El trasiego de gas en los negocios que venden los tambos al consumidor final es un problema viejo; incluso hay al menos tres denuncias por esa situación en la Dirección de Hidrocarburos y Minas, dependencia del Ministerio de Economía; y una en la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy.
El tema ha tomado importancia luego de la tragedia en Mejicanos por la explosión en un centro de distribución de gas, el pasado 12 de julio, que causó cuatro muertes y cerca de 30 heridos. La inspección que efectuó el Cuerpo de Bomberos determinó, de forma preliminar, que en ese momento trasegaban gas propano.
Seis meses antes de la tragedia, el 27 de noviembre de 2018, la empresa Tropigas denunció vía correo electrónico ante la Dirección de Hidrocarburos y Minas, que tres centros de distribución del oriente del país trasegaban gas.
Entre las atribuciones de esa dependencia está la inspección de esos lugares.
Los negocios denunciados por Tropigas están situados en la Residencial San Francisco y la colonia 15 de Septiembre, de la ciudad de San Miguel; además de otro local en el Barrio El Calvario, de Usulután.
En un correo electrónico, el director general de Tropigas expone a una persona de esa cartera de Estado que “la situación está afectando considerablemente las zonas aledañas en precios y en la cantidad de gas licuado de petróleo, ya que los cilindros trasegados llevan 10 libras menos en promedio”, dice la nota electrónica.
En el mismo correo se expone que en los tres centros de distribución se dan a la tarea de colocar sellos termoencogibles, los cuales son diferentes a los que utilizan las empresas formales de envasado; debido a ello pidieron que la dirección coordine acciones con la Fiscalía General de la República o la Policía Nacional Civil.
La comunicación por la vía electrónica no tuvo resultados, de acuerdo con personas ligadas a la empresa distribuidora.
El 15 de marzo de 2019, el apoderado de Tropigas puso la denuncia formal ante la Dirección de Hidrocarburos y Minas contra un distribuidor de gas, ubicado en el Barrio El Calvario de Usulután, y solicitó que la dependencia del Ministerio de Economía ordenara como medida provisional que el denunciado se abstuviera hacer uso de la marca Tropigas, del uso de sellos, cilindros, válvulas y todo lo relacionado a la marca comercial.
Ante lo solicitado por la empresa, la Dirección de Hidrocarburos y Minas inspeccionó el negocio de Usulután. El local aún vende gas propano, de acuerdo con periodistas que visitaron el lugar la semana pasada en busca del propietario, pero no lograron contactarlo.
La Dirección de Hidrocarburos y Minas realizó una inspección a ese local el 25 de abril de este año y comprobó que dos cilindros de 25 libras, tomados al azar, no tenían el peso exacto. Para pesarlo se utilizó una báscula del Ministerio de Economía con certificado de calibración, de acuerdo con los documentos que la dependencia gubernamental entregó a involucrados en el caso.
El 29 de abril (cuatro días después), la Dirección de Hidrocarburos le respondió al apoderado legal de Tropigas lo siguiente: “Hay indicios que en las instalaciones se realiza en envasado no autorizado de GLP, ya que se observó que un cilindro de la marca Tropigas no tenía colocado sobre la válvula el sello termoencogible, además se encontró una bolsa plástica que se utiliza como sello para los cilindros”.
El trasiego lo realizan de forma artesanal, lo cual es altamente riesgoso.
La empresa Tropigas aseguró, a través de sus canales oficiales, que las actividades de trasiego en ese centro de distribución continuaron.
Debido a eso, el 23 de mayo de este año, el apoderado legal de la compañía pidió nuevamente a la Dirección de Hidrocarburos y Minas que le retire el permiso de operación al propietario de ese negocio.
Similares denuncias fueron realizadas el 11 de junio contra la persona propietaria de un centro de distribución ubicados en la Residencial San Francisco; y contra el propietario de otro local en la colonia 15 de Septiembre, ambos en San Miguel.
El primer negocio tiene sus zonas de reparto en La Unión, San Miguel y Santa Rosa de Lima. El segundo en San Miguel, La Unión y Morazán.
Debido a que las denuncias contra los propietarios de los negocios están sin prosperar en la Dirección de Hidrocarburos y Minas, la empresa decidió demandar al propietario que distribuye en Usulután ante la Fiscalía General de la República el pasado 14 de junio.
La empresa le pide a la Fiscalía acusarlo del delito de uso de pesas o medidas alteradas y detención provisional.
El Diario de Hoy consultó con la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público para saber cómo van las investigaciones e informaron que los casos están abiertos y que están haciendo diligencias.
También se solicitó entrevista a la Dirección de Hidrocarburos y Minas pero al cierre de este artículo aún no respondían.