“Lo que El Salvador no reconoce” fue el título del informe de las organizaciones sociales sobre los 1,575 personas (483 casos) obligadas a dejar su residencia en los últimos dos años, tan solo porque pandilleros llegaron a amedrentarlos de que si no se iban serían asesinados.
Según la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por la Violencia, los principales causantes de que las familias salvadoreñas dejen sus hogares en los que varios han nacido, ha sido la amenaza recibidas de pandillas, seguidos del intento de homicidio, violencia sexual, abuso de las autoridades, violaciones y otros.
De acuerdo con esa mesa, que la integran más de 11 organizaciones sociales que velan por los derechos humanos, el incremento del éxodo de familias en las diversas colonias de San Salvador y de las principales cabeceras del país es del 200 %.
Berta Guevara, encargada de comunicaciones de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado por la Violencia afirmó que en 2017 se registró 568 personas que debieron dejar sus hogares y con ello sus fuentes de empleo, la escuela de sus hijos, los centros donde llevan el control de la salud y todas sus raíces. Las víctimas han recibo apoyo en alimentación, asesoría legal y atención psicológica por el daño que les causó un intento de homicidio, una amenaza de muerte o una violación por parte de un miembro de su familia.
En 2018, la cifra de casos aumentó a 1,048 personas, distribuidos en 368 casos, quienes recibieron atención de la organización para sobrevivir con este dolor.
La Mesa, conformada por varias organizaciones pro derechos humanos como Idhuca, Save the Children y Fespad, explicaron ayer cómo los casos registrados en los últimos años evidencian la vulneración de derechos y las necesidades que sufren los salvadoreños que son obligados a dejar su casa.
La ONG pide al gobierno de turno que cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de reconocer el desplazamiento forzado y manda a las instituciones a responder de forma integral a las víctimas.
En ese sentido, la Mesa demanda de los diputados y del gobierno, la creación de una ley que establezca los mecanismos de atención de víctimas, al tiempo que se coordine los mecanismos que frenen las migraciones forzosas. “Que abra espacios de diálogo y colaboración conjunta entre las instituciones y los organismos sociales para brindar la mejor atención y protección a las víctimas”, pidió Berta Guevara.