El Sistema de Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 1,946 personas de los tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por la fuerza, las amenazas, extorsiones y homicidios cometidos por pandillas, y por el temor al crimen organizado.
Del total, 1,742 casos (casi el 90 %) corresponde a migraciones forzadas en El Salvador y los restantes fueron en Honduras durante 2018.
Las denuncias por este fenómeno se concentran en San Salvador, La Libertad, La Paz y Usulután, afirmó Celia Medrano, de Cristosal El Salvador, la onegé que participó por El Salvador en la investigación.
En su lucha por resguardarse, las víctimas salen rumbo a Estados Unidos, Italia y Centroamérica, no siempre asilados o con un estatus legal en los países destinos, afirmó Cristina Pérez, asesora de gestión riesgo, desastres y respuesta humanitaria de Plan El Salvador, que también se involucró en el informe junto con Cristosal y programa Educo.
Pérez explicó que el 44 % de las víctimas son niños, jóvenes, mujeres y ancianos, y una marcada afectación de la población LGTBI.
Los desplazamientos forzados provocan desintegración familiar y deserción escolar. Este último ha incrementado en un 17 % anual. “La deserción no solo se da por situaciones complejas dentro del centro escolar como trata o manejo de violencia de otros tipos, sino también por el camino que toman los escolares donde existen riesgos y peligros de violencia”, añadió Pérez.
“En su mayoría emigran con sus familias, aunque en algunos casos lo han hecho por separado; sus padres han viajado antes”, ahondó.
¿Quiénes influyen para que los salvadoreños dejen sus hogares? En un 96 % las pandillas, que algunos casos han causado homicidios, extorsiones, amenazas y acoso juvenil, explicó Pérez. Desde 2016, en que se dio el mayor detonante de las migraciones obligatorias, la tasa de crecimiento del fenómeno crece de un 15 % a un 25 % anual, y que hoy es más evidente por las caravanas.
Frente a las cifras cada vez en aumento, las organizaciones que trabajan y atienden a las víctimas demandan de las nuevas autoridades el reconocimiento de esta situación y que trascienda de verlo como una situación punitiva relacionado a la inseguridad. Además les piden que se haga efectiva la sentencia 411 de la Sala de lo Constitucional que manda a impulsar políticas de seguridad pública que frene ese flagelo.
A la presentación del informe acudió el vicepresidente del país, Félix Ulloa, quien dijo que el actual gobierno sí reconoce este problema y que van a enfrentarlo.
En 2018, solo Plan Internacional dice haber atendido a más de 5,000 personas por violencia generalizada; Cristosal, por su parte, reporta a más de 2,000 casos atendidos.
Estos son solo algunas víctimas porque hay una cifra de migrantes que no tienen tiempo a denunciar.
Pérez dijo que han presentado a la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley para regular y resolver el desplazamiento forzado pero a la fecha no hay avance, por lo que piden se revisen y se dé una respuesta integral a las víctimas.