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Asamblea oficialista disuelve entidades, programas y fondos que se destinaban a los municipios

El primer golpe a la autonomía de las municipalidades fue la disolución del ISDEM y del FISDL que llevó aparejado la derogación del FODES.

Por Eugenia Velásquez | Ago 27, 2022- 21:48

La disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) ha sido cuestionada por varios sectores económicos y sociales en el país. Foto EDH / Archivo

A la fecha, cuatro instituciones, dos programas sociales y una partida presupuestaria destinadas al desarrollo de los gobiernos locales han desaparecido a petición del presidente Nayib Bukele. Las iniciativas fueron aprobadas sin ningún reparo de parte de los diputados del oficialismo.

El primer golpe a la autonomía de las municipalidades fue la disolución del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) que llevó aparejado la derogación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

Desde entonces, se ha venido una escalada por parte del gobierno de hacer desaparecer todo vestigio relacionado con el trabajo municipal y centralizarlo en manos del Ejecutivo con instituciones recién creadas a las que se les ha entregado el manejo de millones de recursos públicos que antes eran para que las alcaldías ejecutaran obras y llevaran programas sociales a sus localidades.

En noviembre de 2021, los diputados del oficialismo y sus aliados dieron el tiro de gracia a la autonomía de las alcaldías tras avalar la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), tras meses de que el Ministerio de Hacienda les había retrasado el pago del FODES.

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“Estamos dando un retroceso claro a la descentralización. Están hablando de transparencia, no es de esa manera como se debe de trabajar para el desarrollo municipal. La Dirección de Obras Municipales no va a estar obligada a respetar la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública). ¿Dónde está la transparencia? Habría que indagar cuál es la finalidad de esto. ¿Será que se quiere eliminar a la figura del alcalde?”, cuestionó en ese entonces la diputada Rosa Romero, de ARENA.

La DOM fue creada para sustituir al FISDL, una institución que desapareció para convertirse en el Ministerio de Desarrollo Local, cuyo trabajo es poco conocido al menos públicamente.

Mientras que el ISDEM fue derogado y sus funciones trasladadas al Ministerio de Hacienda. El ISDEM era la institución encargada de hacer llegar a las comunas el FODES, distribuido a través de varios criterios, entre ellos, población, territorio, y niveles de pobreza.

A casi un año de su derogación, el gobierno admitió hace poco que las alcaldías no pueden salir solas con las demandas de sus habitantes, con el 1.5% a lo que se redujo la asignación de fondos que Hacienda les remite. Anteriormente era el 10% de los ingresos corrientes del Estado.

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La DOM no solo administra casi $500 millones de recursos públicos para proyectos de infraestructura de las 262 alcaldías del país, también es quien decide qué obras se realizan y cuáles no.

El alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, del PCN, cuestionó que los dejaron en un puesto de “pasa papeles”. A 10 meses del funcionamiento de la DOM, los alcaldes ahora se quejan que esa institución se ha dedicado únicamente a reparar calles y los trabajos no se realizan de manera equitativa.

El Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), se cuenta entre las instituciones que han sido eliminadas del mapa. Esta entidad ahora es el ente rector de la nueva Ley General de Recursos Hídricos aprobada por la actual Asamblea en 2021.

Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), advirtió en su momento que la intención real del gobierno es inyectarle fondos de la cooperación externa que recibía el FONAES a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que fue en lo que se convirtió.

El FONAES anteriormente trabajaba también con muchos proyectos locales, relacionados con el recurso hídrico, con las comunidades rurales que en su mayoría no tienen acceso al agua potable. En estos casos son Juntas de Agua las que abastecen a sus poblaciones.

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Organizaciones ambientalistas han puesto el dedo en el renglón advirtiendo que los cánones que ahora les impondrán por el uso del bien natural pondrá en riesgo su funcionamiento y es una señal de que el agua será privatizada.

“Es una ley que, como las demás, marca un esquema de injusticia porque tiene un enfoque de regresividad, es decir, los pobres pagan las cuentas. El Estado debería estar pensando en cómo las va a subsidiar (a las juntas de agua), no como les va a cobrar”, afirmó Carlos Flores, del Foro del Agua, días después de aprobada la ley.

No solo fondos e instituciones vinculadas directamente con el desarrollo local fueron trastocadas, también el gobierno ordenó a sus diputados disolver a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), una institución encargada de llevar la medición de pobreza, crecimiento económico, de acceso a los servicios básicos de la población y a vivienda en El Salvador. El Banco Central de Reserva asumirá sus funciones.

“Al centralizarla en otra instancia que tiene otras facultades podrían desaparecer y ya no existir indicadores que son fundamentales, no solo para la formulación de políticas públicas, sino también para la medición y evaluación de los gobiernos, para saber si está trabajando, también es una forma de quitar esos datos para que nadie diga nada sobre el trabajo que está realizando este gobierno”, cuestionó la diputada Anabel Belloso.

Anteriormente, este gobierno ya había hecho desaparecer programas sociales como el de la pensión básica universal de $50 mensuales para adultos mayores que no cuentan con beneficios económicos para su vejez.

Y recientemente, fue anulado el programa “Ciudad Mujer” que tiene que ver con el apoyo a féminas en situaciones vulnerables. Este pasó a ser parte del trabajo institucional del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

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