Los señalamientos sobre la responsabilidad de la explosión, el pasado 12 de julio, en un punto de distribución de gas en Mejicanos, la cual dejó tres muertos en un lugar y varios heridos de gravedad , apuntan a la falta de verificación que tuvo que hacer la Dirección de Hidrocarburos y Minas, una dependencia del Ministerio de Economía (Minec).
El sábado pasado, la Fiscalía informó de la muerte del propietario de la venta, quien estuvo ingresado, en estado critico, en el Hospital Rosales desde el día de la explosión. Aún hay dos personas más hospitalizadas en estado delicado.
La adulta mayor junto a su esposo tienen ya más de 60 años de vivir en la colonia San Antonio, de Mejicanos, en la casa que está contiguo a la vivienda donde sucedió la explosión.
Para los legisladores la falta de verificación por parte de Hidrocarburos y Minas permite que algunos centros de distribución trasieguen gas, sin importar los riesgos a lo que se exponen quienes lo hacen, y poniendo en peligro a la población.
La tragedia en la colonia San Antonio, de Mejicanos, ha movido a diputados de diversas fracciones a presentar reformas a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, para evitar que se repitan situaciones como la anterior.
Esta normativa contempla en el artículo 12, por ejemplo, los requisitos y documentos que se deben presentar para instalar una planta (en este caso de gas licuado de petróleo); pero los diputados dicen que ese cumplimiento es para los grandes distribuidores, no así para los pequeños negocios repartidos y tiendas.
De acuerdo a la diputada del partido ARENA, Karla Hernández, con la tragedia, lo que ha quedado en evidencia es que las empresas (envasadoras) están bastante y bien reguladas, “pero los negocios que se dedican a la distribución no lo están, que son los de mayoreo y al detalle”, aseguró.
Hernández dice que la explosión en Mejicanos, también tuvo que ver la Defensoría del Consumidor porque ahí se estaba cometiendo un acto de trasiego que se convierte en un fraude para consumidor.
Es el momento, agregó, que las autoridades tengan normado a quién le corresponde cada función.
Según la legisladora, en la ley hay disposiciones para los distribuidores al mayoreo, quienes son los que se proveen de las empresas con plantas envasadoras; pero los pequeños, dice, a los mejor le compran al que trasiega y ponen en riesgo a la población.
Esos casos de trasiego, así como la tragedia el pasado 12 de julio, se dio por la falta de supervisión de la Dirección Hidrocarburos y Minas. Expuso que no es difícil por parte de la Dirección de Hidrocarburos ubicar los lugares que trasiegan gas, debido a que las empresas distribuyen a mayoristas y estos últimos tienen un registro de a qué ventas en pequeño lo comercializan.
Francisco Zablan, diputado por el partido GANA, coincide con Hernández, en el sentido que los distribuidores minoristas no han sido supervisados o no cumplen las medidas de seguridad.
Para el director general de Tropigas, Marco Martínez, el problema se ha vuelto muy serio porque en la ley no existe legislación que regule a los pequeños distribuidores y eso hace que se generen prácticas como el trasiego de gas. “No hay una legislación que provenga de la Dirección de Hidrocarburos y Minas en cuanto a permitir autorizar los puntos de venta ni las medidas de seguridad”, expresó el ejecutivo de la compañía.