El presidente Nayib Bukele hizo 29 observaciones a la recién aprobada “Ley General de los Deportes de El Salvador”. El mandatario alega como una de las principales que la Asamblea no tomó en cuenta al Instituto Nacional de los Deportes (INDES), en el diseño de la normativa.
“El aludido decreto legislativo 491, pretende entre otros aspectos, regular la forma, estructura y funcionamiento del Instituto Nacional de los Deportes (en adelante INDES) como ente rector del Deporte; sin embargo, siendo este el principal involucrado, no fue tomado en cuenta ni consultado previamente sobre todos los aspectos regulados en dicho decreto. Se sugiere que dicho decreto sea reconsiderado por ese Órgano de Estado, tomando en cuenta al principal rector del deporte a nivel nacional”, reza la “observación preliminar” de 29 rectificaciones que el Ejecutivo hizo a la Asamblea.
La ley fue aprobada por los diputados el 28 de noviembre del año pasado y pocos días después, el 17 de diciembre, el Ejecutivo envió a los parlamentarios las observaciones al decreto legislativo.
Al respecto, el diputado Josué Godoy de ARENA, explicó que este viernes comenzarán a estudiarlas en la comisión de Juventud y Deporte, ya que este día la Asamblea reanuda labores. Y si bien dijo que comparte algunas de las observaciones, cuestionó que el gobierno quiere “darle mucho control al INDES”.
“Algunas de ellas parecen válidas, porque son de forma, sin embargo, creemos que de alguna manera se quiere dar mucho control al INDES y nosotros hemos sido claros que si bien ellos dirigen la ley y la política deportiva, pero de alguna manera se tiene que dar siempre participación e independencia a las Federaciones, que son quienes le dan vida al deporte”, afirmó.
Entre las rectificaciones que Bukele pide hacer a la ley también está algunas relativas a la sanción que se impone por medio del artículo 5 en lo relativo a la Política Deportiva del Estado, en cuanto al “establecimiento de medidas preventivas, correctivas y sancionadoras de actos violentos y antideportivos”.
“Al respecto, es procedente señalar que tal como se encuentra redactado con la inclusión de medidas ‘sancionadoras’ (incluyendo aquellas de naturaleza deportiva) se abre la posibilidad para que un instrumento de rango inferior a una ley -como lo es la Política Deportiva- pueda regular y establecer sanciones, lo cual es contrario al principio de legalidad, por cuanto toda infracción y sanción debe estar prevista y regulada en una norma legal”, dice la observación que pide eliminar la palabra sanción.
Sobre lo anterior, Godoy explicó que se contempla la creación de un Tribunal de Disciplina y Ética Deportiva, sin embargo, subrayó que aunque les sorprendió las observaciones del mandatario están dispuestos a llamar al presidente del INDES, Yamil Bukele, “para analizar las propuestas, pero siempre se tiene que regular la independencia de las Federaciones”, apuntó.
Eduardo Palomo, presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), manifestó que han recibido muy bien las observaciones del Ejecutivo, aunque no han profundizado todavía en ellas, consideró que las analizarán e intentarán de incorporar otras que la ley no contempló. “Creemos que es muy importante que el Presidente (Bukele) tome interés”, aseveró Palomo.
Rafael Arévalo, director del sector gobierno del INDES explicó que, de no hacer las rectificaciones que pide Bukele, la ley sería “contraproducente para el desarrollo del mismo deporte y entorpecería algunas funciones rutinarias en el deporte”.
El gobierno pide más representación en la integración del comité directivo
La ley dice que son 3 miembros en representación del Estado así: el presidente del INDES y su suplente; 2 integrantes propietarios y suplentes nombrados por el titular del INDES; 3 representantes de las federaciones y sus suplentes y un miembro por parte de las asociaciones deportivas.
Bukele rechaza las incompatibilidades para ser miembros del comité directivo
Según la ley, no podrán ser parte del Comité “empleados, administradores, asesores del INDES o cualquier otra persona que aún ad honorem tengan un vínculo de mando o decisión en el organigrama institucional del INDES”. El Ejecutivo alega que no hay “conflicto de intereses”.