Mientras que la Asamblea Legislativa tiene la intención de crear albergues temporales para atender a las víctimas de desplazamiento forzado; el gobierno dice en su proyecto de ley que ese debe ser el último eslabón de la cadena de atención a las personas que se ven obligadas a migrar de sus comunidades por causa de las pandillas y la delincuencia.
Para el Ejecutivo, recuperar los territorios debe ser el fin primordial que debe contener la nueva Ley de Desplazamiento Forzado, actualmente en estudio en la Asamblea.
Pero los diputados creen que el Estado no tiene todavía la capacidad de garantizar que los territorios no serán vulnerados por las maras y la violencia generalizada que vive El Salvador.
El gobierno envió el pasado 10 de diciembre a la Asamblea su proyecto de “Ley Especial para la Atención de Personas en Condición o Riesgo de Desplazamiento Forzado”, sin embargo, los diputados de la Comisión de Legislación decidieron no tomarlo en cuenta, debido a que están por dictaminar favorable a una nueva ley, que es producto de otros anteproyectos presentados por el gobierno anterior y por organizaciones no gubernamentales que fueron evaluados para su diseño.
“Ya entró (el documento) a escasos dos o tres artículos que nos faltan, ahorita sería irresponsabilidad de nosotros comenzar a ver el otro anteproyecto de ley, por eso decidimos darlo como recibido y seguir con el de nosotros, mandarlo al Ejecutivo y ellos ya verán si mandan observaciones o nos vetan la ley”, afirmó el diputado del PDC, Jorge Mazariego.
Una fuente interna del Ministerio de Justicia y Seguridad informó a El Diario de Hoy que el proyecto que los diputados quieren aprobar en cuanto retornen de vacaciones de fin de año, no contempla las políticas públicas que ofreció el presidente Nayib Bukele, en su Plan de gobierno llamado “Cuscatlán”, ni tampoco las medidas que conllevan las Fases I, II y III del Plan Control Territorial.
“Nuestra intención es que las personas no rompan sus vínculos personales, por eso la ley tiene un enfoque preventivo, dice el texto de la ley: ‘aquellas que están en riesgo de desplazamiento’, que es darle la atención y recuperar la presencia del Estado que ha sido sustituida por las pandillas”, afirmó la fuente quién pidió no ser identificada por no estar autorizada a dar esas declaraciones.
Por su parte, los diputados manifiestan que están contra el tiempo para considerar la propuesta del gobierno, que los convocaron para que dieran sus opiniones en el seno de la Comisión de Legislación pero no tuvieron respuesta.
De hecho, la Asamblea incumplió el plazo de seis meses que le dio la Sala de lo Constitucional el 13 de julio de 2018, para que diseñara una ley que reconociera a las víctimas del desplazamiento forzado y les brindara atención integral.
Han pasado siete meses y los diputados aún siguen discutiendo la normativa, aunque en la última reunión de la Comisión de Legislación del pasado 16 de diciembre, quedaron pendientes de estudio sólo tres artículos relacionados con la retroactividad de la ley y el financiamiento de la atención. (Ver más en nota aparte).
El enfoque principal del proyecto que la Asamblea está por aprobar contempla varios aspectos, detalló el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, entre ellos, se establece la instalación de un mega albergue o varios por zonas de acuerdo a la capacidad financiera del Estado.
“¿Por qué se llaman albergues temporales?, por lo que se quiere es en teoría restablecer el orden en los territorios en donde haya sido expulsada la gente y para mientras se restablece el orden se mueve a las familias, no será permanente”, explicó Portillo Cuadra.
Según la fuente del ministerio de Justicia y Seguridad, lo anterior no sería suficiente. “Nuestro plan va dirigido directamente a la presencia estatal en los territorios, que es la causa principal del desplazamiento forzado.
“Llega a abrir los espacios para que las demás instituciones del Estado ejerzan presencia y por medio de los cubos incursionar e impactar en la reconstrucción del tejido social, que es la lógica impregnada en la ley”, explicó el delegado.
Portillo Cuadra dijo que no está convencido que el gobierno tenga la capacidad de poder recuperar el territorio. “Si el gobierno tuviera la capacidad de mantener los territorios, de ocuparlos y establecer el orden dentro de los territorios, no sería necesaria esta ley, pero como el Estado no es capaz de garantizar la vivienda de la gente, la propiedad, la inviolabilidad de la morada y de los bienes materiales, nos vemos en la necesidad de crear una ley que regule este fenómeno social”, acotó.
Rodrigo Ávila, de ARENA, se mostró más a favor de recuperar los territorios. Según el diputado tricolor, no es de sacar a las personas, sino a los delincuentes que obligan a los ciudadanos a desplazarse.
En agosto de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó a la Asamblea brindar atención a las víctimas del desplazamiento.
En ese entonces, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, instó al Estado salvadoreño a cumplir con dicha sentencia y a “seguir realizando acciones en materia de desplazamiento interno encaminadas a la prevención, protección, asistencia durante el desplazamiento, y el retorno, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas internamente”.