El número de víctimas localizadas en cementerios o fosas clandestinas se duplicó en 2021 respecto al año 2020, según datos publicados en el portal de transparencia de la Fiscalía General de la República. El año antepasado, año marcado por el inicio de la pandemia, el número de víctimas localizadas fue de 33, distribuidas en 11 fosas y cuatro cementerios clandestinos.
Para el año 2021, la cifra de víctimas fue de 66, sus restos fueron encontrados en 20 fosas y dos cementerios clandestinos. Eso implica que el número de hallazgos fue el doble al comparar ambos períodos de tiempo. Los datos también dan cuenta de que, en 2019, el número de víctimas localizadas en cementerios y fosas clandestinas fue de 54.
Sumados a las cinco víctimas localizadas hasta febrero de 2022, el total de hallazgos entre enero de 2019 y febrero de 2022 es de 158. Estos datos sólo incluyen los casos que han sido judicializados y los que no tienen reserva judicial. El total de fosas clandestinas, en donde se hizo el hallazgo de esas víctimas, es de 51. A eso se suman los 13 cementerios clandestinos localizados en el mismo lapso.
el cementerio clandestino de Chalchuapa. Foto EDH / Archivo
La relación entre el período de tiempo y los hallazgos, da cuenta que se localizó una víctima cada siete días, desde 2019 y un cementerio o fosa clandestina cada 18 días. En 2019, fueron encontradas 15 fosas clandestinas, de las cuales tres estaban en el municipio de Soyapango. En 2020, año en que los salvadoreños pasaron varios meses en cuarentena por la pandemia de covid-19, se reportaron 11 hallazgos.
En 2021, se encontraron 20 fosas clandestinas a nivel nacional: cuatro en el municipio de Chalchuapa, tres en Zaragoza y dos en Antiguo Cuscatlán. Este último municipio es donde está localizada la finca Suiza, en donde fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Guerrero Toledo y Jimena Ramírez, tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos.
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Consecuencias del incremento de hallazgos
Para Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas para la Prevención de Violencia Juvenil y Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco, el incremento en el número de hallazgos de víctimas sepultadas en cementerios clandestinos entre 2019 y 2021 responde a diferentes factores que, incluso, podrían estar relacionados con disputas internas dentro de las pandillas.
Torres, quien tiene un Master en Políticas Públicas en Cultura de Paz, analiza que hubo un abuso, de parte de estos grupos delincuenciales, por utilizar esta estrategia de ocultamiento y no descarta que la práctica esté vinculada con la intención de reflejar una perceptible disminución en el número de víctimas de homicidios, delito que en el pasado se convirtió en el principal problema de Seguridad Pública, debido a los elevados índices de casos registrados.
“Un cementerio clandestino es un lugar donde las pandillas entierran o desaparecen a sus víctimas de homicidio cuando no tienen la intención de utilizarlo para generar conmoción social”, explica Torres y considera que a esa realidad se suma un descuido, de parte de las autoridades de seguridad pública, de las zonas que ya se tenían identificadas como sitios utilizados por las pandillas para estos propósitos.
Esto conlleva a que esos territorios sean utilizados nuevamente, se ubiquen en zonas conexas o exista facilidad para recaer en la práctica. Uno de los casos que encaja en este contexto es el cementerio clandestino ubicado en la finca Suiza, del municipio de Nuevo Cuscatlán. En el lugar se ha encontrado más de una fosa clandestina.
Foto EDH/ Jessica Orellana
La desaparición de varias personas en Santa Tecla y el hallazgo de sus cuerpos en el mismo cementerio clandestino dejan en evidencia las consecuencias que el mal manejo de este problema tiene para el proyecto de seguridad territorial del gobierno del presidente Bukele. Torres identifica al menos dos consecuencias directas.
La primera se relaciona con la percepción de ineficacia que tiene el proyecto insignia en Seguridad Pública del gobierno de Bukele y la poca efectividad que ese plan muestre. Según la más reciente encuesta publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la percepción de que el Plan Control Territorial ha recuperado en “poco o nada” los lugares controlados por las pandillas, ha pasado de un 31.6 % en 2019 a un 30 % en 2020, para llegar al 42.4 % en 2021.
La segunda consecuencia que identifica Juan Carlos Torres es la evidencia de incapacidad de intervención. “No les conviene sacar tanta gente muerta y registrar el homicidio en las estadísticas y no tienen la capacidad forense de investigación para dar con los responsables”, determina el experto.
Por último, Torres considera que el gobierno está cosechando inconformidad. En un primer momento, esta proviene de las familias afectadas, que ven ineficiencia en las políticas y estrategias de combate a la delincuencia y, además, lo viven de primera mano. A medida que los casos se vuelven públicos, esa indignación recorre y se esparce en toda la sociedad.
“Puntualmente el gobierno debe de reactivar, pero de forma eficaz la oficina de atención a las víctimas”, opina Torres, quien considera que la popularidad con que cuenta actualmente el gobierno debería ser una herramienta utilizada en una mesa de diálogo con las familias de las víctimas para encontrar una solución puntual a este fenómeno.
“El gobierno fácilmente puede pedir apoyo a las universidades que tienen (carreras de) psicología y psiquiatría para buscar la recuperación de la salud mental de las familias dolidas y junto a este proceso procurar un plan económico de sostenibilidad familiar”. Torres opina que no habrá proceso de reparación y prevención sin escuchar a las familias de quienes fueron víctimas de esta ola de violencia y la estrategia de ocultamiento.