Niños son los más afectados por el desplazamiento forzado

Las investigaciones apuntan a que ellas son las principales responsables de la migración forzada en el país.

El desplazamiento forzado de familias provocado por pandillas es uno de los principales problemas de inseguridad en El Salvador. Foto EDH/Archivo

Por Jaime López

Jun 12, 2019- 04:00

El Sistema de Monitoreo, Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte de Centroamérica reveló que 1,946 personas de los tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras, dejaron sus hogares por la fuerza, las amenazas, extorsiones y homicidios cometidos por pandillas, y por el temor al crimen organizado.

Del total, 1,742 casos (casi el 90 %) corresponde a migraciones forzadas en El Salvador y los restantes fueron en Honduras durante 2018.

Las denuncias por este fenómeno se concentran en San Salvador, La Libertad, La Paz y Usulután, afirmó Celia Medrano, de Cristosal El Salvador, la onegé que participó por El Salvador en la investigación.

En su lucha por resguardarse, las víctimas salen rumbo a Estados Unidos, Italia y Centroamérica, no siempre asilados o con un estatus legal en los países destinos, afirmó Cristina Pérez, asesora de gestión riesgo, desastres y respuesta humanitaria de Plan El Salvador, que también se involucró en el informe junto con Cristosal y programa Educo.

Pérez explicó que el 44 % de las víctimas son niños, jóvenes, mujeres y ancianos, y una marcada afectación de la población LGTBI.

Los desplazamientos forzados provocan desintegración familiar y deserción escolar. Este último ha incrementado en un 17 % anual. “La deserción no solo se da por situaciones complejas dentro del centro escolar como trata o manejo de violencia de otros tipos, sino también por el camino que toman los escolares donde existen riesgos y peligros de violencia”, añadió Pérez.

“En su mayoría emigran con sus familias, aunque en algunos casos lo han hecho por separado; sus padres han viajado antes”, ahondó.

¿Quiénes influyen para que los salvadoreños dejen sus hogares? En un 96 % las pandillas, que algunos casos han causado homicidios, extorsiones, amenazas y acoso juvenil, explicó Pérez. Desde 2016, en que se dio el mayor detonante de las migraciones obligatorias, la tasa de crecimiento del fenómeno crece de un 15 % a un 25 % anual, y que hoy es más evidente por las caravanas.

Frente a las cifras cada vez en aumento, las organizaciones que trabajan y atienden a las víctimas demandan de las nuevas autoridades el reconocimiento de esta situación y que trascienda de verlo como una situación punitiva relacionado a la inseguridad. Además les piden que se haga efectiva la sentencia 411 de la Sala de lo Constitucional que manda a impulsar políticas de seguridad pública que frene ese flagelo.

A la presentación del informe acudió el vicepresidente del país, Félix Ulloa, quien dijo que el actual gobierno sí reconoce este problema y que van a enfrentarlo.

En 2018, solo Plan Internacional dice haber atendido a más de 5,000 personas por violencia generalizada; Cristosal, por su parte, reporta a más de 2,000 casos atendidos.

Estos son solo algunas víctimas porque hay una cifra de migrantes que no tienen tiempo a denunciar.

Pérez dijo que han presentado a la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley para regular y resolver el desplazamiento forzado pero a la fecha no hay avance, por lo que piden se revisen y se dé una respuesta integral a las víctimas.

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