Diputados del partido ARENA solicitaron condicionar el subsidio a los transportistas a cambio de mejoras en las unidades y el servicio para los pasajeros.
Entre las condiciones está que las unidades tengan un sistema de GPS y un validador de pago y de esta manera pueda controlarse el número de unidades que los empresarios tienen en circulación, según el diputado David Reyes.
“Ahorita hay empresarios que tienen 200 microbuses pero solo sacan a circular 50 y cobran subsidio por los 200, es una gran corrupción la que existe. Con esto estaríamos garantizando que el subsidio vaya directamente al pasajero”, destacó Reyes.
Otra de las condiciones es que cada unidad posea una póliza de seguro de daños a terceros, así como que el empresario debe cumplir con todas las prestaciones patronales.
El parlamentario cuestionó que no exista manera de exigir un mejor servicio y esto solo se puede lograr si se condiciona la entrega del subsidio, destacó Reyes.
Presidente @marioponcesv sobre el subsidio al transporte colectivo afirma: Hay ciertos transportistas que guardan sus unidades y siguen cobrando la compensación y eso es fraude, ya que no prestan el servicio a los salvadoreños. El Ejecutivo es el que tiene que emitir sanciones. pic.twitter.com/dJUK5fwi9l
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) December 17, 2019
La iniciativa promueve que a la unidad del transporte colectivo de pasajeros, o a su conductor no se le hayan impuesto más de 2 infracciones de tránsito en un mes.
Así como que aquella unidad del transporte colectivo de pasajeros que se vea involucrada en un accidente de tránsito, ocasionado por desperfectos mecánicos de la unidad o negligencia manifiesta del conductor y en el cual se ocasionen víctimas mortales, el propietario perderá el derecho a la compensación económica por todo el año.
El legislador del partido FMLN, Jaime Sandoval, mencionó que han solicitado que se prorrogue la compensación, pero sin condicionantes.
“Ya que la ley de la compensación lo que establece es que la unidad debe trabajar los 21 días y que los papeles del propietario estén vigentes, ya es el Viceministerio (de Transporte) el que debe corroborar, a través de sus unidades administrativas, que las unidades estén trabajando”, apuntó Sandoval.
Agregó que de condicionarse la entrega del subsidio se afectaría a los salvadoreños, porque es a través de este que los empresarios pueden mantener las tarifas y no incrementarlas.
Reciben los empresarios del transporte público por autobús; para microbuses se otorgan $200 cada mes.
“En estos momentos condicionarlos al uso de un GPS o de un validador, es provocarles más gastos”, detalló Sandoval.
Según Sandoval, la prórroga del subsidio se debería dar este jueves en la última sesión plenaria del año, de lo contrario estaría en riesgo de que no hayan fondos para subsidio al inicio de 2020.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, manifestó que es el Ejecutivo el que debe decidir si mantienen los recursos a cambio de que no se incremente el pasaje para los salvadoreños.
“Ellos son los responsables de decidir si aumenta o disminuye la compensación, la Asamblea lo único que tiene que hacer es legalizar la propuesta del Ejecutivo”, apuntó Ponce.
Mencionó que es el Gobierno central a través de sus instituciones es quien debe investigar a los empresarios que guardan sus unidades y cobran el subsidio.
“Si no hay una petición expresa, concreta por parte del Ejecutivo, no vamos a tomar decisiones”, afirmó.
El mes pasado, el ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez, informó de la suspensión de subsidio a 17 rutas de buses y microbuses.
Rodríguez detalló algunas de las rutas con las que se ha iniciado el proceso de suspensión de subsidio, las cuales son: 42C, 522, 534, 29A, 41A, 41F, 524, 144B, 133, 144A y 533.
Rodríguez dijo que los motivos por los que han iniciado el proceso de suspensión de subsidio a 109 unidades de 17 rutas de transporte colectivo es porque no están haciendo sus recorridos, no respetan las rutas establecidas o tienen unidades en mal estado.
Además, Rodríguez añadió que se ha iniciado la suspensión a 50 unidades más a las que han detectado infracciones por aumentar ilegalmente las tarifas al usuario.