Hay cosas en este país que son inexplicables. Por ejemplo, que 43 diputados de la Asamblea Legislativa se hayan negado a realizar reformas al Código de Trabajo que buscaban establecer derechos laborales a los conductores del transporte colectivo. Mediante su desidia, rechazaron una reforma en la que se buscaba incorporar a dichas personas en un régimen laboral formal, que ofrece prestaciones básicas y obligatorias por parte de los empleadores a los trabajadores. Injusto, inaceptable e indefendible.
La reforma contemplaba la obligación de los patronos de emitir un contrato por escrito con todas las formalidades que requiere el Código de Trabajo. Además, establecía el derecho de los trabajadores de recibir un salario, que no puede ser menor al salario mínimo vigente; que las jornadas de trabajo no excederían las ocho horas diarias, fijando un descanso semanal remunerado; por último, se les reconocería las prestaciones de la ley que tiene cualquier empleado, como aguinaldo, indemnización por despido injustificado, prestación de seguro social y previsión social.
Es lo mínimo decente para cualquier trabajador. La negativa de los diputados a reconocer ciertos derechos laborales resulta incomprensible, inhumana y hasta reprochable. En nuestra sociedad existen personas y sectores empresariales que todavía tratan a sus empleados como simples instrumentos que hacen mover y crecer su caudal económico. Así hay muchos, pero que estos sean protegidos por más de la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa resulta vergonzoso. A los empleados —de este y todos los sectores— hay que verlos como colaboradores y como seres humanos que merecen que se les respeten sus derechos laborales.
Nuestro sistema de transporte público colectivo está en ruinas. Hay muchísimos problemas que se deben atender; la formalización y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores son solo una parte. Una mejora del transporte público necesariamente pasa por que se les ofrezca mejores condiciones a sus trabajadores. Que estos tengan la seguridad que al final del día un día de arduo trabajo se verá justamente recompensado.
Mejorar el sistema de transporte público también pasa por eliminar la competencia salvaje que se ha instaurado en El Salvador. Hay muchísimas rutas y unidades hasta de la misma ruta que se disputan los pasajeros para lograr la meta monetaria que deben entregar a los dueños de las unidades a diario. Esto genera las feroces competencias por llegar primero, los accidentes por la imprudencia de los conductores y las muertes. También es la causa de que El Salvador sea uno de los peores países en el mundo para manejar.
Es necesario iniciar el debate sobre la mejora al sistema de transporte público; si se mantiene el sistema administrado por privados, si se migra a un sistema público que sea eficiente o se fijan las condiciones para controlar la competencia descontrolada. Los empresarios de buses es uno de los sectores que obtiene mayores beneficios y prerrogativas al interior de la Asamblea Legislativa en forma de subsidios o perdón de multas. Es inaceptable que existan unidades inservibles en circulación, que causan una grave contaminación en San Salvador, y que haya motoristas con miles de dólares pendientes de multa. Da la impresión que son ciertas las denuncias de algunos diputados, de que en la Asamblea hay diputados defensores de oficio de los empresarios transportistas.
La reforma descrita pasó al archivo, por lo cual se podrá retomar hasta dentro de seis meses si se mantiene intacta.
Ojalá no se desvanezca la urgente necesidad de replantearnos el sistema de transporte en el país, iniciando un debate serio donde se dejen a un lado los intereses sectoriales y prevalezca el beneficio de la población. La manera en que se maneja el transporte colectivo en El Salvador tiene que cambiar.
Abogada