga sin mayores diálogos puede generar ilegalidades.
Los empresarios del transporte reciben $400 por autobús y $200 por microbús. Sin embargo, a juicio de diputados como David Reyes (también de ARENA), este dinero debería amarrarse a condicionantes como que las unidades tengan seguro de daños a terceros o GPS para asegurarse que los buses circulen y no se otorgue subsidio a unidades ociosas.
Al respecto, en noviembre el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que unidades de 17 rutas tendrían suspensión de su subsidio por tales irregularidades.
Critica vínculo con China
A juicio de Portillo Cuadra, “la visita a China (del presidente Nayib Bukele) nos contrapone con nuestro socio estratégico y amigo confiable, Estados Unidos”.
Recuerda que hay cooperación no reembolsable, $5,200 millones en remesas de salvadoreños en territorio estadounidense y una relación comercial fuerte con este país, por lo que pide tener una política exterior coherente. “Esto le daría carácter al gobierno”.
Al mismo tiempo, pregunta “a cambio de qué” China accedió a dar cooperación no reembolsable al país. Esto se suma a las advertencias que ha hecho la Embajada Americana al país sobre la posible pérdida de soberanía y la “diplomacia de la deuda” que a su juicio promueve el gobierno chino.
“No hay almuerzo gratis”, añade Portillo Cuadra. Además, pide que todo lo acordado en China pase por el aval de la Asamblea Legislativa, aunque no requiera fondos de El Salvador.